Esta Semana Santa no era necesario prohibir nada, ni esconder la gente en sus casas, solo había que reforzar, con criterio y sentido común, el cumplimiento de los protocolos, de modo de que el movimiento de gente, y sus actividades, no signifiquen una explosión de contagios. Pero eso apenas se tuvo en cuenta en el Gobierno Nacional y, en su lugar, éste solo determinó coeficientes para determinar restricciones.
Tan es así que, en el mapa nacional, ni siquiera son uniformes las condiciones para el movimiento turístico, poniendo así en riesgo el estatus sanitario actual de cada uno de los destinos.
De ese modo, se desperdicia todo el esfuerzo dispuesto por los prestadores, comercios y áreas de servicios, e, incluso, por los gobiernos locales, en busca de una forma segura de mantener sus destinos, o aquellos puntos intermedios de paso, protegidos del virus, y todos terminan irresponsablemente expuestos al contagio.
Lamentablemente, por razones constitucionales, se trata de un problema de estricto orden nacional, ya que ni las provincias, ni los municipios, tienen injerencia jurisdiccional sobre el tránsito de personas. Dicho de otra forma, una provincia puede regular o condicionar su parte, así como una municipalidad puede con la suya, pero solo la Nación puede normar, de modo uniforme, a todas las partes.
Si así se hubiera hecho, el movimiento de los turistas de un lugar a otro, cumpliendo estrictos protocolos, al igual que se hace en sus estadías, por lo menos en Entre Ríos, estarían garantizados, o, por lo menos, la transmisión vural reducida a su mínima posibilidad.
Norman Robson para Gualeguay21
