Denunciaron irregularidades en el barrio 80 viviendas

En la mañana del pasado jueves 3 de marzo, el director de Gualeguay21 se presentó ante el fiscal de turno, el Dr. Agustín Gianini, junto con toda la documental recabada, y expuso la denuncia de las mencionadas irregularidades.
De este modo, quedó abierto un expediente “Norman Robson s/Denuncia” donde el denunciante manifestó sus observaciones al cabo de la recopilación de convenios, ordenanzas y decretos dispuestos desde la Municipalidad de Gualeguay a tal efecto, y de la consideración de las leyes y programas nacionales y provinciales con los cuales se fundamentaron.
De acuerdo a lo denunciado por Robson, todo lo actuado en este caso por parte de la Municipalidad, del Concejo Deliberante y del Consorcio de Gestión, desde agosto del 2013 hasta noviembre del 2015, tanto en la celebración de convenios y promulgación de ordenanzas y decretos, como en el manejo de los fondos y su aplicación a la obra en cuestión, ameritan la inmediata investigación de la Justicia.
En este sentido, a continuación se detallan los hechos y observaciones salientes del caso, y las correspondientes irregularidades que llaman a sospechar, según el propio Robson, que no se procedió dentro del marco que establece la ley.
Hechos y observaciones
De acuerdo a los documentos recopilados a lo largo de la investigación de Gualeguay21 se resume lo actuado a los siguientes hechos y observaciones:
Hecho 1. La Nación genera un Programa de viviendas para pobladores aborígenes y rurales, el cual la Provincia adopta en 2009, y crea la figura de Consorcio de Gestión para que pueda implementarse por las Juntas de Gobierno en el interior rural de la provincia.
Hecho 2. Tres años después, la Provincia crea, con la Ley 10197, el PRODISER y el FISER para atender la demanda de la población vulnerable, y, a la vez, incorpora la figura de los Consorcios de Gestión como medio de desarrollo para las Juntas de Gobierno.
Observación 1: Ni en el programa de la Nación ni en el de la Provincia se imponen los consocios de gestión como obligatorios, sino como recomendables para las Juntas de Gobierno.
Hecho 3. En 2013, la Municipalidad firma un convenio con la Nación y la Provincia para la construcción de las 80 viviendas por casi 25 millones en 6 meses, en la cual la Nación aporta el dinero, la Provincia el control, y la Municipalidad la administración y ejecución del proyecto.
Observación 2: En ningún lugar del convenio firmado con la Nación y la Provincia se menciona la participación de ningún Consorcio de Gestión.
Hecho 4. La Municipalidad, casi de inmediato, crea un Consorcio de Gestión, integrado por funcionarios de su riñón, para construir las 80 viviendas convenidas con la Nación y la Provincia.
Observación 3: El Consorcio de Gestión no tiene personería jurídica, y carece de obligaciones jurídicas de cualquier tipo en cuanto al manejo de los fondos.
Hecho 5. Luego de abrir una cuenta en el Banco Nación, la Municipalidad recibió, en cuatro tramos, los casi 25 millones de pesos, los cuales, de alguna forma, entregó al Consorcio de Gestión.
Observación 4: En la Municipalidad no existen registros contables que reflejen estos movimientos.
Hecho 6. El Consorcio de Gestión dispuso libremente del dinero para llevar adelante la obra.
Hecho 7. A fines de 2015, consumado el acto electoral, sin terminar la obra, los concejales oficialistas, en las últimas sesiones de su cargo, imponen por mayoría la entrega de las viviendas.
Hecho 8. Con la Administración Bogdan al frente de la Municipalidad, el Consorcio de Gestión logra que esa Administración le baje la conexión eléctrica por 600 mil pesos y le pide que le reintegre otro tanto que ya gastó por conexiones de agua y cloacas.
Observación 5: Dentro de los casi 25 millones de pesos estaban incluidas las obras de infraestructura complementarias de ripio, cordón cuneta, electricidad, agua y cloacas.
Sospechosas irregularidades
De acuerdo a los hechos y observaciones expuestas, y luego de realizar una inspección visual al barrio, se detectan las siguientes irregularidades:
1. La interposición de un Consorcio de Gestión fue absolutamente innecesaria, pues la Municipalidad puede realizar esa obra, tal como siempre lo ha hecho.
2. La interposición de un Consorcio de Gestión fue totalmente arbitraria, pues no contó con la anuencia expresa de la Nación y de la Provincia en el acuerdo firmado.
3. Pasaron más de dos años y, a pesar del incumplimiento de los plazos acordados, la Provincia, responsable de controlar, nunca reaccionó.
4. La obra, a pesar de completarse las remesas, aún hoy, no ha sido completada, ni las viviendas ni las obras complementarias, restando un cuarto de la misma.
5. La incorporación del Consorcio de Gestión, una entidad absolutamente irregular, sin personería jurídica, sin ningún control ni responsabilidades ejecutivas, en forma paralela al gobierno comunal para el manejo de montos millonarios en obra pública.
Conclusión
Como resultado de la cantidad y calidad de las irregularidades encontradas a simple vista en la administración de los recursos y la ejecución de la construcción de las 80 viviendas y sus obras complementarias, la cual estaba encuadrada en el marco del Programa de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales, Robson consideró pertinente denunciar todo ante la Justicia local.
Gualeguay21