Gualeguay: De la civilización a la barbarie
Hoy, todo Gualeguay llora la muerte injusta de Jesús Fernández, así como lloró la de tantos otros a lo largo de las últimas tres décadas. Hoy, los gualeyos buscan culpables, al igual que lo hicieron luego de aquellas muertes. Pero, al igual que entonces, el pueblo volverá a olvidar, hasta la próxima desgracia injusta. Si bien la barbarie moderna puede resultarnos escalofriante, lo cierto es que este nivel de brutalidad no es tan nuevo. No somos Rosario, pero esa ciudad llegó a ser lo que es por este camino. Un camino de políticas públicas de indiferencia y desinterés por la seguridad pública de los ciudadanos. Nada cambiará si seguimos haciendo lo mismo.
Desde aquella noche de 1989 en que el Beto Acosta terminó muerto en pleno centro por no convidar un cigarrillo, pasando por las muertes de Gaby Arellano (2002), Nico Carbone (2004), Federico Zárate (2010) y Leo Pereyra (2014), y, más acá en el tiempo, las de Aaron Del Antonia (2017), Bichi Sifón (2019) y Osuna Vega (2020), las calles de Gualeguay han sido escenario de las múltiples formas de la violencia, con una creciente participación infanto juvenil.
Mirando para atrás en el tiempo podemos apreciar que en cada hecho de sangre, hemos reaccionado, como sociedad, de la misma manera: lamentos al viento, marchas emotivas, y, en algunos casos, hemos apurado la partida de algún funcionario. Del mismo modo, podemos apreciar, también, que nada ha cambiado en términos de políticas de seguridad.
Desde aquella noche en que se esfumó la vida del Beto Acosta a manos de un grupito de energúmenos, pasaron 33 años, 7 intendentes distintos, 24 jefes de policía, y varios jueces y fiscales, pero la actitud política para con el delito fue siempre la misma: indiferencia de unos, y desinterés de otros. Ni la Policía, ni la Intendencia, ni la Justicia se preocuparon jamás, y menos se ocuparon, por controlar la inseguridad que crecía con alevosía a la vista de todos.
Claro está que a ningún jerarca de la Policía provincial le interesó nunca la realidad de algún barrio gualeyo, ni que esos territorios estén liberados bajo el dominio narcodelictivo, ni que sus vecinos estén sometidos por la marginalidad. El tema es que eso tampoco le importó nunca a algún cacique politico al frente de la Municipalidad, ya que siempre esgrimieron la excusa de que era un problema de la Provincia. Y menos le interesó a algún magistrado del olimpo judicial, semidioses de abultados ingresos lejos de las miserias terrenales.
En otras palabras, en estas más de tres décadas, la inseguridad ha crecido de la mano de la droga y de la delincuencia infantil, al amparo de la desidia de las autoridades territoriales, provinciales y nacionales. De ello dan fe una larga lista de víctimas que perdieron la vida a manos de grupos infanto juveniles, sea por un pucho, por un celular, por un gol, por un desacuerdo, o porque sí.
Desde aquel entonces, la realidad exige lo mismo: un Estado presente y activo aplicando políticas de seguridad de acuerdo a las leyes preexistentes. Una vez éstas se vayan aplicando se irá viendo qué hay que corregir, pero no podemos pretender corregir leyes que nunca fueron aplicadas. En otros términos, la situación demanda, por un lado, un intensivo accionar policial, una Justicia a la altura de las circunstancias, y una infraestructura reformativa dimensionada de acuerdo a la demanda, y, por el otro, un Estado municipal con una acción social preventiva, comprometida con el bienestar de los ciudadanos, que llegue al territorio con soluciones sustentables y no con efímeros asistencialismos.
Ni la remoción de los jefes de policía, ni el cercado del parque, ni la pena de cárcel para menores, ni la colocación de miles de cámaras servirá de nada si no prima un cambio de actitud de las autoridades, interesándose y comprometiéndose con la ciudadanía a través de acciones concretas. ¿Para qué más cámaras si no hay quien las mire? ¿Para qué penas de cárcel si no hay cárceles? ¿Para qué cambiar cabezas si las que vengan serán lo mismo? ¿Para qué más recursos si no se aplican donde es necesario?
El pasado primero de enero, Jesús Fernández no fue muerto por la violenta horda de bestias que lo apuñaló 7 veces. No. A Jesús lo mató una historia de desidia pública, de desprecio político por la comunidad gualeya, y de tibio silencio por parte de nosotros, los gobernados.
Hoy hay una marcha pidiendo justicia, pero la justicia no nos traerá de vuelta a Jesús, ni al Beto, ni a Nico, ni a Fede, nia Leo, ni a ninguno de tantos. La justicia no sirve, llega tarde, la sociedad gualeya necesita seguridad, esa que evita que haya víctimas. Eso es lo que deberíamos exigir, de forma urgente, como sociedad.
Norman Robson para Gualeguay21