Proponen garantizar fondos a las Juntas de Gobierno

El proyecto apela al artículo 281 de la Carta Magna entrerriana, por el cual si pasado más de un año de la vigencia de ésta aún no fueron reglamentados ciertos institutos o mandas, el Ejecutivo podrá dictar “con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que exija la aplicación de los nuevos preceptos constitucionales”. Por eso, en caso de aprobarse la propuesta, el presupuesto 2017 deberá contemplar estos montos.

En su proyecto, el dirigente del PRO pide al Ejecutivo entrerriano que “incluya en el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2017, una partida compuesta por el 1 % de los recursos provenientes de la coparticipación nacional y el 1% de los tributos de origen provincial, con el objeto de que dichos fondos sean transferidos a las Juntas de Gobierno de la Provincia en concepto de asignación, modificando el sistema establecido en el Artículo 14º de la ley 7555”. Para ello, “deberá establecer la proporcionalidad de las asignaciones, respetando las escalas previstas para cada categoría de Junta de Gobierno, conforme lo establecido 14º de la ley 7555”.

Este régimen de asignaciones “tendrá carácter provisorio y se extenderá hasta el momento en que la Legislatura provincial sancione la Ley de Comunas y una nueva ley de Coparticipación que dé cumplimiento a la manda del art. 246 de la Constitución provincial”, concluye el proyecto, que cosechó el apoyo de sus pares de bancada.

Fondos para Juntas

Al argumentar su proyecto de declaración, Vitor recordó que la Legislatura aún adeuda la reglamentación del artículo 253 de la Constitución Provincial respecto de la ley de comunas. “Ello hace que siga aplicándose el régimen establecido en la antigua, limitada  y obsoleta ley Nº 7555”, remarcó el diputado, que entendió que la cuestión requiere “de una pronta atención legislativa aunque sea de manera provisional”. En ese sentido, recordó que en la actual Ley de coparticipación de impuestos, “no se prevé la inclusión de las Comunas en el sistema de reparto de recursos provinciales y nacionales. Y de la ley 7555, que regula una institución totalmente distinta de la que se establece en el articulado de la actual Constitución reformada, donde lo que se prevé como recursos no son coparticipaciones, sino asignaciones”.

El diputado recalcó que las necesidades de financiación para estas jurisdicciones rurales, “existe en la magnitud establecida en la Constitución Provincial, pero no tiene su correlato en la legislación ni tampoco en el presupuesto”, con lo cual “este desfasaje legal y consecuentemente financiero, tiene como resultado una deficitaria prestación de servicios en los centros de población rural, lo cual transforma a sus vecinos en ciudadanos de segunda clase”.

“La asignación de recursos adecuados y constitucionales, es una urgencia que debe ser encarada por el Poder Ejecutivo provincial, mediante un acto administrativo – político propio, hasta que se sancione por la Legislatura una Ley Orgánica de Comunas y una nueva Ley de Coparticipación que prevea la inclusión de las comunas”, instó.

Gualeguay21