Micaela y Úrsula: ¿Víctimas de políticas equivocadas?

Desde mediados del siglo pasado, a partir de iniciativas del gobierno nacional y el Congreso, acompañadas por distintos colectivos feministas, y replicadas por legislaturas y ejecutivos a lo largo y a lo ancho del país, las mujeres han logrado muchas “conquistas”, pero éstas no parecen haber contribuido a su seguridad e integridad, ya que el índice de femicidios no ha cedido significativamente. Algo no está funcionando, y, ni las leyes Micaela, ni ninguna de las demás acciones, han impactado reduciendo los niveles de violencia. 

Salvando las diferencias de cada caso, tanto Micaela como Úrsula terminaron muriendo por indiferencia del Estado. En ambos hechos, el sistema no las defendió, a pesar de todo lo actuado en materia de protección de la mujer.

Sebastián Wagner, homicida de Micaela, luego de reiteradas violaciones en Concepción del Uruguay, la Justicia ignoró su peligrosidad y lo dejó en libertad luego de cumplir apenas 4 años de prisión. Una vez en libertad, secuestró, violó y asesinó a la joven.

Por su parte, el policía matador de Úrsula, la hostigó durante meses, lo cual fue debidamente denunciado, reiteradas veces, por la joven, pero ignorado sistemáticamente por la Justicia, hasta que un día él la llevó a un descampado, y la asesinó de múltiples puñaladas.

En ambos casos, al igual que en muchos otros, falló el sistema. Ninguno de los funcionarios intervinientes en ambas situaciones se preocupó por proteger la integridad de esas jóvenes. Ni en Entre Ríos, ni en Buenos Aires. La liviandad, la displicencia y la negligencia con que atendieron sus casos resultaron criminales, ya que de haber obrado de acuerdo a todo lo legislado y a todo lo instruido, tanto Micaela como Úrsula estarían hoy entre nosotros.

Estadísticas

Pero estos escalofriantes crímenes no son excepciones extraordinarias, sino que hubo muchos otros en similares circunstancias. Algunos femicidios pueden haber sorprendido a los ámbitos en que ocurrieron, pero, sin lugar a dudas, las crónicas de muertes anunciadas no fueron pocas, y el factor común ha sido siempre el Estado indiferente.

Si bien no contamos con estadísticas detalladas en lo que se refiere a la situación previa a los crímenes, éstos no se han reducido sustancialmente en lo que va de este siglo. Si tomamos el pico del 2002, con 305 femicidios, y lo comparamos con los 270 del año pasado, vemos que todo el bagaje de leyes y campañas solo ha impactado en una merma de apenas 11 porciento.

Del mismo modo, si nos enfocamos en los últimos años, desde el año 2014, con 225 casos, hasta el año pasado, la cantidad de femicidios ha mantenido, mes a mes, un crecimiento casi constante, totalizando un 20 porciento.

Historia

Pero detrás de todo esta situación hay una historia, a lo largo de la cual las argentinas fueron conquistando sus derechos. Desde 1947, cuando el Presidente Perón impulsó la Ley de Derechos Políticos de la Mujer, hasta hoy, muchas fueron las conquistas reales de las mujeres, en términos de derechos, que fueron traducidas en leyes.

Tal es así que, en 1985, se ampliaron las libertades individuales de las mujeres y otros reconocimientos como la potestad compartida sobre los hijos, la eliminación del adulterio como delito, y una nueva tipificación para los delitos sexuales, todo en línea con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, celebrada por las Naciones Unidas en 1979.

Así fue hasta que la reforma constitucional de 1994 jerarquizó aquellas conquistas, y, en el 2006, al adoptar el protocolo propuesto por la Convención, hubo un marco jurídico para que las mujeres puedan ejercer esos derechos. De ese modo, todo quedó listo para que el Estado materializara el nuevo orden de igualdad entre hombres y mujeres. 

Crónicas de sangre

A pesar de estas conquistas, y antes de que llegaran las políticas de género, no faltaron energúmenos que asesinaron  mujeres. Los casos de Monzón, Barreda y Carrascosa conmovieron a la sociedad Argentina, uno por tratarse de un ídolo deportivo, el otro por haber atacado a escopetazos a las cuatro mujeres con las que convivía, y el último por ser, erróneamente, el principal sospechoso del asesinato de su mujer, María Marta García Belsunce, de cinco balazos en la cabeza y creer que se cayó en la bañera.

La primera crónica dice que Carlos Monzón, otrora boxeador campeón del mundo, en 1988, empujó a golpes del balcón de su casa a su entonces pareja, quien falleció al impactar contra el piso, y que, para.encubrir el crimen, se tiró detrás de ella. En 1989, un tribunal lo juzgó y lo condenó a 11 años de prisión y el pago de una indemnización de 5 mil dólares. Falleció en 1995, en un accidente automovilístico, en una salida transitoria que había obtenido en el marco de su condena.

