Educación: Ser o no ser servicio esencial, esa es la cuestión
El mundo moderno se rige por deberes y derechos, los cuales, como hemos escuchado muchas veces, todos terminan donde comienzan los del otro. En este contexto, para que estas obligaciones y garantías alcancen a todos los individuos, es indispensable que el Estado esté continuamente presente con leyes y, cuando éstas no alcancen, con servicios, siempre cuidando de que no haya colisiones de ningún tipo entre unos y otros, sino que todos convivan en paz. El caso de la educación no es distinto a la salud, la seguridad y la justicia. Todos son esenciales, pero sin que eso vulnere otros derechos, y para eso es preciso un Estado presente, activo y efectivo.
Se trata del principal desafío de gobernar, el cual no es sencillo, menos es fácil, y nace a partir de la misma división de poderes, por la cual uno hace las leyes, el otro las cumple y hace cumplir, y el tercero arbitra que así sea. Así funciona, o debe funcionar, el Estado. Claro está que cuando el que hace las leyes las hace mal, el otro no las cumple ni las hace cumplir, y el tercero mira para otro lado, se desata el caos.
De este modo, el Estado es quien debe estar presente cumpliendo y haciendo cumplir un marco legal apropiado y efectivo que le garantice a los individuos el acceso a sus derechos y, al mismo tiempo, que los obligue a cumplir con sus deberes. En otras palabras, el Estado debe elaborar, implementar, cumplir y hacer cumplir las leyes que establezcan claramente los permisos y prohibiciones de una convivencia pacífica.
Ahora bien, cuando de este modo algún derecho no esté al alcance de algún individuo, o algún deber no sea cumplido por alguno, es el Estado quien debe crear un servicio que haga que el derecho sea alcanzado o que el deber sea cumplido.
De esta manera, y de acuerdo al carácter del derecho, hay servicios primarios, esenciales e importantes, mientras que también los hay secundarios, prescindibles y accesorios. Así, a partir de la Constitución Nacional, nacieron, por ejemplo, los derechos a la vida, a un juicio justo, al libre pensamiento, al libre tránsito, a la agremiación, y a la huelga, así como también los servicios en manos del Estado, como por ejemplo el trasporte público, la salud pública, la recolección de residuos, las fuerzas públicas, la justicia, y la propia educación pública.
Vale remarcar que el hecho de que el Estado sea también la patronal de quienes trabajan en los servicios públicos no priva a éstos de derecho alguno, sino que obliga al Estado a articular lo necesario para cumplir con todos sus derechos.
Ahora bien, cuando algunos derechos u obligaciones colisionan entre ellos, más aún si alguno es constitucional, el Estado debe arbitrar los medios necesarios para que ningún individuo sufra la pérdida de un derecho o algún individuo pueda incumplir algún deber.
En este contexto surgen los servicios esenciales, aquellos necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas que hacen al bienestar de los individuos, como los servicios de salud, de seguridad, de justicia, y, porqué no, de educación. Porqué éste no ha de serlo si son esenciales, también, los servicios de recolección de residuos y de transporte público de pasajeros. En síntesis, muchos son los servicios esenciales para los individuos, en particular si se encuentran tan postergados como en la Argentina.
No debería haber discusión al respecto. Hoy, quienes trabajan en los servicios de salud y de justicia pueden agremiarse y pueden hacer paro, pero eso no quiere decir que alguien vea coartado su derecho a la salud o a la justicia. Tienen toda la libertad de manifestarse y hacer huelga, pero no pueden dejar de atender a quienes los precisen de forma urgente. Igual debería ser en el caso de los servicios de seguridad y educación.
Resulta inconcebible que, más de dos décadas dentro del nuevo milenio, la justicia y la salud puedan hacer uso de sus derechos de agremiación y huelga, a pesar de ser servicios esenciales, mientras que los policías no, ni pueden hacer nada para defender sus derechos, y los docentes si pueden, privando del servicio por semanas de educación al año.
En síntesis, como sociedad moderna que pretendemos volver a ser, es necesario y urgente que el Estado se haga presente en el tema, determine que la educación, al igual que la salud, la seguridad y la justicia sean servicios esenciales, brindando un servicio que llegue sin interrupciones a todos los individuos, pero que no por ello ninguno se vea impedidos de agremiarse y hacer huelga en reclamo se sus derechos. El Estado debe articular las formas de que puedan asociarse y manifestar sus reclamos sin privar a la sociedad de sus servicios.
A rigor de verdad, a lo largo de nuestra historia inmediata, los docentes han hecho cientos de días de paro, y como la educación nunca interesó mucho a los gobiernos, nunca les sirvió de mucho. Tal vez no se trate de ser o no un servicio esencial, sino de tener gobiernos que gobiernen en beneficio del pueblo.
Norman Robson para Gualeguay21