El fantasma de las 80 viviendas

Luego de más de dos años, la plata se terminó, el famoso barrio aún está en veremos y los ranchos siguen creciendo.
Los antecedentes
Todo comienza el 24 de Junio de 2009, cuando se firma un Convenio Marco entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y el Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos.
Este Convenio Marco tiene por objetivo el desarrollo del Programa de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales en la Provincia con recursos de la Nación.
De acuerdo a lo acordado, los recursos serán para la construcción del total de la vivienda, aunque admite un financiamiento complementario de la Provincia para terrenos e infraestructura.
En este sentido, el Convenio Marco establece que los proyectos deben respetar los parámetros establecidos por tipología, utilizar mano de obra tradicional, el plazo de ejecución no debe exceder los 10 meses, y cada proyecto debe estar respaldado por un convenio Nación-Provincia.
Dicho Convenio Marco fue aprobado por el Ejecutivo provincial con el Decreto 3977 el 19 de octubre de 2009.
Al encontrarse la demanda rural de la provincia en territorios bajo Juntas de Gobierno, las cuales carecen de infraestructura administrativa o ejecutiva, el 26 de febrero de 2010, por el Decreto 242, se lo rectificó agregándosele la figura de Consorcio de Gestión, autorizando su conformación para la administración de los recursos y ejecución de los proyectos, y considerando las Caritas provinciales como referentes sociales que avalen el correcto alcance del programa.
Para acompañar las viviendas
Tres años después, el 17 de enero de 2013, por la Ley 10197, se creó el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos, PRODISER, para la adquisición de terrenos y la realización de obras de infraestructura, creándose el Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos, FISER.
En el PRODISER y el FISER ya no se habla de población indígena y rural, sino de población vulnerable, de escasos recursos y carentes de vivienda digna, mientras que concibe los Consorcios de Gestión integrados por entes públicos, los beneficiarios, y las cooperativas de trabajo.
Gualeguay ve la oportunidad
El 27 de junio de 2013, con la Ordenanza 2695, la Municipalidad se adhirió al PRODISER y dispuso la realización de un censo para determinar quiénes serán beneficiados por el programa.
En la misma Ordenanza, también autorizó al DEM a construir las viviendas y las obras complementarias del PRODISER, pero a través de un Consorcio de Gestión, creado especialmente, que tendrá a cargo la contratación de la mano de obra, la compra de materiales, la dirección de obra y demás actos que sean menester para la concreción del proyecto, y al cual el DEM girará los recursos que reciba.
De este modo, el 1 de agosto de 2013, se firma entre Ministerio de Planificación Federal de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos y la Municipalidad de Gualeguay un convenio específico del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales para 80 viviendas nuevas en Gualeguay.
Según este convenio, los destinatarios de la obra serían Pobladores de Pueblos Originarios y Rurales, la Nación aportará el costo de los materiales, la mano de obra y los gastos, la Municipalidad se hará cargo de las obras complementarias, y la Provincia será responsable de controlar el cumplimiento.
De acuerdo al convenio, el costo del proyecto era de casi 25 millones, los cuales la Nación giraría a la Municipalidad a una cuenta en el Banco Nación en cuatro tramos contra certificación de obra, con un plazo de finalización del proyecto de seis meses.
Por su parte, la Municipalidad debería crear la Unidad Ejecutora Municipal para, a través de ella, garantizar que al momento de la entrega la obra cuente con todos los servicios. El DEM lo aprueba el 12 de agosto de 2013, por el Decreto 827.
Nace una gestión paralela
Si bien en ninguna parte de dicho convenio se estipula la participación de ningún Consorcio de Gestión, el 16 de octubre de 2013, dos meses después, por el Decreto 1075, el DEM impone la utilización de un Consocio de Gestión como administrador y ejecutor del proyecto de las 80 viviendas y, al día siguiente, el 17 de Octubre de 2013, lo conforman integrándolo con Paola Rubattino, Jorge Arias, Gustavo Briosso, Silvina Carraud, Yamina Joannas, todos funcionarios políticos de la Gestión Erro, con domicilio en el propio municipio, y abre una cuenta en el Banco Nación para recibir los fondos.
Al mes siguiente, el 15 de noviembre de 2013, por el Decreto 1190 se aprueba la conformación del Consorcio de Gestión y, el 26 de noviembre de 2013, por el Decreto 1222, se lo rectifica sumando al mismo a Roberto Pianovi, por Vialidad Provincial, y a Adriana Noelia Zapata, como destinataria de vivienda, pero con domicilio en la propia Municipalidad.
Finalmente, el  20 de diciembre de 2013, se firma un convenio entre la Municipalidad y el Consorcio de Gestión por el cual el municipio le transferirá los recursos que reciba y el consorcio los administrará para construir el barrio, y, el mismo día, por el Decreto 1314, se lo aprobó.
Más dos años pasaron
Exactamente un mes después de haber perdido las elecciones, el 25 de noviembre de 2015, por la Ordenanza 2780, se autorizó al DEM la adjudicación de las 80 viviendas, las cuales aún estaban sin terminar y los materiales adquiridos habían desaparecido.
Hoy, algunas de esas familias adjudicatarias tomaron posesión precaria de su vivienda, pero muchas aún esperan poder habitarlas.
Un resumen
En 2009, la Nación creó un programa para Pueblos Aborígenes y Rurales, firmó un convenio con la Provincia de Entre Ríos, y ésta ideó los Consorcios de Gestión para que lleguen a los territorios rurales, en manos de las Juntas de Gobierno.
Tres años más tarde, la Provincia creó el PRODISER y el FISER para llegar con terrenos e infraestructura a las poblaciones más vulnerables.
Con estos antecedentes, la Municipalidad, en una misma ordenanza, se adhirió al PRODISER y se autorizó a crear un Consorcio de Gestión para realizar la construcción de viviendas, y, al mes, firmó un convenio con la Nación y la Provincia por el cual la Nación le aportó a la Municipalidad casi 25 millones para la construcción de 80 viviendas para Pueblos Aborígenes y Rurales en la ciudad de Gualeguay.
Si bien en este convenio no participó ningún Consorcio de Gestión, a los dos meses, la Municipalidad impuso por decreto la participación de un Consorcio de Gestión con Paola Rubattino a la cabeza y conformado con puros funcionarios políticos propios para que administre y lleve adelante la obra.
Desde aquel entonces, pasaron más de dos años, la Nación mandó los casi 25 millones, pero las 80 viviendas nunca se terminaron y no hay miras de que se terminen.
Inquietudes
Quienes conocen las intimidades de este barrio se preguntan: ¿Qué pasó? ¿La recibió la Municipalidad? ¿Se la dieron al Consorcio de Gestión? ¿Por qué no se terminaron las viviendas? ¿Qué pasó con el dinero? ¿No es este un claro ejemplo de gobierno paralelo para la licuación de dineros públicos? ¿No debería intervenir la Justicia? ¿No debería la Fiscalía actuar de oficio?
Documentación
Decreto Provincial N° 3977/2009
Decreto Provincial N° 242/2009
Ley Provincial N° 10.197
Ordenanza Municipal N° 2695/2013
Convenio Nación-Provincia-Municipalidad 01/08/2013
Decreto Municipal N° 827/2013
Decreto Municipal N° 1075/2013
Acta de Conformación Consorcio de Gestión 17/10/2013
Decreto Municipal N° 1190/2013
Decreto Municipal N° 1222/2013
Acta de Convenio Municipalidad-Consorcio de Gestión 20/12/2013
Decreto Municipal N° 1314/2013
Norman Robson para Gualeguay21