De acuerdo a las estadísticas que se manejan en el Juzgado de Familia, a lo largo de los años 2013, 2014 y 2015, las denuncias crecieron un cien por ciento: de 20 mensuales a 40. Según los datos de los últimos meses, dos tercios de estas denuncias son calificadas como violencia de género.
Del mismo modo, los números que maneja la Fiscalía local hablan de que, a lo largo del 2015, las denuncias de violencia de género aumentaron de un promedio de 5 mensuales en el primer trimestre a 23 en el cuarto.
Por otro lado, convalidando todo esto, en la Comisaría de la Familia, en la Jefatura Departamental, los funcionarios coinciden en percibir, por lo menos, un 50 por ciento de aumento en el último año.
Con estos guarismos sobre la mesa, es indiscutible que la comunidad gualeya está frente a una preocupante escalada de violencia en el seno de sus familias.
A partir de este escenario, para abordar cualquier análisis es preciso tener en cuenta que los números expuestos solo reflejan una realidad parcial, pues, por referirse a denuncias, existen otros números para aquellos casos que no llegan a denunciarse y otros para aquellos denunciados pero invalidados por improcedentes.
Aquellos que no llegan a denunciarse y quedan escondidos o encubiertos son de muy difícil ponderación, pero, según las estadísticas de la Fiscalía, una de cada tres de las denuncias que se realizan terminan archivadas, lo cual para nada determina una ausencia de violencia, sino, muy por el contrario, la confirma, pues la falsa denuncia en sí misma refleja violencia.
Por lo tanto, para terminar de componer el problema en toda su magnitud solo quedaría imaginar cuál es el universo de casos de violencia que no llegan a la Policía o a la Justicia.
En este sentido, referentes sociales consultados estiman, según sus percepciones en el campo, que no mas del 50 por ciento del total de casos llegan a denunciarse, lo que establecería que los guarismos reales, por lo menos, duplicarían a los expuestos, desnudando un flagelo social casi tan grave como las adicciones o el delito común.
Ahora bien, a los efectos de evaluar acciones correctivas a la problemática expuesta es preciso determinar cuales serían los distintos orígenes de la violencia familiar.
En este sentido, s bien no hay datos de ningún tipo sobre los motivos que llevan a la violencia, el sentido común nos permite, a simple vista, sindicar algunos orígenes comunes: la infidelidad, el estrés por apremios económicos, hacinamiento o agotamiento laboral, la adicción al alcohol y/o a las drogas, y la inestabilidad emocional y/o sicológica. Cabe acordar que estos argumentos son los más comunes a la hora de disparar la violencia en el seno de una familia tipo de nuestra comunidad.
¿Cómo se corrige esto? ¿Son previsibles estos factores? ¿Pueden calificarse como factores de riesgo y detectarse de forma preventiva?
Según los profesionales que se desempeñan es este campo, los componentes más sensibles a estas situaciones siempre son los más chiquitos, quienes no pueden disimular el impacto de estos problemas en sus conductas personales.
Tal es así que, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el Estado no es paternalista, las escuelas primarias cuentan con protocolos específicos a desarrollar ante la detección de algunos problemas en los menores que podrían indicar conflictos de algún tipo en sus hogares.
De este modo, cuando un docente encuentra estos síntomas en uno de sus alumnos, inmediatamente confecciona un informe que, rápidamente, desemboca en la visita de una asistente social del Estado al hogar del niño, iniciando un proceso que solo termina con la resolución del conflicto.
Es así como en el primer mundo previenen y resuelven problemas sociales tales como el abuso y la violencia familiar, entre otros. En esas sociedades, el Estado mantiene una estricta presencia con estadísticas y monitoreo que le permiten observar y corregir su desarrollo social, evaluando y solucionando cada caso en particular sin importarle el género de los mayores involucrados.
Por lo tanto, en nuestra sociedad, a la hora de la prevención y atención de estos flagelos sociales sobran ejemplos a seguir y aplicar. Solo falta presupuesto, infraestructura operativa y políticas públicas.
Lamentablemente, gracias a la inmadurez política que profesamos, hoy estamos muy lejos de poder aplicar de forma responsable cualquier mecanismo preventivo y nos conformamos con improvisar ante la emergencia de la tragedia consumada, condenados a sufri estos tiempos violentos.
Norman Robson para Gualeguay21
