Leyes, ausencias y caos del Gualeguay

Por ejemplo, desde la violencia de género hasta el tránsito, pasando por los agroquímicos y el ordenamiento urbano, el problema es que la sociedad no respeta las leyes y el Estado no las hace cumplir. Una rápida mirada a la realidad nos permitirá confirmar esto.

Las leyes que protegen a la mujer tienen años, pero, como nunca las impusimos, creamos su “empoderamiento” por ley. Las que ordenan el tránsito tienen años, pero, como nunca las impusimos, legalizamos el secuestro por ley. Las que nos protegen de los agroquímicos tienen años, pero, como nunca las impusimos, queremos prohibirlos. Las que ordenan el crecimiento urbano tienen años, pero, como nunca las impusimos, hoy todo es desorden. Un desorden que, rápidamente, deriva en intolerancia, y, ésta, en violencia.

Las leyes son para cumplirlas y hacerlas cumplir, pues así se garantiza la convivencia actual y futura. Para ello se dictan y para imponerlas se le confiere el poder de policía al Estado. De eso se trata la república.

La protección del río, como la de su fauna, lleva años legislada, pero ello significa, sí o sí, la tarea de hacer cumplir esa legislación. Hoy impera en el río Gualeguay el abuso, tanto en la contaminación de sus aguas y en la depredación de su fauna, como en la extracción de sus arenas y en la construcción de terraplenes. Caos y anarquía a la orden del desorden.

Aunque nadie lo sepa, hay leyes bien claras contra la contaminación, la depredación, la extracción y la alteración arbitraria o desmedida de su curso, pero nadie las cumple, nadie las hace cumplir, y nadie hace nada para que se cumplan o para que las hagan cumplir. Solo existen los talibanes ambientalistas que, en su afán vedetista, se rasgan las vestiduras, insultan y difaman, sin los más mínimos argumentos veraces, solo para mostrarse preocupados, y no para lograr soluciones.

En este marco, el esfuerzo de partes públicas y privadas por generar escenarios ordenados y sustentables choca contra las políticas implementadas sin sustento político. O sea que la improvisación por parte de un Estado ausente redunda, lógicamente, en caos, anarquía, desorden, intolerancia y violencia.

¿Quien le pone el cascabel al gato?

Esto, guste o no, le compete a la autoridad del territorio, el intendente, quien es el responsable ante el pueblo de que las cosas funcionen. El río debe ser controlado y si el primer responsable, el Estado provincial, no lo hace, el Estado municipal es quien debe articular los recursos para hacerlo él mismo, ya que para ello tiene poder de policía en su territorio.

Esto es fácil de implementar firmando un convenio con Ambiente provincial, que delegue el poder de policía en el municipio, sumando a Prefectura y a Policía, y costeando todo esto con el cobro de tasas a los distintos explotadores. O sea, haciendo cumplir la ley, la cual regula la captura de peces, la extracción de arenas, su contaminación y la alteración de su geografía.

De este modo, podrían convivir pacíficamente la pesca comercial y la deportiva, la actividad industrial, la agropecuaria, y la turística, todo como base de un desarrollo sustentable transversal a toda la sociedad.

En definitiva, si los particulares y los privados nos aviniéramos a respetar las leyes, el Estado a imponer su cumplimiento, y las asociaciones civiles a velar por un correcto funcionamiento del sistema y a hacer corregir lo que haya que corregir, viviríamos y creceríamos en paz. O sea que, si cada uno hace lo suyo, todo sería mucho más lindo, para nosotros y para nuestros hijos.

Pero, bueno, todo eso significa un trabajo que nadie se lo quiere tomar…

Norman Robson para Gualeguay21