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Licencia para robar

Proemio: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”. (Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Ayn Rand, escritora y filósofa fallecida en Nueva York, marzo de 1982).

No es ciencia ficción ni una chanza más en el día de los inocentes. Parece ser real y así lo expresó a los medios un letrado local que defiende a un tío (rico), a sus tías (actual y ex) y primos que, según la pesquisa judicial que lleva varios años, se habrían enriquecido ilícitamente.

En estos días tórridos los entrerrianos hemos vuelto a ser sacudidos por una noticia desagradable y harto desalentadora, que bien podría traducirse como: el que roba mucho y algo devuelve merece la libertad y la impunidad de sus parientes cómplices.

En efecto, parecería ser ese el destino final de quien ya lleva cinco períodos ocupando una banca en la Legislatura entrerriana y, a la par, funge como secretario General de la UPCN.

Me estoy refiriendo al empleado público, categoría 10 (la más baja del escalafón administrativo), José Ángel Allende, hijo de quien fuera apoderado y reorganizador del Movimiento para la Democracia Social del Almirante genocida Eduardo Emilio Massera.

Según lo publicado en los medios provinciales, se estaría cerrando un acuerdo bajo la forma de Juicio Abreviado entre el imputado Allende y la Procuración General, bajo ciertas condiciones.

A saber: el diputado renuncia a su banca, acepta expresa e incondicionalmente el hecho imputado como enriquecimiento ilícito, por el que sería condenado a una pena menor de tres (3) años de cumplimiento condicional (no deberá soportar encierro en ninguna unidad carcelaria), se lo inhabilitaría de por vida para ocupar cargos públicos (esta penalidad es accesoria e ineludible en este tipo de delito) y devolvería al Estado un porcentaje (se rumorea de un 25 por ciento, aproximadamente) de lo mal habido (que se conoce y se ha probado judicialmente), sin que se extienda dicho proceso y penalidades consecuentes, de existir, a ninguno de sus familiares implicados (ex y actual cónyuge e hijos).

Este arreglo causídico, de ser cierto y llegar a concretarse, dejaría sentado un pésimo y aleve antecedente, funcional a la corrupción y a la impunidad y muy desalentador para quienes cultivan la virtud de ser decentes, incluso para aquellos practicantes de la maldad en pequeña escala, que en mi barrio los llamamos ladrones de gallinas.

Juicio abreviado

Es un sinsentido (i.e., una osadía exorbitante) apelar en este caso al instituto del juicio abreviado, cuando el proceso lleva ya varios años, la mayoría de ellos durmiendo plácidamente en algún arcano anaquel de la Procuración General, lo que exhibe “iuris et de iure” incuria y desidia investigativas de modo ostensible e inexcusable.

Aún, computando a favor del gran acusador provincial, que este expediente se rige por el viejo Código Procesal Penal (ley 4843), donde era el juez y no el fiscal quien llevaba adelante el impulso investigativo (dirección del proceso).

Acuerdo espurio

Lo más oscuro y escandaloso del virtual acuerdo, estaría dado por la conformidad prestada por la Procuración General, primero, y el Tribunal de Juicio después, para que el diputado enriquecido ilícitamente restituya solamente un porcentaje de lo saqueado al Estado Provincial (extinción parcial de dominio).

Si esto es así, devendría en un mensaje procaz y amoral para toda la ciudadanía: “reconozco que robé, devuelvo un pedacito del botín y a cambio de ello, gozo de libertad para poder disfrutar del resto con mis familiares cómplices a quienes se les garantizó impunidad”.

No es sólo un delirio por el mensaje disvalioso que deja en el tejido social, sino que además, es una aberración jurídica: permitiría la disponibilidad de la acción a gusto y antojo del cabecilla del saqueo a los bienes públicos, quien asumiría -y concentraría en su persona- toda la responsabilidad del delito cometido a cambio de la impunidad de sus coautores o partícipes.

Esto, en una suerte de nueva excusa absolutoria: “¡¡¡lo primero es la familia!!!” (tardía preocupación del pillaje político de los últimos tiempos).

Las cosas por su nombre

Para ser justos, de concretarse, este acuerdo debería llamarse juicio arreglado. En rigor, los únicos tópicos que se abreviarían (i.e., se reducirían) es la suma a devolver de lo robado y la cantidad de sujetos investigados, ya que se excluiría a los familiares del millonario legislador implicados en la trama delictiva.

