… y la Salud era un Derecho

Cabe recordar, aunque insistan algunos en hacernos olvidar, que el Derecho a la Salud es uno de los principales Derechos Humanos, ese “paquete” de Derechos que algunos se arrogan defender pero solo están para la foto política.
Independientemente de esto, y más allá de las mezquindades del poder, el Derecho a la Salud fue, es y seguirá siendo un Derecho para cualquier ciudadano, sea que lo cumpla o no el Estado.
Esta aberrante ausencia del Estado, en nuestra ciudad, se da en, por lo menos, tres casos que sonaron fuerte en los medios, aunque ya se sabe de la existencia de varios otros.
Agos, Mati y Karen son tristes testimonios de que la Salud ya no es más un Derecho para los ciudadanos, salvo, claro está, que la víctima o algún familiar tenga alguna relación con algún pope político y, gracias a sus endiosados poderes, puedan ser incluidos dentro de este Derecho.
Simple y sencillamente vergonzoso.
Agos, de 8 años, luego de unas convulsiones sufridas en 2011, comenzó un vía crucis al cabo del cual nunca llegó a ser atendida tal como lo dispone la Ley de los Argentinos y la moral de quienes entendemos que el Estado debe estar presente.
Mati, ya con 30 años, un veterano en estas cuestiones, con una de esas enfermedades raras de pronóstico terminal e irreversible, hace más de una década que sufre la indiferencia de la obra social estatal.
Karen, 18 años, a partir de una situación traumática que le afectó el cerebro vive una situación vegetativa e, indiferente a esto, luego de un par de meses en el hospital local, le dan el alta para que sea llevada a su casa sin los más mínimos recaudos sanitarios.
Son tres casos con un común denominador: el alevoso abandono del Estado y la violación explícita del Derecho a la Salud que asiste a todos los ciudadanos que pisen el suelo de la República Argentina.
Hecha la ley…
Cabe recordar y destacar que Ley 24.901, sancionada en noviembre de 1997, define “el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral de las personas con discapacidad”, “contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.
Del mismo modo, esta ley determinó “que las obras sociales tengan a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de estas prestaciones”, entendiendo por persona con discapacidad a “toda aquella persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral”.
Pero, como muchas leyes, esta es, también, atropellada y pisoteada por quienes ostentan el poder, despreciando la vida de todos aquellos que sufren dolencias complejas que los excluye de por vida de una vida digna.
Las leyes existen y están bien hechas. Todo está dado para que exista y todos puedan acceder al Derecho a la Salud, pero los hombres que deben imponer el marco de este acceso están ocupados en la personal, indiferentes al dolor ajeno.
Tal es el caso de quienes mandan en el Ministerio de Salud provincial, en el IOSPER, y en el Hospital San Antonio, desalmados que incumplen sus más básicos deberes, no los de funcionario público, sino aquellos que lo califican como ser humano civilizado.
Norman Robson para Gualeguay21