Los números que no mienten
Muchos compañeros, correligionarios, cumpas, camaradas y compatriotas en general, del palo que sean, se llenan la boca hablando de la oligarquía y de la distribución de riquezas, pero, en realidad, solo repiten las falsas consignas impuestas por la nefasta clase política argentina. Una simple mirada a los presupuestos, al producto bruto, y a la pobreza permiten una visión cercana a la verdad.
Por ejemplo, en la Argentina, los distintos presupuestos para el año 2020 señalaron un gasto de 25 mil millones de pesos en el Congreso de la Nación (329 legisladores), de 55 mil millones de pesos en las Cámaras legislativas provinciales (1.199 legisladores), y de unos 20 mil millones de pesos en Concejos Deliberantes (15.000 concejales), alcanzando los 100 mil millones de pesos, lo que equivale a unos mil millones de dólares, más o menos, según la cotización que se elija.
Cabe recordar que el objetivo de todos estos legisladores y concejales es normar, a través de leyes u ordenanzas, según el caso, la convivencia y las actividades dentro del territorio argentino, a la vez que, también, deben velar por una buena práctica política en todos los niveles de la administración pública.
Para dimensionar este enorme gasto, tomenos el Producto Bruto Interno previsto para 2020, el cual significa la suma de todos los bienes y servicios que produjeron el país tanto por empresas nacionales como extranjeras. Esa previsión fue de unos 500 mil millones de dólares, sin contar con la pandemia, de lo cual resulta que el 20 porciento se gastaría en estos legisladores y concejales.
Dicho de otra forma, quienes se arriesgan y se esfuerzan por producir riquezas en la Argentina, al pagar los exagerados impuestos, destinan un quinto de su producción a costear los aparatos legislativos y deliberativos del país. De cada 100 pesos que cada argentino produce, 20 van a los bolsillos del aparato legislativo deliberativo nacional.
Ahora bien, en un país donde nadie respeta las leyes, ni siquiera las propias Justicias, menos los Ejecutivos, y donde la pobreza alcanza a la mitad de la población, a pesar de ser una Nación privilegiada en recursos naturales, semejante proporción del gasto en una legión de simpatizantes políticos, cuyo único merito ha sido militar para uno u otro partido, es el peor de los contrasentidos.
Si bien pueden haber excepciones que hagan a la regla, y las hay, éstas son contadas con los dedos de una mano, y no alcanzan a incidir en la mayoría, la cual se caracteriza por su incapacidad, desinterés y falta de compromiso con la función. Tal es la alevosía del caso, que legisladores nacionales han convertido sus bancas en verdaderas pymes, con entre 10 y más de 20 “trabajadores” a cargo cada uno.
Estos números muestran la realidad política argentina, ni hablar si se le suman a éstos los cargos distribuidos entre sus simpatizantes y militantes por los poderes judicial y ejecutivo, todos costeados con el mismo producto bruto interno.
Por lo tanto, lo expuesto pone en evidencia cuáles son las verdaderas oligarquías argentinas, que no son aquellas que producen, sino aquellas que gastan sin dar nada a cambio, y, a partir de ésto, cuáles son las verdaderas injusticias en la distribución de riquezas. Desde hace mucho tiempo, en la Argentina, el poder está en las manos de una nefasta clase política, con alguna que otra adherencia privada, todos asociados para mantener los escalofriantes niveles de injusticia social para su propio enriquecimiento.
Así que, antes de hablar de la oligarquía y cuestionar la distribución de riquezas, recordemos éstos números de producción, gasto y pobreza, y apuntemos donde hay que apuntar.
Norman Robson para Gualeguay21