15 mayo, 2025 1:06 am
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La deuda interna gualeya

En las próximas elecciones, en la Argentina cumpliremos 40 años de democracia, y un balance político de este período nos muestra que no nos ha ido bien. Al igual que en el país, en Gualeguay, al cabo de estas cuatro décadas, la realidad expone que la clase política ha quedado en deuda con el pueblo. Una deuda concreta y tangible que se puede apreciar, a primera vista, en las carencias y ausencias que hoy sufrimos, síntomas indiscutibles que llevan a un único diagnóstico: el abandono político. Pero nada de todo esto que nos pasa es culpa de la democracia, sino de quienes la abandonamos en las manos equivocadas.

BLANCO-NEGRO

En Gualeguay, desde el retorno a la democracia, la ausencia total de políticas públicas, y, en su lugar, la aplicación de medidas coyunturales, para salir del paso, acompañadas de discursos de alto impacto mediático, pero sin soluciones de fondo, ha ido postergando la ciudad y generando la importante deuda interna que hoy es tan visible. Las sucesivas gestiones transitaron sus períodos concentrados más en consolidarse políticamente ý, algunos, también, en hacer una buena diferencia, que en gobernar según un proyecto político que apuntara a un progreso sustentable de la ciudad y los gualeyos. Los resultados están a la vista, son los síntomas de la ausencia de desarrollo, el cual condenó a la ciudad a la postergación.

De ese modo, desde entonces, el desarrollo social y económico de la ciudad de Gualeguay viene “cajoneado” en todos los órdenes, lo cual se debe, sin lugar a dudas, a que el poder se aprovechó más para construir política a partir de la demagogia y del asistencialismo, que para atender las necesidades del pueblo, y eso fue haciendo a un lado su rol de gobierno, hasta olvidarlo totalmente y convertir la política en una mera oportunidad de desarrollo personal, y no de servicio público. Así fue que los intereses particulares en nombre del color político, puestos por sobre los de los gobernados, han impulsado a Gualeguay a esta situación. Tal es así que, a lo largo de estos gobiernos, siempre se destacó la cartera social, pero nunca se destacó la cartera de desarrollo económico, al punto de que ni siquiera existe esta responsabilidad en el organigrama.

Más allá de esta indiscutible postergación, este estilo político que nos gobernó casi 4 décadas, al copar todas las propuestas electorales, también tomó de rehenes a los gualeyos, obligándolos a elegir entre unos y otros. Todo esto provocó una profunda frustración, la cual fue llevando a la sociedad gualeya a la resignación, y la fue sumiendo, primero, en la impotencia, y, luego, en el profundo silencio que hoy impera. Al llegar la pandemia, toda esta deuda interna gualeya quedó más visibilizada que nunca, potenciada por la falta de políticas públicas y la incapacidad de gobernar de los sucesivos gobiernos. Hoy, producto de este pasado, reina el descreimiento, ya que cualquier nueva propuesta será más de lo mismo, sea del lado que sea.

Para dimensionar la magnitud de todo esto, basta enunciar, y observar, los síntomas más salientes de la postergación resultante: la exclusión, el desempleo, las deficiencias en salud pública, el déficit habitacional, la improvisada infraestructura pública, las limitaciones de los servicios públicos, la insuficiencia energética, la contaminación, el desorden y la inseguridad, adicciones, educación pública, información pública, e institucionalidad. La ausencia de políticas públicas en estos aspectos nos trajo a esta realidad. Cabe destacar que la responsabilidad política dentro del territorio es exclusiva del poder ejecutivo municipal, sin excusas jurisdiccionales, ya que es quien tiene el deber de dar soluciones, con todos los medios a su alcance, a todos los problemas que se susciten dentro de su territorio y afecten a sus habitantes.

Inclusión

El estado de derecho del que gozamos los argentinos engloba el acceso de todos los ciudadanos a todas las garantías del Estado. Estar dentro del universo de quienes pueden acceder a todos esos derechos significa, en términos políticos, estar incluido. Pero, más allá de los índices oficiales, la exclusión, en este país, nunca disminuyó, sino que creció, dejando afuera cada vez más gente.

Gualeguay no es distinto, ni en la realidad, ni en el origen. Su superficie es de unos 100 kilómetros cuadrados, mientras que su casco urbano es 20 veces menor, en el cual habitan más de la mitra de sus ciudadanos. A partir de esta realidad, las sucesivas gestiones concentraron sus decisiones y recursos en esa pequeña porción de la ciudad, postergando la periferia y mucho más las chacras. Así es que la clase política solo ha aparecido por las zonas vulnerables en tiempos de campaña, y casi ha desaparecido en tiempos de gestión, ya que las carteras sociales no se ocuparon nunca de generar políticas públicas orientadas a solucionar la exclusión, sino que se ocuparon en mantenerla, y, así, mantener a los sectores vulnerables rehenes del asistencialismo político.

