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Chocolate por la noticia

En un documento emitido en conjunto, distintas asociaciones civiles representativas de la provincia de Entre Ríos se rasgan las vestiduras por el juicio a Urribarri y el jury iniciado a la fiscal anticorrupción, como si la ausencia de independencia en el poder judicial, y la consecuente ausencia de justicia, fueran novedades. La Justicia lleva casi dos décadas ausente en la provincia, y no solo en el ámbito de la corrupción política, sino en todo el espectro judicial. Esto ya lo sabían bien los políticos, ya lo sabían mejor los abogados, y ya lo viene sufriendo el pueblo entrerriano desde hace rato. Chocolate por la noticia.

Si bien no hay dudas de que Entre Ríos atraviesa un momento institucional delicado por culpa de un exgobernador acusado de hechos de corrupción y de un proceso contra la fiscal anticorrupción, a cargo de esa acusación, lo cierto es que ésto en nada es novedoso, y las múltiples causas frustradas contra Daniel Rossi en Santa Elena y Luis Erro en Gualeguay dan fe de la larga data de esta situación de manipulación e impunidad. Cómo olvidar aquel abrazo del Procurador con el Juez Rossi celebrando la impunidad por dejar libre a Sebastián Wagner, violador serial y asesino de la joven Micaela García.

La intocabilidad de los políticos producto de un Poder Judicial servil al poder político lleva tiempo entre nosotros, y hacerse el sorprendido hoy es un acto de vergonzosa hipocresía. Desde Claudia Mizawak hasta Emilio Castrillón, con Jorge García como Procurador, todos los fueros, en todas las jurisdicciones, han estado al servicio de la política y de los políticos, tanto para protegerlos como para reforzar su poder.

Desde el armado/inventado de causas contra enemigos del poder, sea por delitos comunes, o por violencia de género, o por lo que sea, hasta los juicios políticos para sacarse de encima alguna incomodidad, como el de Carlos Chiara Día en 2016, pasando por aleccionamientos a enemigos, como los policías sediciosos de Concordia, o el otrora Escribano Mayor de Gobierno, abundan en nuestra historia inmediata, tanto como para no sorprendernos por esto. Cada colegio de la provincia y cada uno de sus abogados, cada casa partidaria y cada uno de sus dirigentes, sabe bien de todo esto, y así deberían saberlo, también, las instituciones firmantes de este comunicado.

“Las entidades que firman este comunicado ven con preocupación estos acontecimientos, que transmiten un mensaje alarmante a la sociedad entrerriana acerca de la independencia del poder judicial y los riesgos de investigar causas de corrupción que involucran al poder político”, dicen ahora, cuando, desde hace años, hasta el propio Senado ha consentido, unánimemente, una Justicia dependiente del Ejecutivo, aprobando, sin vergüenza alguna, pliegos impresentables e inaprobables de conocidos favoritistas del gobierno, verdaderos esbirros al servicio del poder.

Hablan de que “la investigación de la corrupción debe ser implacable y transparente”, y afirman que “la buena salud de las instituciones republicanas depende de que la ciudadanía confíe en que la ley es igual para todos”, pero con su silencio dejaron crecer la perversión y la injusticia, degradando la República, ante los ojos de todos, hasta esta situación que hoy vivimos.

Hoy la solución a nuestro problema no es un juicio a Urribarri o un jury a Goyeneche, porque eso no traerá justicia al sistema de injusticia e impunidad hoy vigente. Solo lo hará el compromiso de todas estas instituciones, y de todas las otras, que aún hacen silencio, exponiendo toda la realidad del poder judicial hasta transformar para bien esta lamentable situación actual. Un compromiso en serio, concreto, con hechos, no de intenciones o pretensiones. Resultados, no relato. Un grito aislado no cambiará nada, menos si grita algo ya sabido.

Norman Robson para Gualeguay21

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