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En casa de herrero, cuchillo de palo

En Entre Ríos, la tierra de los desaparecidos, cuando se están por cumplir tres años del caso Micaela, mucho se habla de concientización en género, pero nada se hace para evitar nuevas desapariciones. La protocolización por ley de la búsqueda de personas duerme en la legislatura provincial.

Hagamos memoria. En abril de 2017, la joven Micaela García fue secuestrada y encontrada, a la semana, violada y asesinada en un descampado rural. Más allá del carácter brutal, el crimen desnudó una serie de responsabilidades del Estado, tanto en los procesos de búsqueda como en el tratamiento de convictos.

En estos aspectos, luego del sonado caso, se dispararon diferentes medidas que se fueron apagando conforme pasó el tiempo. Entre éstas, prosperó la Ley Micaela, militada por los propios padres de la víctima, la cual busca generar consciencia sobre la violencia de género, pero un proyecto de ley para protocolizar la reacción del Estado ante la inesperada desaparición de una persona lleva dos años durmiendo en la legislatura provincial.

Se trata de un proyecto de ley que establece las medidas a tomar inmediatamente a la ausencia de una persona, a la vez que crea un sistema de registro y difusión al servicio de la búsqueda que podría ponerse en sintonía con similares del resto del país o de países limítrofes. En otras palabras, establece la atención instantánea a una denuncia de desaparición y crea un marco de información que facilita su búsqueda.

Este proyecto data, al igual que otras intenciones, de fines de 2017, meses después del caso Micaela, y tuvo como autor al Senador Ángel Giano, quien hoy ocupa un escaño en la Cámara de Diputados provincial.

Ahora bien, más allá del horrendo caso de la joven García en Gualeguay, la provincia de Entre Ríos se ha hecho famosa por sus inconcebibles desapariciones: La niña Susana Sola (Gualeguaychú, 1990), la familia completa del Mencho Gil (Nogoyá, 2002), la niña Fernanda Aguirre (San Benito, 2004), el niño Kevin Sánchez (Gualeguaychú, 2004), el correntino Sebastián Ortiz (San Jaime de la Frontera, 2010), el quinielero Pocho Morales (San Jaime de la Frontera, 2011), los concordienses César Miño y Sergio Quintana (Concordia, 2017), y el empresario Omar Benvenuto (Gualeguay, 2017). Solo por mencionar los que pudo saber la sociedad.

Demasiados desaparecidos cuya búsqueda dejó mucho que desear. Demasiadas ausencias incomprensibles que dejaron una sensación de insatisfacción, ya que nada estableció entonces, ni establece hoy, métodos o tiempos de búsqueda. Por lo menos, un mecanismo que agote las instancias hasta disipar todas las dudas y cada una de las sospechas.

Seguramente, si, dentro de un rato, vuelve a desaparecer alguien, y trasciende a los medios, todos volverán a rasgarse las vestiduras, como en el 2017, y, tal vez, solo tal vez, este proyecto, que tan útil fue al discurso político, vuelva a serlo y pueda ser ley.

Norman Robson para Gualeguay21

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