Así es que ninguno de los últimos gobiernos ha dispuesto sus recursos para hacerse presente en el barrio interiorizándose íntimamente sobre las diversas problemáticas que hoy excluyen a su población vulnerable del estado de derecho, y, así, dar soluciones sustentables, sino que se sientan a esperar que las víctimas de violencia doméstica y de género, de abusos infantiles, de drogadicción, etcétera, lleguen a ellos, algo que difícilmente ocurre.

Empleo

En lo que va del siglo, no se han radicado empresas en Gualeguay, lo cual impactó en la comunidad generando desocupación, un aumento del empleo informal, y una mayor migración, mayormente juvenil, y este impacto solo fue contrarrestado con algo de empleo público, con subsidios del estado, y con la esporádica actividad de la construcción.

A pesar de esto, al principio, solo se habló de un parque industrial allá o acá, hasta que, más de una década atrás, al definirse y demarcarse, nada más se hizo, mientras que, en los últimos años, dos empresas intentaron radicarse en Gualeguay, pero sus proyectos fueron rechazados. Estos emprendimientos habrían significado más de un centenar de puestos de trabajo.

De ese modo, ningún gobierno incorporó a su agenda de políticas públicas el desarrollo económico de la ciudad, ninguno se planteó estrategias para seducir la instalación de industrias, o para promover la actividad turística, o para poner en marcha el área industrial, o para ampliar la capacidad energética, ya agotada tanto en electricidad como en gas.

Salud pública

Este nuevo milenio encontró a Gualeguay con una interesante oferta de salud, tanto pública como privada. Por entonces, los gualeyos podían elegir entre el Hospital San Antonio, la Clínica, y el flamante CEM. Es más, entre las terapias intensivas de los primeros dos sumaban casi 30 camas, mientras que el tercero planificaba la suya dentro de sus planes de expansión.

Pero los tiempos cambiaron, el CEM se quedó ahí, a la Clínica la demolieron, y del hospital se apoderó la política, todo frente a los indiferentes ojos de los políticos locales, quienes nunca hicieron nada excusados en que la salud pública era de la provincia y la privada de los privados. En ningún momento, ni entonces, ni antes, el poder político intervino para preservar la oferta sanitaria, y el derecho a la salud de los gualeyos, ni, mucho menos, hizo algo después para recuperar esa oferta, sea en el sector público o en el sector privado. Solo observó, desentendido del problema.

Vivienda

El déficit habitacional siempre fue una de las deudas sociales más esgrimidas por la clase política en campaña, por ser un tema muy sensible a la sociedad, ya que eso impacta en la realidad social vulnerable en forma de precariedad y hacinamiento, promoviendo el abuso, la violencia doméstica, y la expulsión de niños a la calle a merced de la droga, el delito y la prostitución. Pero, más allá de la campaña, las gestiones, de principios de siglo para acá, poco concretaron al respecto, mientras que lo hecho se distribuyó entre simpatizantes políticos. 

Tan es así que, por ejemplo, durante sus dos períodos de gobierno, Luis Erro no construyó viviendas en Gualeguay, mientras que Julia Whitman, al mismo tiempo y de su mismo signo político, construyó más de 400 en General Galarza, un pueblo diez veces más chico. Al final de la gestión Erro se entregaron 80 viviendas inconclusas a beneficiarios cercanos al gobierno. De este modo, Gualeguay sufrió la proliferación de viviendas precarias en su periferia, especialmente en terrenos contra la defensa costera, mientras que el hacinamiento pasó las fronteras sociales hacia los sectores medio bajo y medio.

En las últimas décadas, nunca se conoció acabadamente el déficit habitacional como para delinear una política pública justa, y adecuada a la demanda, que apuntara a resolver la cuestión, sino que siempre fue resultado de gestiones fortuitas vinculadas al color político.

Infraestructura pública

Desde los años 70, la obra pública fue el gran negocio gracias al cual se enriqueció el poder político argentino, y, en Gualeguay, no fue diferente, aunque los enfrentamientos internos impidieron muchas veces que la.ciudad resultara beneficiada. Esto fue así a pesar de que en Gualeguay se realizaron dos planes estratégicos, uno genuino que fue siempre ignorado, y uno direccionado para justificar la obra pública.

