Escraches: ¿… y la Justicia dónde está?
En los albores de la civilización, los energúmenos apedreaban, linchaban y/o colgaban a quienes eran considerados autores de algún crimen. Desde entonces, y en todo el mundo, la Justicia ha luchado contra estas prácticas, pero, con la globalización y las nuevas tecnologías, la tan nefasta práctica renació como escrache, y se puede realizar desde el celular, o en la calle, con total impunidad gracias a la indiferencia de la Justicia.
Si hay algo indiscutible es que, hoy, las redes sociales, aunque sean un medio para que nos comuniquemos, nos informemos, y podamos potenciar nuestros negocios, lamentablemente, también sirven para que las personas realicen los tan famosos escraches y otras lo compartan. A pesar de que esto tiene una solución civilizada, ya que la ley proteje a los inocentes de estos abusos, la Justicia prefiere mirar para otro lado, privando a los ciudadanos de su legítimo derecho a la justicia.
En la Argentina, millones de personas utilizan las redes sociales creyendo que se puede publicar y compartir cualquier cosa, y algunos lo utilizan, con total libertad, para difamar a otros. Para la Justicia argentina se trata de delitos que pueden, y deben, ser castigados, pero, por estos pagos, el sistema parece temerle al escrache, y éste goza de total impunidad. Tan es así que jueces, fiscales y abogados evitan atender estos casos.
De este modo, un escrachado sufre diferentes formas de injusticia: la mentira del escrache, la indiferencia del sistema, y, si es juzgado, la imparcialidad del tribunal.
El escrache
Se llama así a la mención de un individuo en redes sociales, en afiches, o en pancartas, vinculándolo a situaciones o hechos no comprobados. Según el Código Penal argentino, esta acción está comprendida dentro de la calificación de calumnia o injuria, las cuales son un delito, y, como tal, están contempladas, y penadas, en el artículo 113. Calumnia es cuando se imputa falsamente un delito, e injuria es cuando se atenta contra la dignidad.
Los ejemplos más comunes son de mujeres escrachando hombres, algunos ya denunciados en la Justicia y otros no, pero también hay entre familiares, contra comercios, contra dirigentes, etcétera. El problema del escrache es que, en la mayoría de los casos, involucra una falsedad, ya que los argumentos esgrimidos no son ciertos, o bien son tergiversados maliciosamente.
Lamentablemente, las consecuencias del escrache en las personas que lo sufren no es menor, ya que desencadena, rápidamente, y sin piedad alguna, la condena de la sociedad, arruinándole la vida al escrachado. Se trata de un acto violento que puede desencadenar más violencia, hasta producirse hechos de lamentar, como represalias o suicidios.
Si bien el escrache, a primera vista, podría entenderse como un acto de justicia por mano propia, hay casos en que la intención esconde otros intereses, desde íntimos, como despecho o venganza, hasta públicos, como políticos y económicos, pero la excusa es siempre la misma: que el sistema judicial es lento o corrupto. Tal es la naturalización de estos hechos, y su influencia en la Justicia, que ya se contempla en las estrategias legales de algunos abogados.
Por otro lado, es justo apuntar que aquellos que escrachan, al igual que quienes colaboran en la difusión del escrache compartiéndolo en las redes sociales, por más que estén convencidos de que son verdaderos justicieros prestando un servicio invaluable para la sociedad, son igual de responsables del delito expuesto.
La indiferencia de la Justicia
En la Justicia local, el escrache tiene diferentes impactos. Por un lado, impera la indiferencia hacia el delito de escrache y hacia sus víctimas, quienes difícilmente logren que alguien actúe en su protección, imponiendo la ley e impartiendo justicia. Esto no ocurre ni en la Fiscalía, ni en los juzgados civiles, donde se protege más a los escrachadores que a quienes deben padecer sus delitos, sin importarle las consecuencias de estos actos. De igual modo, si un damnificado común recorriera a un abogado, debería afrontar un gasto, entre honorarios y la certificación del escribano, no menos de 100 mil pesos.
Por otro lado, el escrache va mucho más allá de la protección de quienes lo sufren, hasta lograr influir en los procesos por el temor de funcionarios y profesionales a ser también escrachados. Esto vulnera, en cualquier procesado, las garantías constitucionales de juicio justo y aquello de que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Esto ha sido notorio en más de un caso, en especial en cuestiones de género de dominio público, en los que predomina el temor al fundamentalismo feminista. Gracias a esta influencia ha provocado que los abogados ya lo consideran un recurso muy útil a sus causas.
Conclusión
Como se puede apreciar, quienes sufren un escrache, no solo son víctimas de un delito, sino que se descubren desprotegidos por la Justicia, la cual ignora el delito, sino que, de encontrarse atravesando un proceso judicial, también sufre la imparcialidad del tribunal. Dicho de otra forma, el derecho a la justicia está vulnerado en toda su dimensión, y de parte de la propia Justicia.
Norman Robson para Gualeguay21