Cabe recordar que el barrio en cuestión fue parcialmente construido por un “consorcio de gestión”, una figura ilegal diseñada y creada para recibir los aportes de la Nación y llevar a cabo obras sin responsabilidades y sin los correspondientes controles del Estado. O sea, el “consorcio de Gestión” permite a sus “responsables” quedarse con parte del dinero sin rendirle cuentas a nadie.
En este caso particular la Gestión Erro conformó en 2013 un “consorcio de gestión”, sin personería jurídica, ni ningún tipo de compromiso legal, y le transfirió los 25 millones de pesos que le envió la Nación para construir el barrio 80 viviendas, pero éste nunca se terminó, sino que apenas se cumplieron dos tercios de la obra.
Los principales responsables de esta estafa son el ex Intendente, Luis Erro, y quien por entonces era su Secretaria de Desarrollo Social, Paola Rubattino, quienes, en nombre de la Municipalidad, crearon el “consorcio de gestión”, mientras que, por el lado de la entidad fantasma, Rubattino, y una comisión de amigos y funcionarios obedientes, se erigieron en autoridades. De este modo, Erro y Rubattino burlaron todo proceso de transparencia y se gastaron los 25 millones de pesos sin terminar las viviendas y sin siquiera comenzar con los servicios comunes.
Todo esto, resultado de una exhaustiva investigación, fue detalladamente expuesto ante la fiscalía local, y ante la opinión pública, por el director de Gualeguay21, Norman Robson, a través de ese medio.
Ahora bien, vale recordar que la principal responsable imputada en esta causa, Rubattino, es la esposa del responsable de la fiscalía local, Dardo Tortul, mientras que el fiscal que toma la causa, Agustín Gianini, es primo de Erro, quien ni siquiera ha sido imputado. O sea, el marido de la imputada es jefe del fiscal que es primo del otro imputado. Si sumáramos dos más dos, tal vez, descubriríamos que esto no debe estar permitido.
Igualmente, nadie se excusó y, desde un principio, a pesar de lo claro del delito perpetrado, la fiscalía interpretó el hecho de una forma muy particular, sin imputar a Erro y sin cuestionar la figura ilegítima del consorcio, orientando así la investigación hacia una muy discutible y manipulable malversación de fondos.
De este modo, pasaron los meses y, tiempo atrás, la “investigación” derivó en un par de llamativos allanamientos a un reconocido profesional local, quien habría sido señalado por presuntas “declaraciones” de albañiles contratados por el consorcio y aportados a la causa por cierto tipo de “informante”.
Vale resaltar que este profesional no fue nunca parte del “consorcio de gestión”, sino que sus servicios profesionales fueron contratados por el mismo para llevar adelante la obra., y, si bien es cierto que existen irregularidades y desprolijidades en las liquidaciones a los albañiles, el balance de los dineros que pasaron por sus manos, según lo auditado por la Justicia, demostró que no había habido faltantes.
Es decir que, debido a la informalidad de la mano de obra ocasional contratada por el “consorcio de gestión”, para poder cumplir con los compromisos del propio “consorcio de gestión” en términos de mano de obra, servicios y herramientas, el profesional se vio forzado a recurrir a “procesos” informales. O sea, la informalidad ilegal de la figura de “consorcio de gestión” obligó, en el afán de cumplir, a irregularidades e informalidades “en negro”.
Aprovechando esta situación, la fiscalía se encontraría “armando” la causa pervirtiendo y tergiversando los hechos de forma de imputarle a este profesional, de impecable trayectoria, la estafa del barrio 80 viviendas, liberando así a Rubattino, creadora del “consorcio de gestión“, y a Erro, su cómplice necesario para transferirle el dinero, quien no habría sido imputado para no forzar a Gianini a excusarse.
De este modo, la fiscalía ahora pretendería imponer la idea de que el profesional recibía cheques del “consorcio de gestión” para pagar la obra, que los cambiaba por efectivo, y que se quedaba con parte de ese dinero, justificando así la millonaria estafa.
Probablemente para encubrir este alevoso “armado” de la causa, la fiscalía dijo que los presuntos albañiles estafados habían sido aportados por el propio denunciante original, el director de Gualeguay21, quien nunca abonó a la causa desde su presentación original.
Esta mentira por parte de la fiscalía solo podría obedecer a una clara intención de, por un lado, legitimar sus falsas “pruebas”, y, por el otro, encubrir que ella misma, por si sola, en lugar de allanar la dirección del “consorcio de gestión” en busca de los comprobantes, o esperar que el propio municipio se los entregara, buscó, uno por uno, a los albañiles involucrados y “adecuó” sus declaraciones a su fantástico relato.
Hoy, aprovechándose de un hombre de bien estafado en su buena fe, la fiscalía, sin ningún tipo de escrúpulos, tendría todo listo y a punto para imputarlo por el “robo” del barrio 80 viviendas y, así, lograr que los flagrantes delitos de Erro y Rubattino queden, como siempre, impunes.
Por otro lado, vale destacar que, según fuentes confiables, esta no sería la primera causa “armada” por esta fiscalía para inculpar a un inocente.
De este modo, a la inagotable lista de delitos impunes adjudicados a la Gestión Erro, todos iniciados en la fiscalía de Tortul y, casualmente, perdidos o dormidos en los vericuetos de la Justicia, se le sumó esta causa donde la propia señora del fiscal de fiscales es la principal imputada.
Por último, corresponde aclarar que esta impunidad no se circunscribe solo al ámbito de la fiscalía local, sino que, por omisión, o indiferencia, alcanza, y compromete, a la propia Procuraduría General de la Provincia de Entre Ríos, en las manos del Dr. Jorge García, superior inmediato de Tortul, quien permite y consiente este escenario de temerosa injusticia.
El Pueblo quiere saber
Ante esta situación, quienes conocemos el grado de indefensión y vulnerabilidad de quienes podemos llegar a ser elegidos cómo víctimas, nos preguntamos:
¿Hasta cuándo deberá el Pueblo soportar la alevosa injusticia imperante?
¿Hasta cuándo deberá el Pueblo esperar para ver que se haga Justicia?
¿Hasta cuándo deberá el Pueblo temer ser la próxima víctima de este perverso sistema?
¿Hasta cuándo deberá el Pueblo tolerar que unos y otros se sigan burlando de nosotros desde su impunidad?
¿Qué debe hacer, entonces, el Pueblo para que la Procuraduría General asuman su responsabilidad en este asunto y tomen las medidas pertinentes que nos liberen de esta escalofriante realidad?
¿Alguien tendrá la integridad moral suficiente para hacer algo al respecto?
Norman Robson para Gualeguay21
