El proyecto triple X y la criminalización de la protesta social
El llamado Proyecto X y la Ley Antiterrorista componen un combo destinado a reprimir la protesta social y permitir el avance del saqueo de nuestras riquezas y recursos naturales.
Daría tela para muchos chistes si no fuera tan grave. Lo burdo de los errores de los informes de espionaje que se dieron a conocer como parte del Proyecto X bien podrían integrar un capítulo de El Ojo de la Patria, la novela de Soriano. Los expedientes publicados, que mostraban a Kojak usurpando la identidad de Néstor Pitrola o ubicaban en un corte de la Panamericana al dirigente de la CCC Luis Cubilla, cuando éste había fallecido 2 meses antes, son sólo una pequeña muestra de las actividades de infiltración y espionaje que hace la gendarmería por orden del gobierno kirchnerista. Es de suponer que las fuerzas de seguridad han logrado datos mucho más exactos y sustanciosos que los que se dieron a conocer.
Lo seguro es que hay mucho más que los “ocho cuartos” desmentidos por Aníbal Fernández; que el software Project X viene aplicándose desde 2005 por orden del entonces ministro de Interior y Seguridad; que las fuerza de seguridad cuentan con una enorme base de datos construida con éste y otros programas (como el SAG, Sistema de Antecedentes de Gendarmería y el SGO, Sistema de Gestión Operativa); y que estas actividades de espionaje – sumadas a la Ley Antiterrorista – vienen como anillo al dedo a una política de sometimiento, saqueo y ajuste como es la que lleva adelante el modelo kirchnerista.
Con éste y otros métodos de infiltración, contrainformación y espionaje se perpetró la salvaje represión de septiembre de 2009 a los obreros de Kraft que, como bien dicen los informes de los gendarmes infiltrados, reclamaban “medidas de salubridad por la gripe H1N1, asueto para desinfectar la planta y licencias para personas enfermas”. Esta base de datos ilegal, anticonstitucional, secreta y clandestina fue puesta por el estado argentino al servicio del monopolio yanki y en contra de los trabajadores. Aquella vez, la fábrica Kraft – Terrabusi actuó como un estado paralelo que funcionó como una comisaría, juzgado y centro de detención y obró violando las leyes argentinas. La represión fue “la culminación de un plan de inteligencia entre el gobierno nacional, el bonaerense, la empresa y la justicia”, como denunció el director Jurídico de la CTA, Horacio Meguira. Lo mismo que en Famatina, lo mismo que en Andalgalá.
Por estos días, el gobierno intenta distraer con una auditoría sobre el Proyecto X; la remoción de “19 comandantes de Gendarmería, 27 comisarios de la Policía Federal y seis de Prefectura Naval” (retiros que ya estaban programados desde mucho antes y no tienen relación con este escándalo) y declaraciones públicas para desligarse de toda responsabilidad política en el asunto. Esta auditoría es una inspección hecha por el estado sobre cómo actuó el propio estado en la vigilancia y represión de la protesta social. Es previsible que los resultados que arroje la investigación no alcancen a salpicar a nadie que se encuentre por arriba del jefe de Gendarmería, Schenone; ni siquiera a Aníbal fernández y mucho menos a la ministra Garré.
El operativo denunciado viola la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Para la 25.520 sólo se puede hacer inteligencia interna por pedido expreso de la justicia o para evitar un delito; inclusive en éste último caso, con control de la justicia. La ley explícitamente prohibe a cualquier organismo oficial obtener datos de personas por la sola “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. Por otra parte, es toda una declaración de principios el hecho de sacar a gendarmería de su función original y destinarla a la represión de la movilización social.
En todo el país y en amplios sectores brota la indignación por la escalada represiva por parte del kirchnerismo. El doble discurso tambalea y ya no se sostiene. Es un hito la marcha de millares de personas convocada por la CTA de Micheli en contra de la Ley Antiterrorista y de la criminalización de la protesta social. Los actos de repudio por la represión en Tinogasta el 10 de febrero se multiplicaron en todo el país.
El proyecto kirchnerista necesita profundizar la dependencia, el saqueo de los recursos naturales y el ajuste a los sectores populares. La suba de tarifas y precios junto al techo impuesto en las paritarias son el corralito que su política requiere. A pocos días del 24 de marzo, cuando las fuerzas democráticas recordaremos a nuestros caídos y volveremos a denunciar los crímenes de la sangrienta dictadura que se instaló con el golpe de 1976; estaremos exigiendo también por los derechos humanos y libertades democráticas violados hoy y levantando sus banderas de liberación nacional.
Claudio Puntel para Río Bravo