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Proponen juzgar a menores mayores de 16


Ayer martes, funcionarios judiciales y senadores provinciales mantuvieron una reunión de trabajo sobre el Anteproyecto de Ley Procesal Penal de Niños y Adolescentes aprobado por el STJ.
Cabe destacar que la propuesta es producto del consenso y del trabajo de un amplio equipo interdisciplinario y, de acuerdo a lo expresado por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Claudia Mizawak, viene a saldar una deuda pendiente en materia de procedimiento penal juvenil.
A lo largo del encuentro, la Dra Marcela Davite y el Dr Pablo Barbirotto, parte autora del anteproyecto, se explayaron sobre los beneficios de implementar un proceso de responsabilización de adolescentes, con las mismas garantías que los mayores, y abandonar el viejo modelo que trataba a los niños como objetos de protección.
Pablo Barbirotto, hoy titular del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, desde hace tiempo viene trabajando y bregando por un nuevo marco jurídico para los adolescentes que delinquen y, en varias oportunidades ha dialogado con esta redacción explicando el tema.
De que se trata
La pretendida Ley Procesal Penal de Niños y Adolescentes, aplicable adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan un delito, es una iniciativa de las más avanzadas en la Argentina.
Si bien, hoy, los mayores son pasibles de un proceso acusatorio con todas las garantías constitucionales, no así los menores, quienes aún son sujetos a una vieja normativa que es contraria a la Convención de los Derechos del Niño y por ende a la Constitución Nacional.
Cabe recordar que los niños de 16 y17 años sí pueden ser investigados y sí pueden ser pasibles de una imputación, solo que la Ley Nacional dice que no son punibles, no se les puede poner una pena.
La propuesta en cuestión dice que se le debe hacer un proceso al menor, con todas las garantías correspondientes, y aunque no se lo pueda penar, para que se pueda determinar si es o no el autor del delito.
Hoy en día, ante el delito de un menor, solo se archiva la causa y, sea lo que sea que haya hecho, se lo sobresee por imputabilidad y, lo que es realmente grave, no se hace nada al respecto y queda como si no hubiera hecho nada.
Esto ocasiona un grave perjuicio sobre el menor: nadie lo ayuda. Si fue culpable, nadie lo ayuda a corregirse o a salir de su problema, y si era inocente, nadie lo ayuda a lidiar con la estigmatización impuesta por la sociedad.
En base a todo esto, la propuesta apunta a investigar y a declararlo culpable o no, y que, a partir de ahí, los equipos técnicos de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales puedan trabajar con ese menor.
El solo declarar al jovencito culpable permitirá que pueda recibir la asistencia adecuada, que se pueda hacer un abordaje profesional de la situación y, así, evitar que cometa otros delitos mayores.
Gualeguay21

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