Brutalidad policial impune
Un gurí adicto al poxiran, cinco vecinos indignados y un alcohólico fueron las víctimas de las duras palizas propinadas por una violenta patota policial, pero, para nuestra Justicia, esto no es grave.

Ninguna de estas siete personas estaba cometiendo delito alguno, solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, donde fueron presas de esta violenta brigada.
Tal es así que, a lo largo del proceso, fueron fehacientemente comprobados los hechos, con pruebas más que suficientes.
Pero el tribunal responsable de impartir justicia desoyó el pedido de prisión efectiva de la fiscalía y, con total liviandad, dispuso penas condicionales que le permiten a los delincuentes seguir cómodamente en libertad.
Más allá de las excusas técnicas que seguramente podrá esgrimir este tribunal, esta sentencia es un flagrante atentado contra los derechos humanos, contra los derechos de las víctimas, contra la labor del fiscal, y contra todo el sistema judicial.
Ante crímenes de este tipo, cuando las víctimas asumen el riesgo de denunciar, están confiando en el sistema judicial, poniendo en juego hasta su propia vida y la de sus seres queridos.
Del mismo modo, cuando el fiscal asume el riesgo de investigar estos hechos, también lo hace confiando en el sistema judicial, al punto de poner en riesgo su vida y la su gente.
De igual manera, cuando el mismo Estado financia los procesos necesarios que garanticen el estado de derecho, las garantías, y la justicia, lo hace, también, confiando en el sistema judicial.
Estos votos de confianza en el sistema judicial NO pueden ser traicionados por el capricho de un tribunal simpático con la brutalidad policial.
Quienes conocemos la realidad de una preocupante violencia policial en Gualeguay, materializada en el número de casos que han llegado a la Justicia, sabemos que el caso particular de esta violenta patota policial merecía una pena ejemplificadora que sea un mensaje para la fuerza en particular y para la sociedad en general.
Debería haber sido así para que las víctimas, los testigos y el fiscal puedan hoy dormir en paz, y para que los gualeyos descansemos pudiendo confiar en una fuerza que no traicione la ley que debe defender.
Pero seguramente algún tecnicismo sirvió para poner la impunidad por arriba de la justicia y permitir que la brutalidad policial sea moneda corriente en nuestra comunidad.
Algo similar ocurrió después de que en abril del 91, Walter Bulacio, de 17 años, fue levantado por la policía mendocina a la salida de un recital y luego muerto a palos.
La liviana acción de la justicia en aquel caso, castigando al responsable del hecho con solo tres años sin prisión efectiva, ameritó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Evaluado el caso, la Comisión lo llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le ordenó a la Argentina, entre otras cosas, que “debe garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad…”
Pero claro, fue en Mendoza, hace 25 años, y a quien le puede importar hoy un gurí adicto al poxiran, cinco vecinos de la periferia y un alcohólico.
Así será hasta que…
Norman Robson para Gualeguay21