Se fijaría así un piso o doble estándar de política criminal, violatorio de la igualdad ante la ley: el político o funcionario que roba sabe de antemano que puede zafar devolviendo algo de lo mal habido y reconociendo que se enriqueció en forma ilegal.

Cartabón o baremo que, difícilmente, podrán esgrimir en defensa propia quienes roban dineros privados no siendo funcionarios o políticos.

Ritmos políticos

La causa durmió por años en la Procuración y, según algunos operadores judiciales con añares de experiencia y que conocen al dedillo al Fiscal Mayor, éste habría usado subalternamente -como otras veces- el explosivo expediente para disciplinar al poder, en una suerte de práctica conocida como “Oyarbidización” (por asimilación al patrón de conducta del ex Juez Federal, Norberto Oyarbide), caracterizada por un manejo magistral del timing político, en el sentido de que una misma acción puede tener efectos dramáticamente distintos, dependiendo del momento en que se emprenden.

El responsable del acuerdo

Hay una escisión en la dinámica del acuerdo que genera dudas (i.e., perplejidades) y despierta variopintas suspicacias, pues todo indicaría que este paquete transaccional bajo la forma de juicio abreviado está habilitado/consentido (i.e., cohonestado) por el Procurador General. Sin embargo, serían los fiscales de base que llevaron adelante la investigación (Cattáneo, Arramberry y Malvasio) quienes deberían suscribirlo junto con la defensa técnica del enriquecido Allende.

Y no sería éste un detalle menor ni un olvido ingenuo: la reacción de la sociedad, enfurecida ante tamaña guarangada jurídica en beneficio de políticos timadores, recaería de lleno sobre laboriosos e intachables fiscales que integran la base de la pirámide organizacional del Ministerio Publico Fiscal.

Ellos no serían los responsables directos ni siquiera los mentores del escandaloso y desopilante acuerdo. Correspondería, dada la trascendencia del mismo, que llevara la firma del Procurador General y que fuera él, quien asumiera todas las responsabilidades y consecuencias del caso.

Decisión desalentadora

Quizás sin quererlo, pero empujados por las circunstancias que sólo el Procurador General y el enriquecido Allende conocen, el inmoral e ilegitimo acuerdo da carnadura real al legendario y popular cambalache discepoleano, generando en la muy mayoritaria población decente, que sólo conoce al trabajo honrado como único medio para conseguir recursos económicos, una especie de náusea Sartreana o espanto existencial que genera zozobra, indignación y profundo cansancio moral.

Imposibilidad del juicio abreviado para corruptos

En mi humilde opinión, los funcionarios públicos no podrían optar por el juicio abreviado en los delitos de corrupción, de la misma manera que no pueden beneficiarse con una suspensión del juicio a prueba (probation), cuando se trate de delitos cometidos en ejercicio de la función.

Convengamos que el funcionario imputado transa su pena con el fiscal causídico, una vez que su abogado le transmitió que lleva todas las de perder.

Es un beneficio inmerecido y que, insisto, genera inequidades manifiestas e inexcusables.

De esto deberían tomar nota los legisladores entrerrianos y rápidamente presentar un proyecto que impida hacer uso de este instituto a quienes resulten imputados por delitos contra la administración pública.-

Epílogo

Ojalá prime, en los decisores judiciales, la racionalidad y el sentido de justicia de Ulpiano de “dar a cada uno lo suyo”, y este bochornoso acuerdo quede en la nada y no haya pasado de ser, apenas, producto de habladurías de algún delirante irresponsable.

Por la salud de la República y el futuro de nuestros hijos y nietos, ojalá calen más hondo en la conciencia del Procurador General las reflexiones profundas de la filósofa citada al inicio, que un acto de sumisión al desesperado antojo de un saqueador profesional.

Pongo mi esperanza en que, fuese por el Funcionario Judicial que tenga la última palabra -Fiscal o Juez- o por la fuerza indómita del clamor popular, esta vez la honradez no se convierta en un auto-sacrificio ni que la corrupción tenga su recompensa. Sólo así, la sociedad no será quien resulte condenada.

Rubén A. Pagliotto para Análisis Digital

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