El lado oscuro de la Justicia de Gualeguay: Capítulo II – La verdad

A partir de cualquier denuncia, cualquier fiscalia debería disponer todos sus recursos para conocer la verdad de lo denunciado en toda su dimensión, y, después, actuar en consecuencia. Para ello, cuenta con todos los recursos técnicos, financieros y legales necesarios, todos por cuenta del Estado. Una vez descubierta la verdad, la Fiscalía debe presentar la causa, con todo el caudal probatorio que la respalda, y elevarla a juicio, donde los jueces deberían validar las pruebas, escuchar a las partes en el juicio oral, y dictar sentencia ateniéndose a lo que manda el derecho.

“La investigación es lo que valida cualquier causa, sin ella no hay verdad, ni juicio justo”

Cómo es en Gualeguay

Ahora bien, los fiscales de Gualeguay no proceden de este modo, pues nunca investigan, y arman los casos desde sus escritorios, juntando algunos informes, absolutamente arbitrarios y parciales, más algunos testimonios convenientes de personas comprometidas con la parte denunciante. Frente a estas acusaciones, por razones que se desconocen, las defensas han demostrado ser incapaces, ya que siempre “triunfa” la Fiscalía. Dicho de otro modo, al Ministerio Público Fiscal no le interesa la verdad, y priman en sus intereses las estadísticas, o cualquier otro, por sobre la justicia.

Vale advertir que esto es así con una excepción: los casos en los que interviene la Policía, los cuales, en general, llegan a la Justicia acompañados de todos los elementos probatorios necesarios para hacer justicia de verdad, salvo que, por alguna razón, convenga lo contrario.

“Hoy arman las causas componiendo un relato verosímil y produciendo las pruebas que lo respalden, cuando lo que deberían hacer es investigar, recolectar pruebas, y, con éstas, componer el relato”

Ejemplos

Uno de los primeros ejemplos de este oscuro proceder es el caso Ascar, iniciado en 2013. En aquel entonces, de la nada, la Justicia de Gualeguay inició un proceso contra miembros y no miembros de un fideicomiso dispuesto por Alfredo Ascar en 2007, quien había fallecido en 2011, acusándolos de una estafa inexistente a una hija que todavía no se sabía que era tal, solo para deshacer el fideicomiso y recuperar Paso de Alonso y cientos de hectáreas más. 

Cabe recordar que se trataba de un fideicomiso creado legal y legítimamente por Ascar con todas sus tierras, por un plazo de 30 años, en favor de sus sobrinos menores de edad. En ese entonces, Ascar no tenía herederos y su entonces pareja, Rosa Ahibe, acompañó la creación del fideicomiso como presidenta del mismo.

En este proceso abundaron todo tipo de desprolijidades, al grado de que obligaron a la viuda, una de las acusadas, a que testimoniara en contra de los otros. Tan fue así que, al escuchar la sentencia, esta señora, primero acusada y luego testigo estrella de la defensa, se abrazó en festejo con el entonces jefe de los fiscales, Dardo Tortul.

Otra desprolijidad, por cierto curiosa, de este caso fue que procesaron y condenaron a dos escribanos: el entonces Escribano Mayor de Gobierno, Pancho Gastaldi, y a su hija Laura, que no habían actuado en el fideicomiso, pero ni siquiera mencionaron en la causa a quien fue la escribana actuante en el mismo: Silvia Lacorazza.

Tampoco es un dato menor que el Escribano Mayor fuera en su momento el prncipal escollo del ex Gobernador Sergio Urribarri en muchos negociados, y, luego de ésto, lo removieron del cargo y lo reemplazaron por un profesional más afín.

Finalmente, después de seis años, en 2021, todos fueron exonerados por el Superior Tribunal de Justicia, menos el Escribano Mayor que ya había fallecido como culpable, mientras que los derechos de los niños beneficiarios aún no han sido restituidos y la Justicia Civil lo tiene cajoneado.