En ese contexto, por ejemplo, llegó el gas natural, el CEF y tantas escuelas, y el canal periurbano, así como no llegó el camino a Puerto Ruíz, ni la circunvalación. Solo después de casi 30 años de gestiones en la Provincia se logró hacer el primero, con el apoyo de la Nación, mientras que el segundo aún espera en algún cajón. 

Por otro lado, en Gualeguay, una sola obra de infraestructura se destaca en el último medio siglo: la defensa costera, la cual respondió a una necesidad de la ciudad pero como parte de una solución internacional al impacto de las crecientes. Salvo esta, todas fueron conseguidas entre lo que se ofertaba en los ministerios correspondientes, con las condiciones “tributarias” de cada caso.

Servicios públicos

Por las características demográficas de la ciudad de Gualeguay, las sucesivas gestiones concentraron sus decisiones y recursos en el centro, y postergaron la periferia y mucho más las chacras, razón por la cual estos sectores son los que menos servicios públicos tienen. Tan es así que una revisión por estos servicios demuestra que las redes no solo están limitadas por la inversión, sino, también, por la gestión.

Tal es así que las redes de agua corriente, electricidad y gas natural no solo están limitadas por su alcance, sino, también, por su acceso al recurso. Por otro lado, la rede de cloacas lleva años colapsada, y la red vial, fuera del centro, sucumbe cuando llueve. Por último, el servicio de transporte público creció, luego disminuyó y finalmente desapareció, mientras que el servicio de recolección de residuos no se ha ampliado, salvo con contenedores. Solo la red de luminarias ha pegado un salto de calidad en el centro, pero no en la periferia. Ninguna gestión incorporó a su agenda política el acceso a los servicios, y gran parte del territorio no accede a los mismos.

Por ejemplo, la recolección de residuos se amplió con contenedores y pequeños basurales vecinales, mientras que no hay un transporte público que atienda la demanda según los horarios industriales, comerciales y escolares, y evite que haya madres que se vean obligadas a cruzar la ciudad en moto para llevar todos sus hijos a la escuela.

A lo largo de las últimas décadas, las distintas gestiones solo se ocuparon de los servicios en un estricto orden cosmético, y no como tales.

Energía

Si bien Gualeguay tuvo la suerte de encontrarse en el camino trazado para el caño troncal de gas natural, la capacidad de acceso al mismo para abastecer la ciudad ya está superada, a la vez que la red de distribución eléctrica adolece de una situación similar, ya que apenas alcanza la energía que puede recibir la ciudad para abastecer su capacidad instalada.

Por esta razón, Gualeguay, desde hace mucho tiempo, no dispone de caudal o presión suficiente de gas natural, ni de potencia de energía eléctrica, para ampliar sus redes de distribución, razón por la cual es una seria limitante a la hora de pretender la radicación de alguna industria. Por esta razón, es incomprensible que se haya rechazado la inversión de una generadora de electricidad por biomasa en Puerto Ruíz,  ya que habría significado no solo una solución al problema de desocupación, sino, también, al energético.

Hasta tanto no se resuelvan estas limitaciones, con las obras que esto demanda, Gualeguay no podrá contar con más de estos recursos. A pesar de este importante condicionamiento, los últimos gobiernos no se han planteado la necesidad de encontrarle una urgente solución, ni siquiera lo han reconocido públicamente. 

Medioambiente

Soychú, Quimiguay y Soluciones Ambientales vienen siendo las banderas del ambientalismo gualeyo desde hace décadas, y sus supuestas herejías ambientales motivaron elocuentes acusaciones y manifestaciones de los ambientalistas locales, denuncias que nunca pudieron ser probadas en la Justicia. Tal es así que el Foro local recurrió a fraguar resultados para acusar públicamente a Soychú, y la gestión de Erro hizo lo mismo para clausurar Quimiguay. Al mismo tiempo, sin análisis alguno que así lo certifique, el ambientalismo local condenó al río Gualeguay como contaminado.

Más allá de toda esta elocuencia, ni los gobiernos, ni la sociedad civil, en ningún momento, plantearon estrategias que apunten a solucionar problemas ambientales concretos, como el tratamiento de residuos, el propio basural, el sistema de cloacas, o los abusos del río, ni, mucho menos, se interesaron en hacer justicia con los desatinos del Foro, el cual se opone falazmente a cualquier proyecto que pretenda instalarse en Gualeguay.

