Crimen en la UP7: El Estado “tira la pelota afuera” para no indemnizar a la familia
En junio de 2017, un joven de 25 años, preso por un intento de robo, por el cual lo condenaron a tres años y medio, perdió la vida, a manos de un reo de 43 años, violento y multireincidente, condenado a 9 años por abuso sexual. A partir de este hecho, el matador fue condenado y, en 2019, la familia del fallecido demandó al Estado entrerriano por no cumplir con su deber de cuidar y proteger a uno de sus internados en un penal. Pero lo curioso de todo esto es la discusión que se da desde entonces sobre el valor de una vida humana y la resistencia del propio Estado a hacerse cargo.
Todo comenzó en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, una noche de enero de 2017, cuando Julio César Lescano, de 25 años, fue atacado por el interno Cristian Fabián Ibarra, quien le clavó una tijera en el corazón. Por el hecho, Ibarra, que solo le quedaban 10 meses por un abuso sexual, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión. Por la otra parte,
En 2019, el abogado de la familia, inició una demanda solicitando una indemnización por daños y perjuicios por un total de 11 millones de pesos, según los conceptos de daño moral, lucro cesante, gastos funerarios y tratamiento psicológico. Este pedido fue respondido por la Justicia ese mismo año, condenando al Estado a pagar según el siguiente detalle: 1 millón de pesos a la viuda, 1,3 millones al hijo, y apenas 238 mil pesos a la madre. En total algo más de 2,5 millones.
La demanda de la familia se fundó no solo en la responsabilidad que le cabe a la administración del penal, en manos del Estado, sobre la integridad de sus internados, sino que se agrava porque Lescano ya le había pedido al director que lo trasladaran a otro pabellón por problemas que tenía con Ibarra, originados en ataques verbales y hostigamiento personal que le infligía. Cabe agregar que Ibarra, entonces con 43 años, ya demostraba un carácter en extremo violento. Tal es así que, aparte del crimen de abuso sexual por el cual estaba preso, ya tenía tres condenas previas.
Por su parte, el Estado se defiende diciendo que el hecho ocurrió “de manera totalmente imprevisible, rápidamente, sin posibilidad alguna de haber podido prevenir la situación que desencadenó el fallecimiento de Lescano, destacando que tales testigos así lo describen resaltando la rápida y oportuna actuación del personal del servicio penitenciario que se encontraba de guardia en ese momento, con los escasos recursos con que cuenta”.
Ahora bien, esta sentencia no sólo fue apelada por los demandantes, sino, también, por el propio Estado, reclamos que fueron respondidos por la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná en octubre de 2021. En esa instancia, la Justicia rechazó el pedido del Estado e hizo lugar al de los demandantes, estableciendo las siguientes sumas: 3,6 millones de pesos a la viuda, otros 3,6 millones al hijo, y 825 mil pesos a la madre. En total unos 8 millones.
Pero lo curioso es que, ante este resultado adverso, y lo difícil de que se revierta, el Estado sigue insistiendo en apelaciones. Frente a esta situación, el Estado presentó un Recurso de Inaplicabilidad de Ley, el cual fue concedido por la Justicia, en manos del mismo Estado, el pasado 5 de abril, y elevadas las actuaciones a la Sala en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
De este modo, el Estado dejó de modo irresponsable a un joven preso por robo a merced de un violento veterano delincuente reincidente, a sabiendas de que significaba un riesgo para su vida, y así terminó muerto. El mismo Estado que insiste en dilatar una justa indemnización para la familia del asesinado, para su viuda, para su hijo, y para su madre, quienes, claro está, ya tuvieron que afrontar los costos de la tragedia como pudieron.
Todos sabemos que la Justicia, ese brazo del Estado para aplicar la ley, siempre llega tarde, pero nunca con tan inescrupulosa como perversa alevosía.
Norman Robson para Gualeguay21