Delincuencia infantojuvenil: Proteger, sí, encubrir, no
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Tal vez puedan sonar como sinónimos, pero lo cierto es que tienen significados muy distintos, en especial si se trata de los deberes del Estado para con niños y adolescentes. Proteger sus derechos es un deber inalienable del Estado que no implica, de modo alguno, encubrir su realidad, mucho menos al violar la ley, o cualquier otra norma de convivencia. Un caso local desnuda la gravedad de esta confusión, donde un menor viola reiteradamente la ley con la irresponsbale connivencia del Estado.
Para el mundo moderno y civilizado, es menester del Estado proteger a la infancia y a la adolescencia de cualquier situación en la que se vulneren sus derechos, entendiendo por proteger como resguardar al sujeto de derecho de cualquier daño o peligro que afecte o pueda afectar su integridad física, mental, moral o emocional.
Claro está que facilitarle a un niño o adolescente la evasión de la realidad encubriendo sus conductas y liberándolo de las consecuencias en nada colabora con el acceso a sus derechos más indispensables para su formación, sino que, por el contrario, lo condena a la marginalidad.
En otras palabras, encubrir, en lugar de proteger, es una forma más en que el Estado y sus funcionarios miran para otro lado ante la desgracia que viven los más chicos en determinados sectores de las ciudades. Una realidad cada vez más presente en una sociedad cada vez más empobrecida.
Un ejemplo en Gualeguay
Un jovencito de 17 años, oriundo de Paraná, alojado en un hogar de la ciudad, tiene a maltraer a la Policía local. En las últimas semanas, ha sido encontrado autor de unos 18 robos, en su mayoría escalamiento, mientras que en otro tanto de casos se sospecha su autoría. Como si eso fuera poco, constantemente, desde la residencia socioeducativa, se está pidiendo su restitución porque se escapó.
A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades responsables de la minoridad en Gualeguay (Copnaf, Familia, Físcalía) siempre eludieron una solución y solo se preocuparon de que la comunidad no conozca esta realidad, alegando defender los derechos del sujeto.
Finalmente, el último fin de semana, luego de un raid de, por lo menos, 3 hechos, el jovencito terminó preso, obligando a las autoridades responsables a tomar una decisión. En esta puja, las de Gualeguay querían devolverlo a Paraná, y las de allá no lo querían recibir, desnudando así el verdadero interés de quienes tienen en sus manos el futuro de la infantojuventud entrerriana vulnerable.
Esta puja terminó ayer martes pateando el problema para diciembre, ya que un oficio judicial ordenó la internación del menor en el hogar Costa del Paraná por solo 30 días. Vencido ese plazo, el menor volverá a su desamparada realidad, sea en Gualeguay, o donde sea que lo alojen, hasta que cumpla 18 y lo dejen, legalmente, a la deriva.
Lamentablemente, los únicos beneficiados de esta seudo política son los funcionarios, quienes así, sin ninguna consideración por las víctimas del sistema, evitan hacerse cargo y trabajar. Sin dudas, mientras la realidad de los menores vulnerables esté en las manos de los Quintana, Guercovich y Taleb del sistema, éstos estarán condenados a terminar presos o muertos en su desesperado intento por sobrevivir.
Norman Robson para Gualeguay21