El bendito planeamiento urbano
A partir de que toma estado público el proyecto de barrio privado y se dispone un proyecto de ordenanza sobre zonificación, desde distintos sectores se expresan sobre el tema generando una generalizada desinformación al respecto.
A los efectos de aclarar algunos aspectos sobre un tema que es de vital importancia para el correcto desarrollo de una comunidad, una rápida revisión a la normativa vigente y a algunas situaciones permite comprender cuál es la situación urbana de nuestra ciudad.
Ante todo, como buenos vecinos que somos, debemos saber bien cuál es el territorio donde vivimos, hasta donde llega nuestra vecindad propiamente dicha.
Gualeguay, como toda ciudad, está definida por una superficie circundada por un ejido, al cual se lo da en llamar ejido municipal, o sea, el territorio donde gobierna la ciudad.
Este territorio está delimitado en parte por el río Gualeguay, desde Puerto Ruiz hasta Paso de Alonso, y desde este último, en línea recta, hacia el Bañado de Hugo y el Aeroclub y de allí nuevamente hasta el puerto.
Dentro de este perímetro, existe una antigua definición de zonas que determina que entre las avenidas sea la planta urbana, fuera de esa planta un primer sector llamado Sección Quintas y, por último, el llamado Sección Chacras que da contra los límites del ejido.
Más allá de esa división, nada antojadiza en aquel entonces pero hoy absolutamente inexistente, no existen variaciones jurídicas de ningún tipo, ya que la responsabilidad municipal es la misma a lo largo y ancho del territorio comunal.
O sea, los derechos de los vecinos son los mismos vivan donde vivan dentro del ejido.
¿Por qué la confusión?
Sencillamente porque a lo largo de la historia, para salir del paso ante problemáticas surgidas de la natural expansión económica y demográfica, los sucesivos gobiernos han promulgado leyes que no solo no contribuyeron a ordenar sino que desordenaron hasta llegar a la actual anarquía poblacional.
En este sentido, se determinó una zona industrial al lado de un aeródromo y sobre la cual ahora se proyecta un barrio, se determinaron zonas productivas minifundistas donde se permite vender lotes residenciales, se levantaron barrios residenciales al lado de chiqueros y feedlots, se construye una costanera sobre un terreno que aún se encuentra fuera del ejido, se permite la construcción de casas fuera de la defensa costera en zona netamente inundable, se instala una procesadora de residuos peligrosos entre casas particulares, etcétera, etcétera.
La desprolijidad del crecimiento está a la vista a la vuelta de nuestra casa.
Nadie lo puede negar.
¿Qué es lo que se hace en estos casos?
Ante los resultados demostrados en otras ciudades donde se ha planificado urbanísticamente, entendiendo que para nuestra comunidad, por sus características naturales, es indispensable ordenarse en este sentido, y en aras de una mejor convivencia, algunas entidades intermedias vernáculas han insistido en este tema reiteradamente.
Así quedó manifestado en aquellos primeros talleres sobre el Plan Estratégico de la época de los radicales, y así quedó confirmado con el segundo Plan Estratégico impulsado por Urribarri.
La comunidad coincidió en la necesidad imperiosa de implementar un ordenamiento urbano en orden a un plan estratégico.
Esto quiere decir considerar las expectativas de los vecinos, evaluarlas sociológicamente, determinar tendencias de crecimiento, acomodarlas físicamente dentro del territorio de acuerdo a lo evaluado, y, recién allí, legislar en tal sentido.
Y esto debe ser realizado atendiendo los intereses comunes y no sectoriales, siempre con sustento técnico y de forma sustentable, nunca livianamente para sacarse el problema de encima.
Eso, precisamente, es lo que nos llevó a este estado.
En definitiva, si se quiere avanzar en una correcta y sustentable planificación urbana, no una mera zonificación arbitraria, es preciso lograr el compromiso municipal y de la sociedad, a través de sus instituciones.
Logrado este difícil compromiso, es indispensable empezar por blanquear las carencias existentes en términos infraestructurales, como la limitante energética, que hoy nos condena y de la cual nadie habla, como la exclusiva red de cloacas y agua potable, que solo llega a algunos lugares, como la trama vial, que aún hoy no llega a barrios densamente poblados, como el escurrimiento hidrológico, que aún hoy no tiene mantenimiento, como el sistema de efluentes, que sigue siendo el principal foco de contaminación, como un correcto y eficiente tratado de residuos, que sigue siendo una asignatura pendiente, etcétera, etcétera.
Una vez que se expongan la realidad infraestructural de la ciudad, se debería proceder a delegar en técnicos capacitados, que existen muchos en nuestra ciudad, para que en base a datos históricos determinen las tendencias y plasmen en un plano las proyecciones de ordenamiento correspondientes y zonifiquen las actividades residenciales, industriales y productivas para que convivan en tolerancia.
Hecho esto, en base a los datos obtenidos, la legislatura local, en acuerdo, debería trabajar en confeccionar las ordenanzas necesarias que garanticen la aplicación de este ordenamiento.
Cabe destacar que todo esto fue determinado en el último plan estratégico y el actual intendente, Luis Erro, se comprometió a disponer todos los recursos necesarios en tal sentido, hasta una oficina dedicada al tema.
Como ya es costumbre, nada se hizo, y los gualeyos seguimos peleándonos entre vecinos, o sea, entre nosotros.
Los gualeyos debemos entender que debemos participar y comprometernos para conocer la realidad de nuestra ciudad y, desde ese conocimiento, forzar los cambios adecuados.
Los gualeyos, incluso los que están en el gobierno municipal, debemos entender que las leyes no son consejos sino obligaciones, y que si promovemos leyes que nos faciliten la convivencia y la tolerancia, podremos mejorar de forma sustentable nuestra calidad de vida.
Sin participación y sin compromiso, gobierna cualquiera, perece la convivencia, reina la intolerancia y desaparece la calidad de vida.
Norman Robson para Gualeguay21