La mujer Policía que denunció la presencia de una cámara oculta en el vestuario femenino de la Comisaría Primera, y que por ello, desde aquel instante, viene sufriendo una serie de injusticias, ahora, a casi 50 días de aquello, solicitó a la juez interviniente, a través de sus abogadas, una serie de medidas de protección. Cabe recordar que, ante la irregular inacción de la Jefatura local, fue ella quien debió realizar personalmente la denuncia pertinente en los Tribunales locales, unas dos semanas después del hecho. Ante el pedido de la víctima, la juez concedió todas las medidas solicitadas.
A pesar de lo atravesado, y del estado emocional por el cual se encuentra de licencia, los hechos que motivaron este pedido son que fue obligada innecesariamente a ir a Jefatura personalmente y enfrentar a sus superiores, quela han visitado personalmente, la han llamado telefónicamente, y por whatsapp, siempre innecesariamente, y hasta le han hecho operativos de tránsito en la puerta de su casa cuando eso nunca había pasado antes.
A todo esto se agregan los comentarios sesgados y arbitrarios de la propia Jefa Departamental, desmereciendo lo atravesado por la víctima. Resulta curioso que quien siempre acostumbra retasear información, en este caso vertiera tales apreciaciones.
De este modo, la Justicia habría aceptado ordenarle a Jefatura y al personal policial que toda comunicación se haga a través de sus abogadas; que, si fuese necesario, sea con el menor contacto posible; que la Policía se abstenga de merodear o realizar operativos por la casa salvo que sea estrictamente necesario; que cesen de inmediato las declaraciones públicas sobre los hechos y su situación; y que se garantice que la víctima no sea más objeto de actos de hostigamiento, represalia, intimidación, exposición o perturbación.
Norman Robson para Gualeguay21
