Lo que la ley dice y otros no quieren que diga
Más allá de que nos convenzan de que el desorden es culpa nuestra, las leyes son claras y alcanzan tanto a los que las violan como a los que miran para otro lado para no actuar, mientras que los ciudadanos que callan frente a esto son meros cómplices de todos los anteriores.
Así lo establece el Código Penal Argentino, que es la ley que rige en materia de delitos y sus sanciones en el territorio nacional. Dicho de otra forma, es lo que nos determina qué es un delito y qué no.
En su artículo 205, este Código Penal Argentino, redactado muchísimo antes de que llegara el coronavirus al país, castiga con prisión de seis meses a dos años a quienes violen las medidas adoptadas por la autoridad competente tendientes a evitar la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa, sea por acción u omisión.
De igual modo, el artículo 239 dispone prisión de quince días a un año al que se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, y el 248 dispone prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial por doble tiempo, para el funcionario público que no ejecute las leyes cuyo cumplimiento son de su responsabilidad.
De la misma manera, la Ley considera que es obligatorio para todos los funcionarios públicos denunciar cualquiera de estos delitos.
Como podemos apreciar, la Ley es clara y concreta cuando se trata de las medidas dispuestas para evitar la propagación de un virus. Es un delito, así como lo es que un ciudadano se resista a la autoridad que lo obligue a cumplirlas, o que la autoridad no obligue su cumplimiento.
Del mismo modo, la Justicia también es clara cuando afirma que, con todo esto, la justicia penal no persigue un control caprichoso de la sociedad, sino que persigue el restablecimiento del orden público y la protección de la integridad de los individuos.
De acuerdo a todo lo expuesto, si, en el marco de esta pandemia, un grupo de ciudadanos organiza un encuentro social, y participa del mismo, violando las medidas implementadas para evitar cualquier posible propagación del virus, no se le labra un acta por ruidos molestos, sino que se los detiene y se los pone a disposición de la Justicia.
Eso es lo que la ley dice que se debería hacer, y que el no hacerlo sería un delito. Pero eso es solo lo que la ley dice, otra cosa es lo que los hombres dicen que la ley dice.
Norman Robson para Gualeguay21