Si bien no se tuvo acceso a la nota firmada por el Intendente Erro, de acuerdo a lo trascendido, la nota refiere a un incorrecto uso de las instalaciones y destaca que desde el 2008 no se acuerda un alquiler por el establecimiento, razón por la cual sostiene la intimación y fija un valor de renta mensual del orden de los 35 mil pesos.
Cabe destacar que el traslado de las aulas operando en ese edificio, más allá de la premura exigida, implica una compleja operación que, según estiman algunos, sería imposible en estos momentos, lo que pondría al gobierno provincial en la obligación de aceptar el alquiler estipulado por la Municipalidad.
Más allá del derecho que asiste a la Comuna y de la obligación constitucional de proveerle educación a la población, esta sería una mera contienda de la interna mantenida entre Erro y el gobierno provincial y sus pretensiones de instalar su gente en la Dirección de Escuelas.
En este sentido, la perspicacia de algunos consultados los habría llevado a inferir que el interés del Ejecutivo es obtener rédito líquido de cualquier forma para poder afrontar sus compromisos financieros.
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