Aparte de todo esto, y aunque el mundo enfrente una grave crisis ambiental que exige cambios radicales en lo inmediato,  nunca se escucharon discursos o se adoptaron medidas que apuntaran a, aunque sea, preparar la comunidad para lo que se viene en ese sentido.

Ordenamiento y seguridad

En las últimas décadas, en la ciudad se ha agravado el nivel de desorden en los espacios públicos, tanto en el tránsito como en el resto de los lugares comunes, a la vez que ha crecido la inseguridad. Los principales desórdenes van desde la conducción inapropiada de vehículos y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, hasta el estado de los propios vehículos, mientras que la inseguridad se refleja en hurtos y robos de todo tipo, con importante participación infanto juvenil.

Por ejemplo, en lo que al ordenamiento vial respecta, si bien las ordenanzas prevén el control del cumplimiento de las normas vigentes, la inspección municipal limitó siempre su accionar a operativos puntuales y previsibles, de un par de horas, en la vía pública, procediendo con retenciones ilegales, y con el oportuno acompañamiento de la policia, pero nunca se implementó un control regular, efectuado por municipales y/o policías, de forma indistinta, en cualquier momento del día, y en cualquier lugar de la ciudad, en un todo de acuerdo con la ley nacional de tránsito.

Por otro lado, otro ejemplo es que todos los gobiernos se han desentendido de los problemas de inseguridad. Prueba de ello es el mal funcionamiento de las cámaras de video vigilancia cuando fue secuestrada Micaela García, las cuales, luego del hecho se aumentaron, pero nunca hubo una preocupación de las gestiones en el tema. Al igual que la salud y la educación, nunca fueron consideradas de jurisdicción municipal, razón por la cual a ningún gobierno le interesó conocer el mapa del delito, saber sobre el incremento de la delincuencia infantil, ni, mucho menos, las causas.

La relación de las distintas gestiones con la Policía siempre fue distante y en términos políticos, mientras que nunca existió relación alguna con Prefectura Naval, aunque la ciudad limita con 32 kilómetros de río, ni con Gendarmería, ambas fuerzas con destacamentos en la ciudad, y siempre aprovecharon la capacidad de inspección únicamente para recaudar.

Adicciones

El flagelo de las adicciones viene asolando a los gualeyos desde el siglo pasado, pero se ha agravado en las últimas décadas llegando a niveles escalofriantes, cercenando sensiblemente el futuro de nuestros hijos y nietos. A pesar de esto, y aunque el tema siempre fue parte del discurso proselitista, los sucesivos gobiernos locales no aplicaron políticas públicas en ese sentido.

Mientras que los gobiernos nacionales y provinciales se embanderaron siempre en la lucha contra el narcotráfico, con importantes recursos dinerarios, nunca invirtieron en la lucha contra los consumos, quedando éste siempre liberado. De ese modo, cada vez que un canal de oferta fue neutralizado, la demanda, inmediatamente, lo reemplazó para seguir abasteciéndose. Así es que el consumo, especialmente en la infancia, ha crecido ininterrumpidamente, nutriendo la delincuencia y la prostitución infantil, y afectando la realidad de muchas familias, especialmente en los sectores más vulnerables.

En Gualeguay, aunque se inventó una cartera exclusiva para atender la problemática, duplicando recursos con la cartera social, ésta no tiene la capacidad de dar soluciones concretas a las víctimas de este flagelo, ni a sus familias, ni lidera políticas públicas que las promuevan en algún momento.

Educación pública

La crisis educativa actual resulta de un proceso de degradación inciado décadas atrás, y es común en todo el país, no solo en lo que se refiere a los resultados educativos, sino, también, en cuanto a la asistencia y al abandono escolar. Si bien es una de las cuestiones de jurisdicción provincial, eso no priva al gobierno municipal de preocuparse y ocuparse por algo que afecta a sus ciudadanos, exigiendo o gestionando soluciones al gobierno provincial, ni de apuntalarlo con lo que esté a su alcance.

Así es que nunca alguna gestión municipal se interiorizó en cuestiones educativas, y siempre han sido indiferentes, tanto a las consecuencias en sus ciudadanos de una educación insuficiente, como a la situación desencadenante de las ausencias y los abandonos, los cuales se originan en problemas sociales de su estricta incumbencia.

Información pública

Desde siempre, los gobiernos pretendieron que sus gobernados sepan lo menos posible sobre sus actos, y que solo supieran lo que les convenía. Todos, desde su gobierno, hicieron propagandas disfrazadas de noticias, difundidas por los medios alistados por la pauta pública, a la vez que desconocieron siempre el concepto de información pública.

