De los registros oficiales de la Justicia provincial se desprende que, entre febrero y diciembre de 2025, la entidad sufrió 5.520 embargos por más de 15 mil millones de pesos, lo que significa un promedio diario de 24 amparos por 83 millones descontados directamente de sus cuentas bancarias, alrededor del 15 porciento del aporte total de los más de 300 mil afiliados estatales, muchos con ingresos por debajo de la canasta básica familiar y del aporte patronal del estado que se financia con impuestos.
Según una investigación realizada por UCR Activa, a meses de creada la OSER, la promesa de terminar con la judicialización, los amparos, los embargos y las deudas está incumplida, a la vez que explica que estos embargos son la consecuencia directa de amparos judiciales incumplidos por las autoridades de la entidad. Mientras tanto, miles de afiliados siguen litigando y el dinero de la salud sigue saliendo pero no para mejorar las prestaciones.
Por último, el documento demuestra que las autoridades del Poder Ejecutivo, los legisladores y los órganos de control están bien al tanto de la situación, y se pregunta hasta cuándo van a mirar para otro lado.
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