Este perverso abuso de la ley
En la Justicia entrerriana, los sueldos son siderales y los cargos digitados, lo cual facilita una cooptación tal de la misma que las causas pueden archivarse, acelerarse, o, simplemente, resolverse en favor del culpable o en contra del inocente, según los intereses particulares que primen en cada caso.
Nadie lo dice en voz alta, menos en los sectores políticos donde ninguno está libre de pecado y puede caer en sus garras en cualquier momento, pero es un secreto que circula en voz bien baja que la Justicia provincial sería lo más parecido a una corporación mafiosa donde los que roban gallinas son condenados con todo el peso de la ley mientras que los de guante blanco ostentan una garantía de impunidad. Siempre y cuando puedan pagar por ella, como puede hacerlo el poder político.
Todo esto expondría un arbitrario y perverso abuso de la ley por parte de la Justicia, donde ésta estaría tomando, arbitrariamente, de la biblioteca jurídica, solo la mitad conveniente a sus intereses, mientras desecharía aquella mitad que sirve a la justicia pero que no le conviene.
Todo esto, con escalofriante escozor, se ha sentido en estos últimos días, donde se escuchó a los titulares de los Ministerios Públicos defender el tratamiento liviano de los crímenes sexuales con tal de no sumarle más trabajo a la Justicia, mientras que, por otro lado, el Superior solicitaba a la Legislatura la creación por ley de 85 cargos más.
Pero todo esto no sería nada comparado con lo ocurrido hoy en el Jury al Juez Rossi, responsable de permitir la libertad del violador y asesino de Micaela García a pesar de los antecedentes y los informes, donde el Procurador General, quien debería acusar en nombre del pueblo, cerró los ojos y prefirió no acusar al Juez, obligando al jurado a absolverlo.
Cabe destacar que la absolución de Rossi se determinó, también, gracias a la obsecuencia de los tres jueces del Superior Tribunal entrerriano y un abogado que conformaban el jurado, quienes acataron la propuesta de acusador y defensor, y votaron sin chistar en favor del acusado, mientras solo los dos legisladores y el otro abogado demostraron su disconformidad y votaron en disidencia.
De este modo, la oportunidad de completar la justicia al tan aberrante crimen de Micaela, la cual se demoró la friolera de 15 meses por consentimiento del Superior, fue desperdiciada inescrupulosamente gracias a los artilugios técnicos de la defensa y del acusador, quienes hábilmente se nutrieron de la mitad de la biblioteca jurídica conveniente para neutralizar el Jury.
Así, de ese modo, aquello que la sociedad entrerriana esperaba que fuera un acto solemne de justicia, habría resultado un verdadero circo orquestado por la propia corporación judicial para no pisarse la manguera entre bomberos. Una vez más se habría pervertido la ley en favor de la injusticia, de la impunidad.
Un capítulo aparte merece la frutilla con que se cerró está tragedia criolla: las fotos donde acusador, defensor y acusado celebran el veredicto con un fraternal abrazo. “Por lo menos que festejen en privado”, manifestó, indignada, una dirigente, y agregó: “no tienen vergüenza”.
Más allá de todo esto, en el paraíso del cual pueden dar fe los Urribarri, Báez, Allende y nuestro multiprocesado exintendente Luis Erro, en la tierra de la impunidad naturalizada, donde agonizan adrede causas como la del narcochofer, la de las cosetruchas, la de las palmeras, la del cartel contratista, la de las superpautas, la de los consorcios fantasmas, y tantísimas otras, ya nada debería sorprendernos, sino que deberíamos ser precavidos y callarnos, porque, si gritamos mucho, pueden venir por nosotros sin trámite previo.
Norman Robson para Gualeguay21