Según un trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justician dado a conocer la semana pasada, el Consejo de la Magistratura de la Nación, en sus 27 años de vida, recibió 5.170 denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales. De ellas, 4.910 están cerradas, un 94,97 por ciento, y 260 continúan en trámite. pero lo extraño es que, de las cerradas, solo 64 terminaron con la sanción o remoción de magistrados y magistradas, un 1,3 por ciento. La investigación “¿Justicia intocable?” evidencia los problemas de un sistema en el que nadie es responsable de lo que hace.
Cabe remarcar que este trabajo reúne datos oficiales del Consejo de la Magistratura, información extraída de respuestas a pedidos de acceso a la información pública presentados por ACIJ al organismo, testimonios de denunciantes y análisis de especialistas con el propósito de explorar el funcionamiento de la atribución de vigilancia sobre la magistratura.
En nuestro país, los jueces y juezas solo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones o por comisión de delitos. Esa garantía, establecida en la Constitución Nacional, es para evitar que sean desplazados por las decisiones que toman o perseguidos por razones políticas. Sin embargo, si los procesos disciplinarios impulsados por el Consejo de la Magistratura no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede transformarse rápidamente en garantía de impunidad.
Por último, se debe señalar el hecho de que menos de 2 de cada 100 magistrados denunciados hayan sido castigados genera interrogantes sobre la sospechosa ineficacia de estos procesos, a la vez que son conocidos los múltiples problemas que adolescentes los mecanismos disciplinarios y convenientemente, no son resueltos.
Norman Robson para Gualeguay21
