Días pasados, Entre Ríos sin Corrupción presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en relación a la Acordada del pasado 5 de febrero que suprimió su Cuerpo de Auditoría y desarmó los equipos profesionales distribuyéndolos en distintas partes del organismo.
Lo que preocupa a esa ONG, y debería preocupar también a todos los entrerrianos, son las posibles consecuencias institucionales de la medida, como la pérdida de la experticia y la independencia técnica del cuerpo, todo sin reemplazo alguno, afectando la calidad y eficacia de esa función de control.
Tan lamentable como conveniente para quienes ese Tribunal deba controlar. Cualquier perspicacia es mera coincidencia.
Norman Robson para Gualeguay21
