Copnaf: Qué dice la ley que debe hacer, qué no hace, y todo eso cuánto nos cuesta

El ánimo de la ley

La ley provincial 9.861 dice, entre sus 23 páginas, que apunta a proteger los derechos y garantías de niños y adolescentes de la provincia de Entre Ríos, según la Justicia nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos; y dice (art 5) que el Estado provincial asegura que esta protección llegará a todos, sin excepciones, y se compromete a “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier índole que correspondan, hasta el máximo de los recursos disponibles, para dar plena efectividad a tales derechos”.

Del mismo modo, tambien dice (art 8) que asegura que los niños y adolescentes entrerrianos “tendrán prioridad para recibir protección y auxilio en cualquier circunstancia, preferencia en la atención en los servicios públicos o privados, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación privilegiada de recursos en orden a la consecución de los objetivos de la presente Ley y en la exigibilidad de su protección jurídica”.

Pero, más allá de estos elocuentes articulos, lo cierto es que, luego de 14 años de existencia, la problemática social no solo no se resolvió, ni mejoró, sino que se agravó, ya que crece, de forma escalofriante, la indiferencia y el abandono que sufren los niños y los adolescentes de las familias vulnerables, curiosamente, debido a una absoluta ausencia del Estado.

El responsable

La ley 9861 también dice (art 25) que el Copnaf será la máxima autoridad provincial para la protección de los derechos y garantías reconocidos en esa ley, y también dice (art 30) que sus funciones son elaborar políticas de promoción y protección de derechos, y diseñar los programas y servicios requeridos para implementarlas; adoptar todas las medidas de protección necesarias; y desarrollar estudios e investigaciones que permitan contar con información actualizada acerca de la problemática de la niñez, la juventud y la familia. Tal es así que, para cumplir con éstas funciones, en cada departamento creó una delegación zonal, a cargo de un coordinador, y con una gran cantidad de personal.

Del mismo modo, esta ley también dice (art 48) que el Copnaf debe impulsar “la creación de Servicios Locales de Protección de Derechos, los cuales serán unidades técnico-operativas con sedes en los barrios o comunidades”, y también dice que “las mismas estarán dotadas de un equipo técnico-profesional con especialización en la temática y operadores comunitarios especialmente capacitados”, el cual deberá atender niños o adolescentes cuyos derechos estén amenazados o violados, y disponer su acceso a los programas y planes disponibles.

Pero, a pesar del alcance de la responsabilidad comprometida en esta ley, y de la importancia de los deberes descriptos, lo cierto es que, en el territorio, el Copnaf nunca existió, ni existieron nunca sus Servicios Locales de Protección de Derechos, mientras que, desde su Departamental, se dieron mínimas respuestas a los múltiples casos que le llegaron, y le llegan, de forma directa o a través de otras instituciones. 

La protección de derechos

Lo mucho que dice tan elocuente ley puede sintetizarse en un solo artículo (art 57), el cual dice que, una vez comprobada la amenaza o violación de derechos, podrán adoptarse varias medidas, entre las que se destacan las siguientes cuatro:

“Apoyo, seguimiento y orientación a los padres o responsables, al niño, adolescente o su familia para que los niños o jóvenes permanezcan conviviendo en su grupo familiar”.

“Inclusión del niño o del adolescente en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar”.

“Cuidado del niño en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres o responsables en el cumplimiento de sus responsabilidades y seguimiento temporal de la evolución de la situación de la familia y del niño o del joven”.

“Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño, el adolescente o sus padres, familiares o responsables legales”.

Lamentablemente, lo cierto es que son demasiados los niños y adolescentes que nuncan han logrado esta atención de parte del Estado provincial, o de alguno de sus agencias sociales, ni, tampoco, de alguna cartera municipal o nacional. Es más, son muy contados aquellos que llegan a acceder a alguna atención.

Los recursos

A pesar de no cumplir con casi ninguna de sus responsabilidades, este 2022, el Copnaf tiene previsto gastar, según lo asignado en el presupuesto provincial, unos 2.700 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones, el 74 porciento, se gastarán en los sueldos de poco más de 1.300 empleados y unos 150 contratados. Esto significa un gasto promedio de casi 160 millones de pesos por departamento, donde, también en promedio, trabajarían casi 90 personas.

En contraste con todo este gasto, de los 2.700 millones presupuestados, solo 400 millones, el 15 porciento, serán destinados a ayudas concretas a personas e instituciones. Esto significa bastante menos de un millón de pesos mensual por departamento. 

La realidad

Actualmente, los niños y adolescentes vulnerables que vienen, desde hace.mucho tiempo, engrosando las estadísticas de delincuencia, drogadicción, deserción escolar, abuso sexual, suicidios, y demás flagelos pueden dar fe de la indiferencia flagrante del Estado por sus graves problemáticas que los dejan, y nos dejan a todos, sin futuro.

Estas víctimas del Estado, junto con sus victimarios, los políticos, y cuánta persona tenga contacto con esta realidad, saben, a ciencia cierta, y sin lugar a dudas, que nada de lo que dice esta ley 9861 se cumple, ni se cumplió nunca en los 14 años que lleva en vigencia.

Norman Robson para Gualeguay21