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Juez y abogados entrerrianos procesados por el caso Fornerón

Procesaron a ex juez, abogados y funcionarios judiciales que intervinieron en la entrega en adopción de una recién nacida a una pareja sin el consentimiento del padre biológico. Un total de 9 personas y millonarios embargos.

De acuerdo a lo publicado por El Once Digitl, Leonardo Fornerón nunca se rindió. Fue padre en junio de 2000 cuando su expareja dio a luz a una beba en Victoria, Entre Ríos. Pero su hija, sin su consentimiento, fue entregada por la madre biológica a un matrimonio de Buenos Aires con fines de adopción. Él lucho por su paternidad y por la restitución de la niña, y después de tanto esfuerzo tuvo una buena noticia desde los tribunales porteños: un juez procesó a diez personas por el delito de sustracción de un menor de diez años.
Así lo informaron a La Nación calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el juez criminal y correccional Marcos Fernández.
Los procesamientos
El magistrado procesó a la madre biológica, identificada como D.E.E.; al matrimonio adoptivo integrado por B. y Z., y a Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria.
El juez Fernández también procesó por el mismo delito a los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los “padres adoptivos”, Salvador Espona, y a dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.
El magistrado, además de procesar sin prisión preventiva a los acusados, les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir sumas de entre 500.000 y 2.200.000 pesos. La menor siempre vivió con los padres adoptivos en Buenos Aires.
El delito de sustracción de un menor tiene prevista una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Todos los acusados continuarán el proceso en libertad.
Revinculación
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y la menor.
“La ilegítima entrega de XX [tal como se define a la menor en el expediente judicial], en el que asumieron un rol protagónico la madre biológica, el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja], y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación, al que luego le va a seguir una extensa cadena de ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre Fornerón y su hija”, afirmó el fiscal Ignacio Mahiques, en un dictamen firmado en septiembre pasado donde solicitó la declaración indagatoria de los diez imputados.
Detalles del dictamen
Los acusados fueron indagados entre noviembre y enero pasados. En su reciente fallo, el juez Fernández afirmó: “Tanto aquellos imputados que participaron en el primer tramo del delito, es decir, en la entrega de la menor (sustracción), como los que, con sus aportes lograron que la menor continuase ilícitamente en poder del matrimonio ‘adoptivo’ (retención) tenían pleno conocimiento y voluntad de apartar a la menor de la esfera de custodia del padre biológico”.
“Ello, pese al reclamo constante, sistemático e inclaudicable que aquel efectuó desde el embarazo mismo de D.E.E. (interrogando a esta última sobre su paternidad) e inmediatamente después del nacimiento de la niña (llevando adelante averiguaciones y trámites administrativos y judiciales para que se reconozca su condición y derechos como padre)”.
El delito
El juez Fernández afirmó: “El delito en estudio ha llegado a su consumación, toda vez que no solo se logró materializar la sustracción de la menor de la esfera de custodia de su padre biológico, sino que también se retuvo a la menor, sin que se hubiera reanudado la vinculación y el ejercicio efectivo de los derechos que por ley le asigna a Fornerón como padre de la niña [que en junio próximo cumplirá 18 años]”.
Para el magistrado, según el fallo al que tuvo acceso La Nación, el matrimonio integrado por B. y Z. “más allá de que aleguen que en todo momento cumplieron con las indicaciones y consejos que recibieron de los centros de adopción que habían consultado y los profesionales con los que hablaron, y que por no ser abogados o personas vinculadas al Derecho, nunca supieron que la entrega de la beba fue irregular; lo cierto es que no podían desconocer que para dicha entrega se debía contar no solo con el consentimiento de la madre sino incluso del padre”.