Esto no ha cambiado, solo se ha modernizado con las redes sociales, lo cual permitió a las gestiones incursionar en la oferta de noticias, compitiendo incluso con los medios, pero sin abrir la realidad íntima de la gestión a la sociedad, la cual es obligación por ley. Tal es así que, desde hace décadas, los ciudadanos no tienen a su alcance un boletín oficial con las ordenanzas y decretos que se emiten, ni hay un espacio digital que contenga esta información pública y a la que puedan acceder libremente los vecinos.

A pesar de que en el mundo las áreas de comunicación pública ascienden en los organigramas de los gobiernos, en Gualeguay sigue siendo una oficina que solo se utiliza para contar el relato oficial, discrecionalmente, en forma de noticia, a través de las redes, olvidando que un área de comunicación pública debe ocuparse de difundir información pública, y promover su conocimiento, y no de hacer propaganda, mucho menos con noticias selectivas compitiendo con el periodismo.

Institucionalidad

Los nuevos tiempos han traído consigo la modernización de los sistemas de gobierno, permitiendo ampliar la participación popular y agilizar los trámites necesarios para ello, pero, las sucesivas gestiones gualeyas, más interesadas en conservar su control político que en gobernar para el pueblo, siempre evitaron innovar en estos aspectos, y, cuando lo hicieron, fue pervirtiendo su uso en su beneficio.

Así es que Gualeguay no tiene una carta magna, ni su territorio está dividido en juntas vecinales, ni aplica un presupuesto participativo, ni tiene un organigrama adecuado para gobernar, ni cuenta con un Consejo Deliberante cuya representatividad lo califique como contralor y aval del gobierno.

Ningún gobierno se interesó nunca en innovar en estos aspectos para un mejor aprovechamiento de los recursos en interés de la gente, y, desde siempre, los recursos se gastaron según los intereses particulares de la clase política, y el esfuerzo de un millar de trabajadores municipales se esfumó en la nada.

Conclusión

A partir de este repaso de las realidades de Gualeguay en cuanto a inclusión, empleo, salud pública, vivienda, infraestructura pública, servicios públicos, energía, medioambiente, ordenamiento y seguridad, adicciones, educación pública, información pública, e institucionalidad, se puede comprobar que, desde hace décadas, nada se ha hecho en Gualeguay.

Seguramente, no debe ser fácil gobernar más de 40 mil almas, distribuidas en 100 kilómetros cuadrados, con mil trabajadores y un funcionariado partidario, pero lo grave, o triste, es que, según se observa en este repaso, las gestiones locales nunca lo intentaron, a pesar de contar con los recursos humanos, técnicos y económicos para hacerlo. Nunca hubo, en las últimas décadas, una gestión gualeya con un proyecto de gobierno, ni una agenda política con sus objetivos públicos. Nunca, más allá del discurso, proselitista o no, a la clase política le interesó dar soluciones concretas a su pueblo.

Es cierto que hubo coparticipaciones en federales, pero también las hubo en agrodólares, así como es cierto que hubo hiperinflaciones, recesiones y demás deudas, pero todas esas situaciones fueron compartidas con otras ciudades, las cuales no sufrieron la postergación que sufrió Gualeguay. Todo esto desnuda la responsabilidad de las sucesivas autoridades en la postergación actual de la ciudad.

Ahora bien, a partir de la pandemia, y de todo lo que ésta ha desatado, se puede comprobar que ese desinterés por gobernar se ha convertido en incapacidad, no solo en los partidos de la vieja politica, sino, también, en la nueva política, la cual terminó cultivando los mismos vicios de la otra. De esa manera, la clase política actual, sea del color que sea, ha demostrado no calificar para dirigir la ciudad, y, dejarla en sus manos después del 2023, seria un acto de extrema necedad por parte de los ciudadanos.

Por último, vale señalar que la pandemia no solo ha expuesto la incompetencia de toda la clase política para gobernar la ciudad, sino que instaló el temor sobre el costo de una nueva gestión en manos de unos u otros, de lo que se desprende la imperiosa obligación de la clase dirigente de intervenir en el destino de la ciudad, primero marcando la agenda política del gobierno con el desarrollo de políticas públicas urgentes y necesarias, y, segundo, promoviendo una alternativa política sana y ajena a los vicios del pasado, integrada por hombres y mujeres, capacitados y capaces, comprometidos con la ciudad, que quieran hacer algo que no es tan difícil hacer. Un grupo que comulge el mismo interés por Gualeguay, y esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Para el resto está la estructura municipal.

Norman Robson