Cuando las noticias no dicen todo lo que tienen que decir y la verdad queda oculta
Estos días, haciendo leña del árbol caído, muchos comparten la noticia de que “condenaron al arquitecto Hugo Gotusso por fraude a la administración pública”, como celebrando, en su inocencia, que la justicia castigó algún acto de corrupción, cuando, en realidad, se trata de una injusticia para encubrir a corruptos. Como bien dice esa nota en su último párrafo, fui el denunciante en esa causa, pero la sentencia nada tuvo que ver con mi denuncia. Yo denuncié a dos funcionarios por un desvío millonario de la esfera pública hacia una entidad fantasma, pero uno de esos funcionarios era la mujer del fiscal de fiscales, ahora diputada, y la causa se tergiversó para dejarla afuera.
Se trata de sonado caso del barrio inconcluso de las 80 viviendas, abandonado por la Gestión Erro sin terminar y sin recursos para hacerlo. Un caso en que la Municipalidad recibió un dinero para hacer el barrio, lo desvió a una entidad fantasma, y ésta lo mal administró, no pudiéndose terminar la obra. El inculpado apenas era quien manejaba la contratación de los albañiles mandados por la entidad a cargo.
La noticia dice que “el Juez de Garantías de Gualeguay condenó en un juicio abreviado al arquitecto Hugo Federico Gotusso a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer como funcionario público”, y agrega que “la Justicia lo encontró culpable del delito de administración infiel agravada por tratarse de un fraude a la Administración Pública”, y que “le impuso la obligación de realizar 80 horas de prestación de servicios de asesoramiento a la Municipalidad de Gualeguay, en el área de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación”. La noticia también comparte el relato de los hechos armado por la Fiscalía gualeya para condenarlo. Todo esto es cierto.
También es cierto lo que dice la nota en su último párrafo. “La investigación judicial se había iniciado a partir de una denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal de Gualeguay el 3 de marzo de 2016 por parte del periodista Norman Robson”, dice, y agrega que “Robson involucró en su denuncia a la exsecetaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Gualeguay, la hoy diputada provincial Paola Rubattino”. Allí también dice que el “el agente fiscal que intervino fue Agustín Gianini”,
Ahora bien, la noticia no dice algunas cosas fundamentales para hacerle saber la verdad completa a la opinión pública, lo cual, ciertamente, evitaría una injusta condena social a un inocente.
Por ejemplo, la nota no dice que la denuncia original apuntó contra el entonces intendente, Luis Erro, y su Secretaria de Desarrollo Social, Paola Rubattino, por desviar, en el año 2013, 25 millones de pesos a una entidad fantasma, llamada Consorcio de Gestión, sin personería jurídica alguna, gracias a la cual pudieron disponer arbitrariamente de todo ese dinero, y no pudieron terminar el barrio. La denuncia original era sobre ese desvío, no sobre lo que hicieron después con ese dinero desviado.
La noticia tampoco dice que la denuncia fue acompañada por un grueso expediente, del cual guardo copia, con toda la documentación que probaba todo lo denunciado.
Por otro lado, la noticia no dice que el jefe inmediato de Gianini, el Coordinador del Ministerio Público Fiscal, al momento de radicarse la denuncia, era el Dr. Dardo Tortul, cónyuge de Rubattino, quien, en lugar de excusarse, se aprovechó del cargo para tergiversar la causa salteando el desvío de fondos fuera de la esfera pública, lo denunciado, y adentrándose en lo hecho con el dinero.
La nota tampoco dice que, en el fragor de esa perversa tarea, también se saltearon las irregularidades en la compra de materiales, y el destino incierto de los mismos, ni que debieron recurrir a juntar uno por uno a los albañiles que trabajaron irregularmente, por instrucción de Rubattino, para armar la causa en contra del ahora condenado.
Por último, la nota nunca dice que el arquitecto inculpado tuvo que elegir entre firmar ese juicio abreviado por una pena menor, reconociéndose culpable cuando era inocente, porque, sino, lo condenarían a una injusta pena de prisión efectiva, ya que todo estaba armado para así hacerlo.
La nota solo repite lo que le dijo la Justicia de una forma muy conveniente para los corruptos, para su encubrimiento, y para la perpetuación de su nefasto actuar, mientras que es absolutamente inconveniente para nosotros los ciudadanos, quienes aspiramos a vivir en una república y en un pleno estado de derecho.
Lo más curioso de todo esto es la pena aplicada. La sentencia condena a este supuesto corrupto enriquecido en una obra pública a asesorar al Estado municipal en, precisamente, obra pública. ¿Mandaron al lobo a asesorar a Caperucita, o sabían bien que no era el lobo?
Para terminar, debo agregar que, en todos los casos de corrupción, los corruptos acusados siempre son agentes del Estado, como también son agentes del Estado los fiscales y los jueces que los procesan, mientras que la defensa trabaja para los corruptos. Tan perverso es el sistema que, quienes acusamos, después de hacer la denuncia, no podemos ser querellantes, ni nada por el estilo, sino que debemos conformarnos con ser meros espectadores de cómo los agentes del Estado enjuagan las cosas en su favor particular.
Norman Robson para Gualeguay21