En esta causa, donde la principal sospechosa es la viceintendente Paola Rubattino, se está investigando el destino final de los 25 millones de pesos recibidos por el Municipio desde la Nación y desviados al consorcio fantasma creado para construir el no concluido barrio en cuestión.
En el marco de las investigaciones realizadas, se encontraron diferencias sustanciales entre la documentación presentada por el pretendido consorcio y lo realmente percibido por la prestación, lo cual derivó en sendos allanamientos.
De acuerdo a lo que pudo saber Gualeguay21, se trataría de una media docena de contratistas y más de veinte trabajadores independientes cuyas percepciones nada tendrían que ver con lo que obraba en su facturación presentada por el consorcio.
En este sentido, se pudo saber que estos nuevos allanamientos fueron realizados a la oficina y residencia del arquitecto del proyecto y en la vivienda de un contratista vinculado al mismo, quienes podrían tener que ver con la generación de esta facturación trucha.
Según lo trascendido, la gestión del monotributo de estos prestadores habría sido realizada para quedarse con el talonario y conformar la facturación que consideraran necesaria, a la vez que los cheques emitidos se hacían endosar por el destinatario, quien luego solo recibía solo una parte del dinero.
De confirmarse estos hechos, no solo se engrosaría la lista de cargos en el expediente sino que, también, se incrementaría el dinero faltante sin respaldo documental, agravando ambos aspectos la situación de los sospechosos.
Gualeguay21
