Distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales se reunieron para luchar por la inmediata derogación de la ley provincial 10.092, que dispone la entrega de las tierras fiscales y los puertos del Estado provincial a una Sociedad Anónima por el término de 99 años. Según se indicó a Recintonet, decidieron “organizarse para elaborar un plan de acción y convocar a toda la sociedad a involucrarse y sumarse a esta legítima demanda, que tiene como objetivo garantizar la defensa de los intereses de todos los entrerrianos y la lucha por proteger el ambiente y la vida”. De este manera, volverán a reunirse este jueves 2 de febrero, a las 18 horas, en el local de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, sito en Tucumán 278.
La convocatoria surgió del Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Los asistentes coincidieron “en señalar las múltiples aristas negativas que definen a esta norma como altamente perjudicial para los intereses de la sociedad entrerriana y que encierra una amenaza preocupante para el ambiente”, explicaron en un comunicado enviado a Recintonet.
Así, “fue unánime la opinión de procurar dar una amplia información pública sobre el significado del texto legal, ya que promueve un mayor proceso de concentración y extranjerización de las tierras, pero a la vez abre peligrosamente el camino para una mega depredación de los humedales del Delta, y donde los beneficiados serán unos pocos privilegiados a costa del patrimonio y los bienes comunes de todos los entrerrianos”.
Además de los convocantes, estuvieron presente integrantes de AGMER Paraná, la organización M’Biguá, el Foro Ecologista, la Junta Americana de los Pueblos Libres, Proyecto Tierra, Ecoclubes, Fundación Salud, Asociación Amigos del Parque Berduc, Añangarecó, Federación Agraria Argentina, Central de Trabajadores Argentinos, Juventud Movimiento Proyecto Sur, Partido Socialista Frente Amplio Progresista, GEN, Jóvenes de la Coalición Cívica, Partido del Trabajo y el Pueblo (PCR), Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, etc.
Entre las críticas a la ley, plantearon “la sospechosa premura en aprobar la ley en el recinto (sin un estudio y ni siquiera el conocimiento previo de su texto) con la sola excusa de haberla reclamado el Gobernador como una herramienta necesaria para su gestión de gobierno, cuando lo que está en juego”.
Además, “llama la atención que no bastando con esta generosa oferta, el estado se haría cargo de gastos necesarios para la ejecución del proyecto de transformación de las tierras fiscales. Para ello se lo autoriza a endeudarse por la suma de $ 50.000.000, con garantía de los fondos de la coparticipación federal”, adviertieron..
“Se deroga una Ley de arrendamiento de Islas Fiscales que permitía arrendar las islas, por tres años, para ganadería apicultura y turismo, y prohibía la explotación agrícola intensiva con uso de agroquímicos y plaguicidas. De esta manera un área de 200.000 hectáreas de tierras fiscales es ahora zona liberada para la práctica agrícola más agresiva y contaminante”, agregaron luego, así como la “derogación de la ley derogada (Ley 9603) preveía que los recursos obtenidos en virtud de los contratos de arrendamiento integrarían un Fondo de Colonización y Desarrollo, plausible propósito que fuera borrado de un plumazo por la cuestionada ley”.
Párrafo seguido, cuestionaron: “Esta norma otorga inexplicablemente dos cheques en blanco: uno a las empresas de los agrobusiness y otro al Poder Ejecutivo, quién podrá establecer las condiciones de las contrataciones a discreción. Debe entenderse que las tierras fiscales no son de propiedad privada de ninguna gestión de gobierno. Pertenecen al pueblo de la provincia y los legisladores no han recibido ninguna autorización en blanco de sus electores como para disponer sin debate y sobre tablas la entrega del patrimonio de todos los entrerrianos”.
Finalmente, los convocantes reclamaron por “la plena aplicación del artículo 86 de la Constitución de Entre Ríos, que declara que el Estado provincial `promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra a su residentes. La legislatura desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas…´”.
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