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Caso Casualde: La corporación judicial salió al cruce de los abrazos

En pleno siglo XXI, y a poco de que se cumplan 50 años de democracia ininterrumpida, aquellos responsables del servicio de justicia en la provincia de Entre Ríos advirtieron, en un comunicado, que no se deben hacer públicas las quejas por sus errores en el cumplimiento de sus deberes. Para estos jueces y demás, quienes se sientan vulnerados deben, en silencio, reclamar por sus derechos a través de esos mismos que los violentaron. “Las pobladas les duelen”, manifestaron quienes pretenden una Justicia digna.

En el día de ayer, desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, “en atención a los hechos de público conocimiento contra resoluciones dictadas por el Juzgado de Niñas, Niños y Adolescentes de Gualeguay”, advirtieron, a través de un comunicado, que “los mecanismos procesales vigentes constituyen el método legal y adecuado para cuestionar las decisiones judiciales que se entiendan injustas o equivocadas”.

Cabe recordar, en primer término, que la Magistratura es la corporación gremial de los funcionarios de la Justicia provincial. O sea, quienes manejan la justicia en la provincia. La misión de esta entidad es, según el punto d) de su propio estatuto, “velar por el mantenimiento del orden, del respeto y la dignidad propios de la función judicial, a fin de que la labor que ella implica traduzca un constante propósito de superación científica y cultural”. De igual modo, en su punto k), se promete “defender el estado de derecho y el régimen republicano-democrático”.

En otras palabras, el comunicado de este sindicato de los trabajadores mejor pagos del Estado entrerriano comienza advirtiendo que las manifestaciones públicas de la sociedad de Gualeguay por lo que debería haber hecho el Juzgado de Familia en el caso Casualde, y no hizo, no corresponden, y que si alguien no está conforme con eso que no se hizo debe quejarse en esa misma Justicia.

En el mismo sentido, la Magistratura sostuvo en su comunicado que “todo reclamo público de justicia, si bien constituye el ejercicio de un derecho constitucional, no habilita a quienes se sientan afectados a exigir el dictado de una decisión en un sentido determinado”, remarcando que “los derechos a la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades pueden encontrar debido cauce en los recursos que las leyes procesales otorgan”.

En otros términos, los agentes de justicia entrerrianos le dicen a la sociedad que por más que crean tener el derecho constitucional a manifestarse, ésta no es quien para exigir nada, y que las soluciones que pretenda debe buscarlas por las vías judiciales. O sea que el derecho a la libre expresión sea en voz baja, y a puertas cerradas de algún despacho, o bien en silencio.

Por último, en el texto difundido, los jueces, fiscales y secretarios agremiados prometen que “tales herramientas legales aseguran el acceso a la revisión de las resoluciones judiciales, sin afectar la pacífica convivencia entre las partes y los operadores de justicia”. O sea que le prometen a la sociedad que encontrarán la solución que estén buscando en la misma Justicia que no hizo lo que debería haber hecho.

En pocas palabras, quienes brindan el servicio de justicia en la provincia de Entre Ríos, quienes, a la vez, garantizan su estado de derecho a los entrerrianos, le dicen a éstos que no hagan público lo que atenta contra sus derechos, que lo callen, y que solo se lo digan a los mismos responsables de lo que están sufriendo, que éstos se lo van a resolver.

Por último, cabe consignar que, en contacto con algunos que leyeron este comunicado, éstos lamentaron la posición adoptada por los agentes de justicia de la provincia de Entre Ríos, quienes, en lugar de revisar la conducta de quien no actuó como debería haber actuado, eligieron cerrar filas corporativamente para defenderlo, traicionando así su propio estatuto.

Norman Robson para Gualeguay21

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