En diálogo con esta Agencia, Cañete expresó que con la sanción de Diputados, “hoy culmina una labor que se realizó por casi dos años” y “define claramente una política salarial para el Poder Judicial”, ya que “no había nada oscuro, sólo se tenía que llevar a cabo una definición legal clara y concreta”.
Esta norma “responde a una gestión que empezó en 2010” y, luego “de revisar muchos reclamos, no encontrábamos un eco favorable”.
Por ello, “nos sentamos con el Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de Magistrados para evaluar de qué manera podíamos realizar el trámite”. En ese sentido, “pudimos llevar a la práctica a partir de un acta acuerdo del gobierno provincial y lo que necesitábamos era un marco de legalidad”.
De ese modo, “lo que se solicitaba era la confirmación con rango legislativo a los decretos que operaban en el marco la política salarial”. En ese marco, “necesitamos una norma para tener seguridad y saber que podemos fijar una política salarial a largo plazo”, destacó y aclaró que “no es un aumento”, ya que “se percibe desde hace tiempo y está previsto en la partida presupuestaria”.
La propuesta consta de varias instancias. Por un lado, se define la política salarial del Poder; por otro, se armoniza un ocho por ciento más un 15 de los vocales, es decir, se crea un adicional. Además, se brinda el respaldo jurídico a la liquidación del régimen de antigüedad de los judiciales entrerrianos, porque “hasta hoy, lo percibimos por decreto”.
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