La otra crónica dice que Ricardo Barreda, odontólogo de La Plata, en 1992, mató a escopetazos a su esposa, a sus dos hijas, y a su suegra, y, en 1995, fue condenado a prisión perpetua. Barreda llevaba años siendo abusado sicológicamente por las mujeres de la casa. Su buena conducta le valió la prisión domiciliaria luego de 13 años, y la libertad condicional en el 2011. 

La última crónica dice que Carlos Carrascosa, corredor de bolsa que vivía en un country de San Isidro, en 2007, luego de una investigación plena de desprolijidades, fue condenado a cinco años y seis meses por encubrir el asesinato de su mujer, que había ocurrido en el 2002, por cinco tiros en la cabeza recibidos en la bañera de su casa. En 2016, fue absuelto de todos los cargos y el crimen sigue impune.

Por entonces no había línea 144, ni protocolos específicos, ni conceptos distintivos entre matar a un hombre o a una mujer. Las mujeres morían a manos de energúmenos tal vez tanto como ahora, pero no había diferencias de ningún tipo entre matar a un hombre o a una mujer.

La revolución progresista

Fue a principios del siglo XXI que llegó la revolución de la mano del poder político imperante en el país, y, en nombre del progresismo, vio la oportunidad de “revolucionar” la sociedad y dictar una ley que beneficie sensiblemente a la mitad del electorado. El argumento fue que había llegado el momento de restituirle los derechos a la mujer, aunque esos derechos ya estaban restituidos, y solo faltaba que el Estado los instrumentara.

De ese modo, en el 2009, se sancionó la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Esta ley inclinó la balanza, tal vez en exceso, en favor de las mujeres, quienes comenzaron a utilizarla como arma de venganza o recurso para imponer su voluntad en las hasta entonces equilibradas relaciones.

A partir de esta situación, comenzaron a evidenciarse altos índices de falsas denuncias contra hombres, y mayores roces entre las parejas, lo que derivó en un mayor nivel de violencia en las relaciones intergénero. Desde entonces, a partir de sonadas injusticias, el sistema, todavía en manos de los hombres, comenzó a mostrar injusticias que rápidamente lo llevaron a ser íntimamente cuestionado.

Conclusiones

Tal como vimos al principio, las estadísticas demuestran que la protección de la mujer sigue siendo una asignatura pendiente, ya que la evolución de femicidios expone que su realidad de indefención frente a violentos energúmenos del sexo masculino sigue siendo la misma.

Al mismo tiempo, vimos que, a lo largo de la historia, la sociedad acompañó siempre las legítimas conquistas de las mujeres, que los hombres nunca se resistieron a los cambios que se fueron dando, y que, antes de las políticas de género, ya se había generado el marco legal suficiente para proteger a las mujeres de cualquier tipo de ataque, solo faltaba un Estado que aplicara las garantías.

Pero a partir de principios de este siglo, con la llegada de las políticas de género, un nuevo marco jurídico significó una bisagra en la historia, ya que se alteró la equilibrada relación de la mujer con el hombre, colocando a éste en una posición de culpable, cuando, según la Constitución, todos somos inocentes hasta que se nos demuestra lo contrario.

Por otro lado, de repasar crímenes anteriores a esta era de protección de la mujer surge que la Justicia, aunque con aciertos y errores, siempre actuó contra los violentos, y que el Estado, en algunos casos, no tiene forma de preverlos.

Hoy, resulta muy difícil imaginar que algún argentino civilizado no comulgue con los derechos de la mujer, ya que todos aceptamos y respetamos todos sus derechos, y, quienes no lo hacen, forman parte de esa proporción de energúmenos que siempre ha existido, y seguirá existiendo.

Lo que es indiscutible, a esta altura, es que las medidas de prevención no funcionan, y que no lo hacen por la incidencia del factor humano interviniente, el cual parece no creer en todo esto, o no le da la importancia que tiene.

Sea como sea, lo cierto es que hoy se aprecia una exacerbada incredulidad en la atención de los casos de violencia contra la mujer, tanto en los que trascienden públicamente como en aquellos que se pierden en la rutina de la sección policiales. 

Una teoría

Todo lo expuesto alienta la sospecha de que el exagerado vuelco provocado por las políticas de género, favoreciendo a la mujer por sobre el hombre, ha desarrollado un escenario de injusticias que viene alentando la violencia en ñas relaciones, a la vez que genera situaciones de gran injusticia.

Esto, al mismo tiempo, plantea dudas sobre si las políticas de género no son solo meros discursos políticos desprovistos de cualquier acompañamiento de medidas efectivas y concretas.

Estas dudas, y las anteriores sospechas, al alcanzar los sistemas de seguridad y justicia, donde es predominante la presencia de hombres, se ha traducido en una desvalorización de la problemática que se convirtió en descreimiento, y éste en indiferencia.

Definitivamente, es tiempo de replantear las políticas de género y de tomarlas en serio desde el Estado.

Norman Robson para Gualeguay21