Rechazo general por adicional al Vice intendente

Dicho rechazo de originó a partir de la difusión en las redes sociales de imágenes del Decreto firmado por Federico Bogdan, Gustavo Ipoutcha y Dora Bogdan concediendo a Balbuena un adicional del 25 por ciento sobre sus haberes retroactivo al pasado mes de marzo.

En su argumentación, el Decreto recuerda lo dispuesto por la Ordenanza 2619/2011 la cual el 22 de diciembre de 2011 fijó los sueldos del Intendente, del Vice y delos secretarios, al igual que la dieta de los concejales.

Ahora bien, la arbitraria medida disponiendo este beneficio solo al Vice Intendente despertó diferentes cuestionamientos en cuanto a su legalidad, a su legitimidad y a la oportunidad en que es aplicada.

Si bien el Decreto no expresa de forma clara el cuales serían los motivos que llevan a la gestión Bogdan a otorgar tamaño beneficio a quien lo secunda al frente de la Municipalidad, se sabe que aquella Ordenanza del 2011 estableció adicionales a lo que percibían el intendente, sus secretarios y los concejales, pero no al vice, pues se entendió que su función no lo requería.

Ahora bien, el primer interrogante que abre esta medida es su legalidad, ya que se aplicó a partir de un Decreto y no de una Ordenanza, tal cual lo exige las Ley 10.027 para los sueldos de los funcionarios electos.

El segundo interrogante es su legitimidad, ya que se desconoce cuáles son los argumentos que hacen merecedor ahora al Vice de tamaño adicional.

Finalmente, el tercer interrogante es la oportunidad en que se decide aplicar la medida, ya que, considerando la crisis económica que se vive, los complicados tiempos políticos, y el discurso que se esgrime desde el propio municipio, no es para nada el momento apropiado para otorgarle a un funcionario electo tan suculento beneficio.

Cabe destacar, también, que en el decreto no se encuentra argumentación alguna que establezca las razones por la cual la medida deba ser efectiva a partir del pasado mes de marzo.

Por último, trascendió que, conocido públicamente el tenor del decreto, con imágenes incluidas, no fueron pocos los desencuentros puertas adentro del ejecutivo municipal. Tal es así que, en el enojo, embistieron contra quien facilitó el contenido del documento, olvidando que son documentos públicos que deben estar a disposición de la ciudadanía.

Más allá de la legalidad y legitimidad de la medida, resulta indudable su carácter inoportuno y desafortunado, el cual permite instalar en la ciudadanía la sospecha de que puede haber un mayor interés en el beneficio personal que en la propia integridad del gobierno y su proyecto.

Por su parte, referentes políticos simpáticos y antipáticos al gobierno actual coincidieron en reconocer la sensación de que esta gestión no medita sus decisiones, ni las revisa cuando las firma.

Gualeguay21