En ese contexto, estos radicales comprometidos con la producción entrerriana valoraron la reacción del sector productivo frente a la evidente violación de la propiedad privada, y en resguardo de los derechos y garantías que contemplan las Constituciones Nacional y Provincial, manifestándose pacífica pero contundentemente, a la vez que destacaron la actitud y conducta de la Policía Provincial, tanto durante la usurpación, como a la hora del desalojo.
Del mismo modo, señalaron dos niveles en el accionar de la Justicia, uno lento y de cuestionable desempeño, y un segundo momento, luego apelada la sentencia, donde interpretó la gravedad del hecho, apuntaron contra los protagonistas de la usurpación, quienes demostraron que responden a un fin político, y lamentaron tanto la introducción de una situación intrafamiliar, como la aparición de personalidades políticas de nivel nacional cuando ya todo estaba resuelto.
Por último, y en el mismo sentido, este grupo radical consideró deplorable la participación del Gobierno Nacional en la usurpación, y la justificación de Grabois por parte del propio Presidente de la Nación, a la vez que criticó la indiferencia del Gobierno Provincial, y terminó reconociendo que quedó bien en claro que ni esta provincia, ni el país, están dispuestos a permitir que se pisoteen ninguno de sus derechos.
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