La lucha del padre
Y agregó: “Si dicha circunstancia era eventualmente desconocida por ellos al momento mismo del nacimiento, lo cierto es que, al tomar conocimiento de la existencia del padre biológico de la niña y su presentación en sede judicial reclamando la restitución de la menor, dicho extremo fue despejado”.
El juez Fernández resaltó que, a pesar de que Fornerón luchaba por la restitución de su hija, B. [el hombre del matrimonio adoptivo]lo contactó y le ofreció lo que él quisiese con tal de que cesara su reclamo.
“Este último proceder le otorga descrédito al proceder genuino alegado por el matrimonio adoptivo. Ante la negativa de Fornerón a recibir algo a cambio de su hija, y la firme respuesta de su parte de que él quería a la niña, llama la atención la versión de los imputados en cuanto a que dicho ofrecimiento perseguía determinar si realmente quería a la niña o si lo alentaba algún interés de otro tipo”, afirmó el juez en su resolución.
Dinero por claudicar
La lucha de Leonardo Fornerón por su paternidad llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre padre e hija.
En 2011, cuando tuvo que declarar en una audiencia de la CIDH, Fornerón se quebró y no pudo aguantar las lágrimas cuando recordó que le ofrecieron dinero para que dejara de intentar recuperar a su hija.
Se la quitaban “por ser pobre”
“Hice el pedido para la restitución de mi hija. A lo cual el juez me contesta que iba a ordenar un informe a una psicóloga para que haga una evaluación de los daños que podía sufrir mi hija. Nunca fui entrevistado por la perito. Mi hija tampoco. A raíz de ese peritaje, decide otorgar la guarda a la familia que tenía a mi hija. En el fallo de primera instancia el juez [por Raúl del Valle]dice que no me entregan a mi hija por ser pobre, y que el matrimonio estaba en mejores condiciones económicas”, dijo entre lágrimas.
El inicio de una larga lucha
Fornerón y Enríquez vivían en Rosario del Tala, Entre Ríos. Su relación sentimental terminó antes de que él se enterara de que iba a ser padre. A pesar de que siempre dijo que quería hacerse cargo de su hija, no la pudo conocer porque la madre biológica, que dio a luz el 16 de junio en Victoria, la entregó 24 horas después del parto.
A pesar de las adversidades, Fornerón siempre luchó por su objetivo. Según recordó el fiscal Mahiques en su dictamen, en septiembre de 2000, el padre biológico de XX se reunió con B. y el abogado Espona en las inmediaciones de la Municipalidad de Rosario del Tala.
Por 6 mil dólares
Según el relato de Fornerón, en el encuentro B. le dijo que quería a la beba y que le pidiese lo que deseaba. Él le dijo que su único objetivo era recuperar a su hija. Entonces, según consta en el expediente, Espona le indicó que iba a tener que demostrar su paternidad. El estudio de ADN demostró, sin dejar dudas, de que la menor era su hija.
La sospecha, según fuentes judiciales, es que la menor fue entregada a cambio de dinero. Pero esa situación no se pudo confirmar. Una testigo, una vecina que le avisó a Fornerón que su ex pareja estaba embarazada, afirmó que a ella le ofrecieron 6000 dólares por su hija, pero que se negó.
Cronología del resonante caso
2000, el padre reclama sus derechos en la Justicia de Entre Ríos
Tras el nacimiento de su hija en junio, Leonardo Fornerón inició su lucha para el reconocimiento de la paternidad al enterarse que la madre biológica había dado a la beba en adopción. El juez Raúl del Valle decidió en agosto otorgar la guarda judicial de la menor a un matrimonio.
2003, la justicia entrerriana confirma la adopción
Un fallo de cámara había anulado la decisión del juez Del Valle, pero casi de inmediato una sentencia del Tribunal Superior de Entre Ríos dejó sin efecto esa resolución.
2012-Una decisión de la Corte Interamericana
La CIDH emitió un fallo en favor de la posición de Fornerón y obligó a garantizarse la revinculación entre el padre biológico y la menor. La causa no avanzó en la Argentina hasta que la semana pasada, el fiscal Ignacio Mahiques pidió varias indagatorias.
Gualeguay21

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