Día de la Salud Mental: Entre Ríos sin soluciones para consumos problemáticos
Para el mundo, salud ya no es la ausencia de enfermedades, sino que significa el completo bienestar, tanto físico como mental y social, y eso pretende recordar el Día Mundial de la Salud Mental, el cual se conmemora todos los 10 de octubre. En este rincón de aquel mundo, una Ley de Salud Mental promete mucho pero dispensa poco, mientras que en Entre Ríos, el acceso a su atención es aún una deuda pendiente. Lo logrado en este sentido por la provincia de Jujuy es ejemplar y se plantea como un norte a seguir por las demás, pero sus logros nos ponen tan lejos de ella.
La Ley 26.657 promete que va a “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas”, que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”, y que “los servicios y efectores de salud públicos y privados” se adecuarán a esta ley, a la vez que, en su artículo 7mo. enuncia todos los derechos que tienen quienes sufren una enfermedad mental, pero nuestra realidad social demuestra que es muy difícil para un ciudadano común acceder a su atención.
A pesar de esta ley, que rige desde 2010, en la provincia de Entre Ríos aún no hay infraestructura que permita cumplir con esta promesa, ni proyectos en desarrollo, ni se percibe interés alguno en ésto, como para decir que hay un norte político en la cuestión. Ese punto cardinal podría ser la provincia de Jujuy, referente ejemplar a nivel nacional por sus logros a partir de políticas públicas planteadas en 2016, y estrictamente ejecutadas desde entonces.
El ejemplo jujeño
Por ejemplo, en Jujuy, hoy, hay un Observatorio Provincial de Salud Mental y Adicciones, y el territorio está dividido por regiones, en las que operan referentes de salud mental, discapacidad y trabajo social, y hay una amplia red de hospitales. Al mismo tiempo, la provincia tiene 9 dispositivos descentralizados para el abordaje de consumos y 70 puestos de salud con atención especializada en salud mental y adicciones.
Pará lograr estos resultados, Jujuy, primero, adoptó las leyes de Salud Mental, de Prevención del Suicidio, del Plan IACOP, del Uso Terapéutico y Medicinal del Cannabis Medicinal, de Emergencia en Adicciones, y de Acompañantes Terapéuticos. Luego, desarrolló una red que le permitió descentralizar la atención especializada y distribuirla en el territorio en los hospitales generales, y le agregó a ésta una red de dispositivos específicos.
A todo ésto, el Estado jujeño también le sumó la atención en emergencias con guardias en salud mental, un programa de psiquiatras y psicólogos itinerantes, estrategias preventivo asistenciales en materia de suicidio y consumos problemáticos, y capacitación específica en Enfermería en Salud Mental.
Toda esta artillería de políticas sanitarias se tradujo en una importante expansión de la oferta de servicios de salud mental en todo el territorio, con resultados concretos que se pueden observar en los datos del Observatorio. Por ejemplo, las consultas ambulatorias en salud mental y adicciones que en 2016 fueron 71.363, en 2021 llegaron a ser 315.257, lo que significa que, en 5 años, esa provincia triplicó el acceso a la salud mental. Del mismo modo, el porcentaje del total de atenciones de la especialidad en salud mental respecto del total de salud aumentó de 4.6 porciento en 2016 a 11 porciento en 2021.
Por otro lado, casi el 90 porciento de las atenciones en salud mental se cumplen en los diferentes puntos de la red hospitalaria provincial, mientras que el 83 porciento de las internaciones de ese tipo se realizan en hospitales generales, evitando así el desarraigo de las personas. Como complemento de ésto, esa provincia dispone de casas de medio camino o dispositivos residenciales, con un programa específico y una coordinación, de tipo transitorio, que se plantean como espacio de contención, de reencuentro de vínculos, y de recuperación de contactos sociales.
Así estamos
De este modo, los jujeños, hoy, tienen a su alcance soluciones concretas para sus problemas de salud mental, mientras en nuestra provincia, los adictos con recursos pueden caer en alguna de las pocas residencias provinciales o en las de las provincias vecinas. Quienes no tienen recursos engrosan la masa delictiva para terminar, con suerte, en la cárcel, y sin suerte, en el cementerio.
En Entre Ríos, la salud mental y las adicciones no están contempladas en ninguna política pública o estrategia sanitaria. Tan es así que los hospitales no están preparados para dar soluciones en este sentido, ni existe red alguna de asistencia, ni, mucho menos, existen residencias de algún tipo. Tal vez tema la clase política que una mayor y mejor atención de este problema reduzca la demanda de drogas y, así, se vean afectados los negocios del narcotráfico.
Norman Robson para Gualeguay21