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El Estado descuida la infancia y la adolescencia

La inversión del Estado nacional dirigida a niños y adolescentes, como proporción del PBI, venía aumentando desde 1995, pero cayó en los años de contracción económica, y, desde 2016, viene cayendo la inversión en algunos programas de alto impacto.

Ante la recesión que atraviesa el país y con un 41,4% de los niños menores de 14 años viviendo en situación de pobreza, CIPPEC advierte que hay que asegurar los fondos para estos programas; monitorear y evaluar la calidad de la inversión; y fortalecer los organismos estatales de planificación, articulación y control.

Esto representa una advertencia ante la crisis y recesión que actualmente atraviesa el país. A estas conclusiones llegó el documento “Garantizar la inversión en infancia: una prioridad en tiempos de crisis”, elaborado por Gala Díaz Langou; José Florito; Matilde Karczmarczyk, directora, coordinador y analista, respectivamente, del programa de Protección Social de CIPPEC.

En efecto, la inversión en términos del PBI creció año a año desde 1995, pero cayó en 2012, 2014 y 2016, períodos de contracción económica. “Este escenario pone en riesgo las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en un período de crisis y recesión como el que transita la Argentina actualmente”, considera Díaz Langou.

“La inversión social en niñez y adolescencia está fuertemente asociada al ciclo macroeconómico: se reduce en las contracciones económicas, lo que genera un impacto negativo sobre los niños y niñas y sus familias”, explica la directora del programa de Protección Social de CIPPEC.

La disminución en la ejecución de programas de alto impacto

El documento de CIPPEC analiza un conjunto de iniciativas de alto impacto en el bienestar de niños y adolescentes (como el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles; la gestión educativa y políticas socioeducativas; la infraestructura y el equipamiento; el mejoramiento de la calidad educativa; prevención y control de enfermedades, entre otras). El presupuesto para estos programas, entre 2015 y 2017, cayó en términos reales, tanto por sus créditos vigentes como por los recursos efectivamente ejecutados. En 2018, si bien el presupuesto superaría en términos reales al del año anterior, la ejecución viene siendo muy baja, lo cual genera interrogantes en torno a la posibilidad de utilizar todo ese presupuesto cuando queda cerca de un 60% por ejecutar en los últimos tres meses del año.

Presupuesto de 2019

Según el proyecto de ley de Presupuesto para 2019, el gasto público social para 2019 se prevé en $2,642 billones (39% más que en 2018). Del total del gasto público social (63% del gasto público total), un 79% corresponde a erogaciones de la Seguridad Social (principalmente, al pago de jubilaciones). Del 21% restante, nueve puntos porcentuales son para Educación y Cultura (cuyo presupuesto respecto del año anterior aumentó 13%); seis puntos para Salud (40% más con respecto a 2018), y los restantes siete puntos corresponden a Promoción y Asistencia Social, Ciencia y Técnica, Vivienda y Urbanismo, Agua Potable y Alcantarillado y Trabajo.

Sin embargo, los fondos para los programas dirigidos a la niñez y la adolescencia -como el de Fortalecimiento de Jardines Infantiles; el de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas o el de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación- sufrirán caídas de entre 60 y 76% (descontando el efecto de la inflación) el año próximo.

Qué hacer

CIPPEC recomienda fortalecer la estructura de la inversión social en infancia y adolescencia de tres formas. En primer lugar, asegurar los fondos presupuestarios destinados a los programas que tienen un impacto significativo sobre el bienestar de los niños y adolescentes. En segundo, monitorear y evaluar la calidad de la inversión, es decir, el impacto de los recursos usados sobre el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Una tercera sugerencia es mejorar y fortalecer los formatos institucionales -como el Gabinete de Desarrollo Humano y el Defensor del Niño- para guiar los esfuerzos por cumplir los derechos de los niños y adolescentes.

“En un contexto de infantilización de la pobreza, con casi 4 de cada 10 niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza, es importante blindar los fondos presupuestarios asignados a la niñez y la adolescencia y asegurar que no pierdan valor respecto de la inflación”, concluye Díaz Langou.

Gualeguay21

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