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Ambientalista denuncia el proyecto de Puerto Ruiz

En una extensa nota de opinión publicada en Análisis Digital, el abogado ambientalista Jorge Daneri, de la Fundación M´Biguá, denuncia atropellos en el proyecto de Puerto Ruiz.

En su escrito, Daneri manifiesta que “resulta particularmente importante el debate que se pueda conformar o construir social e institucionalmente sobre la decisión de ubicar o elegir una determinada área o zona para desarrollar un Parque Industrial”.

Tal es así que entiende como “una decisión de mero trámite” haber constituido un área industrial “dentro del valle de inundación del río Gualeguay en su encuentro con el Paraná”, “en el corazón del Delta”, a la vez que sindica como necesarios una “multiplicidad de análisis serios sobre las responsabilidades políticas, profesionales, institucionales, sociales y ambientales”.

Según él mismo manifiesta, funda sus apreciaciones en la Ordenanza 2812/16, sancionada el último día de Agosto “a la velocidad de la luz”, y asegura que “no es una definición solo de un presidente municipal o su Concejo Deliberante o de un empresario”.

Del mismo modo, Daneri infiere que estas industrias, denominadas de energías limpias, “no pueden nacer violando las normas básicas y fundamentales del derecho ambiental nacional y provincial, como los acuerdos inter-jurisdiccionales existentes en el delicado y vital escenario del Delta”.

“No existen proyectos de energías limpias si los mismos nacen sucios, y más aún, si será para la producción de energía de biomasa”, sostiene el ambientalista.

Por otro lado, Daneri también se queja de “que se llevaría adelante una supuesta ampliación del propio Puerto, infraestructura integrada y complementaria como parte del área industrial”, lo que implicaría “enormes movimientos de tierra, dragados intensivos y mayor calado en el río Gualeguay y el delta, muy probablemente, en función de las otras industrias previstas y futuras para que puedan tener salida directa a la denominada hidrovía Paraguay Paraná”.

Por último, el ambientalista advierte que “no se pueden tomar decisiones así, sin la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y el Ministerio de Ambiente de la Nación”, cuando ambas están al tanto de los proyectos en cuestión, y denuncia que “continuar este desarrollo decisorio, con estos modos de ejercicio de la gestión política sobre un área tan particularmente vulnerable y en debate, no se puede hacer sino violando groseramente la legislación vigente”.

Gualeguay21

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