En la mañana de hoy, en Paraná, el Juez Dr. Juan Francisco Malvasio, en el expediente caratulado “Varios padres en representación de sus hijos, AGMER y Fundación Cauce c/Superior Gobierno de la Provincia”, en el que solicitaban una acción de amparo, resolvió hacer lugar a la misma. Pero el Gobierno ya respondió que, como la resolución no anula la licitación, ni rescinde el contrato vigente, ni impide el sistema centralizado de provisión, ni ordena regresar al mecanismo anterior, cumplirá lo dispuesto”, y continuará “con la transformación del sistema alimentario”.
Textualmente, la Justicia le ordenó al Gobierno provincial “que se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del art. 12 de la Ley 27642, debiendo garantizar en forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición”.
Por su parte, el Gobierno de Frigerio publicó que destaca la intervención de la Justicia y que “adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución”, pero entendió que el fallo ratifica sus facultades para “organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos”.
En otras palabras, el Gobierno celebró irónicamente lo actuado, y recordó, con la soberbia usual, que tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, y lo hará. De ese modo, dejó claro que no solo no le interesa la nutrición de los niños entrerrianos, sino que tampoco le importa extraerle 100 mil millones de pesos al comercio entrerriano.
Emulando a Atahualpa, qué triste el destino de los entrerrianos.
Norman Robson para Gualeguay21