Lamentablemente, desde aquel entonces, no fueron pocos los casos armados de este modo por el Ministerio Público Fiscal local, en todos los tipos de delito, aunque en particular en aquellos casos de violencias contra la mujer, en causas con politicos involucrados, y en donde hay en juego algun tipo de fortuna. 

Un caso ejemplar de éstos abusos es el de José Kablan, en el que se lo acusó de violación, pero la denunciante reconoció desde un principio que nunca le manifestó al denunciado que no quería tener sexo. Si bien el Tribunal local no dudó en condenarlo a 9 años de prisión, el Superior Tribunal de Justicia terminó el asunto exonerando a Kablan.

Otro ejemplo es el de Néstor Pavón en el caso Micaela, donde la fiscalía, al armar la causa, y ante la necesidad de señalar al otro autor que mostraban las pruebas, lo comprometió como coautor del crimen y como encubridor, pero sin pruebas ni para un cargo ni para el otro. El Tribunal local, seguramente por temor a las repercusiones públicas, hizo caso omiso de la la ausencia de pruebas y lo exoneró por una y lo condenó por la otra a 5 años. Finalmente, el Superior Tribunal revocó lo actuado y Pavón quedó en libertad.

Dos planes B

Ahora bien, como toda esta forma de proceder le trae terribles dolores de cabeza a los responsables de la Justicia, para salir airosos de tanto olvido de la verdad, recurren a dos métodos: el cajoneo eterno de las causas y los juicios abreviados. 

Con el primero de estos recursos, la Fiscalía “duerme” los procesos en busca del olvido social, y, según se puede apreciar, sin límites morales de tiempo. Por ejemplo, de ocho procesos iniciados al ex intendente Luis Erro, que datan de 2008 a 2015, solo cuatro fueron resueltos, mientras los demás alternan excusas para cambiar de cajón. Tal es así que la causa de la Tesorería cumplirá en diciembre 13 años de impunidad.

El otro método es el juicio abreviado, al cual llega luego de amenazar al imputado sobre cómo le irá en el juicio. De ese modo, y sin ningún interés por la verdad, la fiscalía logra archivar la injusticia y sumar una victoria para sus estadísticas. 

Tal fue el caso de Hugo Gotusso en la causa del barrio 80 viviendas, en la cual Dardo Tortul, entonces a cargo del Ministerio Fiscal, manipuló el proceso para quitarle la responsabilidad de lo denunciado a su entonces esposa, la actual diputada Paola Rubattino, y a Luis Erro. Éstos habían extraído 25 millones de pesos de la esfera pública hacia una entidad fantasma, y Tortul desvió la causa contra Gotusso, que solo estaba a cargo de la obra. 

Finalmente, Taleb, en 2022, le dio a elegir a Gotusso entre ir a juicio, en el que pedirían, por lo menos, 8 años, o aceptar su culpa en un juicio abreviado y cumplir una probation. Al acusado no le quedó otra que aceptar y la Justicia logró sepultar impune un indiscutible caso de corrupción.

Ahora bien, estos casos mencionados son algunos de aquellos que se hicieron públicos, pero existen muchos otros casos similares que, por no tratarse de gente conocida, no trascendieron, pero la vida de inocentes fue igualmente arruinada. Muchos de estos casos se pueden encontrar en la Unidad Penal local. Se trata de desconocidos, acusados de violencia de género, fueron condenados por un juicio abreviado y allí purgante su injusta condena solo para engrosar las estadísticas de Gamal Taleb y sus fiscales.

Este es el modus operandi de la Justicia de Gualeguay a la hora de acusar, por el cual, inescrupulosamente, se afectó y afecta la vida de muchos inocentes. Un modo de operar que varía sus criterios según qué intereses estén en juego y quienes sean los interesados.

Lo que sigue

III – Los derechos

IV – La doble vara

V – El compromiso

VI – Los móviles

VII – El género

VIII – Los costos

IX – Los casos

X – Conclusiones

Norman Robson para Gualeguay21