Caza menor: Qué cambia realmente con la medida judicial de suspensión
Como todos los años, a principios de este año, el Gobierno de Entre Ríos, a través de una resolución, marcó la cancha para la práctica de la caza deportiva menor. Pero, la semana pasada, trascendió que el Estado entrerriano habría suspendido la caza silvestre autóctona, y, por ende, su práctica deportiva. A partir de esa medida, rápidamente, estallaron en las redes sociales las celebraciones del ambientalismo local y provincial. Para valorar correctamente la medida es preciso saber cómo se procedía antes y qué se dispuso ahora.
Desde mayo de este año, al igual que todos los años, una resolución habilita la caza de la liebre, la perdiz y el pato, pero solo en algunas zonas de la provincia, solo en un período determinado, y bajo estrictas condiciones. Este año, enmarcada en la Ley Nº 4841, Ley de Fauna o Ley de Caza, la resolución 1099 dispuso que la Caza Deportiva Menor esté habilitada entre el 14 de mayo y el 15 de agosto, y que cada cazador puede cazar hasta 4 liebres, 9 perdices, y 15 patos: 6 picazos, 3 sirirís pampas, 3 sirirís colorados, y 3 capuchinos.
Esta medida, en cuanto a las especies incluidas y al periodo de habilitación, se viene adoptando todos los años en conjunto con el Ente Coordinador Interjurisdiccional de la Fauna, entidad nacional especializada en el tema que establece pautas en las provincias a partir de los monitoreos que realiza, y del comportamiento que detecta en cada una de las poblaciones.
La norma también determina que las excursiones de caza deben tener lugar los días sábados, domingos, feriados, y las vísperas o días posteriores al feriado: que cada cazador tiene que tener el Permiso de Caza; y que los permisos cuesten, a residentes, unos mil pesos por el año, a no residentes unos 660 pesos por excursión, y unos 5 mil pesos a extranjeros, también por excursión.
Al mismo tiempo, la medida prohibe cazar en las distintas áreas naturales protegidas y en los departamentos Paraná, Diamante, Federal, Concordia, Colón, San Salvador e Islas del Ibicuy, mientras que si está habilitada la caza solo en los departamentos Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Villaguay y Victoria. Respecto a los lugares preparados para el turismo cinegético receptivo, la normativa establece que éstos deben ser establecimientos rurales específicamente habilitados para la caza.
Para completar el esquema implementado, cabe señalar que la autoridad de aplicación de esta resolución es la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia, mientras que la autoridad facultada para el control de lo dispuesto es la división de Abigeato de la Policía de Entre Ríos.
De este modo, las autoridades nacionales y provinciales, fundadas en información específica, reglamentan y regulan la actividad de la caza menor en la provincia, pero ésto no satisfizo a las entidades ambientalistas, quienes, lideradas por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), llevaron la cuestión a la Justicia y lograron suspender la actividad.
Así fue que, días atrás, la Justicia anuló la Resolución 1099, y advirtió sobre la falta de estudios y razones que la justifiquen, a la vez que descubrió que ésta se contrapone con las leyes provincial 4.841 y nacionales 22.421 y 25.675, y con las constituciones Nacional en el artículo 41 y Provincial en el artículo 22. Afortunadamente, la Justicia no aceptó las pretensiones ambientalistas de que se declare a las especies animales involucradas como sujetos de derecho.
Por último, cabe señalar que la Justicia impuso esta medida, en contra de la tomada por el Ejecutivo, sin esgrimir argumentos que contradigan de algún modo aquellos que esgrimía la medida hasta ahora vigente, y solo teniendo en cuenta el derecho constitucional “a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Queda para la sociedad entrerriana determinar en qué la beneficia la prohibición de la práctica controlada de la caza menor, o si se trata de otra medida mediática para simpatizar con los ambientalistas, sin importar el perjuicio que ocasiona a las familias que de ello viven.
Norman Robson para Gualeguay21