El texto lanza un llamado de atención sobre el tema desde el ámbito legislativo y propone poner en marcha “un mecanismo provincial de prevención de la tortura”.
El legislador indicó que ingresó el proyecto ante “varios hechos que se conocieron en el último tiempo” y recuerda que Argentina adoptó “una postura proactiva al momento de la redacción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que fuera impulsado por las Naciones Unidas”.
Ese Protocolo, indica, fue adoptado por nuestro país mediante la ley 25932. Dispone que cada Estado deberá crear mecanismos nacionales independientes a fin de prevenir la tortura, lo que también deben hacer los Estados Federales.
Fue por esto, explica Morchio, que en 2012 se sancionó la ley 26827, que crea un sistema nacional de prevención y en la reglamentación se instruye a las provincias para que adopten mecanismos en tal sentido.
El proyecto fue girado a comisión y podría ser tratado en la próxima sesión.
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