10 noviembre, 2024 2:10 am
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Inseguridad: Un pequeño ensayo sobre su origen, su actualidad y su futuro

En la actualidad, uno de los aspectos más sensibles de la vida en sociedad, y una de las asignaturas pendientes de la política, es la inseguridad y la creciente presencia de menores como autores o partícipes. Si bien muchos creen que este intríngulis se resuelve con mano dura e imputabilidad a menor edad, lo cierto es que cualquiera de estas salidas sería como tapar la olla sin sacarla del fuego. Ya no se trata de un problema de la Policía y la Justicia, sino de una cuestión transversal a distintos aspectos de la sociedad, razón por la cual cualquier solución solo llegará a partir de un cabal conocimiento del problema y de la aplicación de las necesarias estrategias integrales.

El grado de seguridad de las comunidades depende tanto de su geografía social y económica, como de una activa presencia del Estado a lo largo del tiempo. Hoy, ya no es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública apoyada por la Justicia, sino que es una competencia que alcanza a distintas áreas del Estado. Ahora bien, la inseguridad, cuando se da a manos de niños y adolescentes, es el resultado de una aguda crisis moral, producto de la pérdida de valores, potenciada por la desesperación, producto de una grave situación socioeconómica. Esta combinación se da, generalmente, en los territorios más vulnerables.

Cuando los índices señalan que, en Gualeguay, casi tres de cada cuatro autores de delitos son niños o adolescentes, y que el cien por cien de éstos viene de algún barrio periférico, el problema comienza a visibilizarse. Sin lugar a dudas, es allí donde nace el problema, y es allí donde se desarrolla a una velocidad exponencial. Para exponer y reconocer esta realidad, este trabajo aborda la geografía socioeconómica, agrabada por la ausencia del Estado, y cómo ésta se convierte en el escenario propicio para la inseguridad, para luego desplegar hacia dónde deben apuntar las soluciones.

La geografía socioeconómica

Los niños y adolescentes, de partida, enfrentan una contradictoria realidad: el consumismo los provoca a tener, pero, cuando no pueden, los asalta la impotencia, la cual, sumada al falso derecho a tener que le inculcaron, termina frustrándolos y llenándolos de resentimiento. Cualquier exclusión de este tipo, a cualquier edad, genera violencia, y el manejo de ésta solo lo da la moral. Esta premisa es aplicable tanto al chico que no puede comprarse las zapatillas que tanto desea, como al trabajador que no puede pagar la luz, y al empresario que no puede evitar la quiebra.

Ahora bien, a diferencia de los últimos dos casos, los más chicos son los más vulnerables en este aspecto. Mientras un trabajador o un empresario, ya formados en su adultez, generalmente pueden manejar esto, a todos los niños y adolescentes se les hace muy difícil y, a veces, imposible. Ésta falta de formación moral es más común en los chicos de hogares desintegrados por la ausencia de rectores que les inculquen los valores adecuados, lo cual los convierte en vulnerables, por la falta de una valoración apropiada de la vida, del futuro, del deber, de la autoridad, del trabajo, de la justicia, etcétera.

Este perfil infantojuvenil se da, generalmente, aunque no de forma exclusiva, en los sectores más afectados por la pobreza, como lo son los barrios periféricos de Gualeguay, donde ésta condiciona el desarrollo físico, intelectual, moral y emocional de los niños y adolescentes. Sin lugar a dudas, es la pobreza el factor común en la generación de estos chicos sin formación en valores. Es la pobreza la principal causa de la ausencia parental, del hacinamiento, de la ignorancia, de la incomodidad, y de la resignación propia de no poder acceder a sus más básicos derechos, trastornos que terminan expulsando al chico del hogar e insitándolo a abandonar la escuela.

Esos niños y adolescentes pobres, en su mayoría de la periferia, terminan encontrando contención en esa esquina del barrio donde se juntan muchos otros como ellos. Allí, después de tanta frustración y exclusión, se ven reflejados, comprendidos, aceptados e incluidos. En esas esquinas, ellos encuentran ese bienestar que tanto precisaban, esa salida a todos sus problemas, y esa recompensa que tanto creen merecer.

Allí, en esas esquinas, los chicos son iniciados en la droga y alistados en el delito. Siendo que en cada esquina se juntan, por lo menos, unos 20 chicos, que cada barrio tiene un par de esquinas, y que en Gualeguay hay unos 50 barrios, se trata de más de dos mil niños y adolescentes involucrados en la droga y el delito. Una cantidad que, año a año incorpora nuevas camadas, cada vez más menores, multiplicando las huestes delictivas.

Esta es la geografía social y económica de Gualeguay, la cual se complica por tratarse de un territorio muy extenso, en el cual abunda la exclusión, la degradación y la postergación. Si bien los índices no son preocupantes, sí hay síntomas que lo son y mucho. Dicho de otra forma, no somos una pequeña Rosario, pero lo seremos, y no dentro de mucho, si no corregimos el rumbo hoy.

La ausencia politica

Gualeguay tiene más de 100 kilómetros cuadrados, con unos 45 mil habitantes distribuidos en un extremo desorden. Casi la mitad de sus ciudadanos viven en su casco urbano, de una superficie 20 veces menor que el total de la jurisdicción, mientras que otro tanto lo hace en los barrios periféricos, en una superficie similar. El resto vive en la zona rural de la ciudad. A este escenario de abandono se llega luego de un crecimiento demográfico de un 20 porciento en las últimas dos décadas, sin ningún acompañamiento de políticas públicas sociales o económicas que ordenen o administren la convivencia.

No solo que las sucesivas gestiones concentraron su atención en el casco, sino que desconocieron, absolutamente indiferentes a las necesidades extremas de los vecinos, al resto del territorio. En el marco de esta dejadez, a lo largo de las últimas décadas, los sucesivos gobiernos, sea nacional, provincial o municipal, a través de sus agentes sociales, como Desarrollo Humano o Social, Copnaf, Sepac, Salud, Educación, Empleo, Justicia o Policía, jamás bajaron al territorio para conocer la situación o para generar soluciones de algún tipo.

En lo que va del nuevo milenio, jamás hubo políticas de urbanización, ni de infraestructura, ni de empleo, mucho menos de salud, educación o seguridad, mientras que la acción social siempre estuvo enfocada en la conquista de votos y no en solucionar los agobiantes problemas de las familias.

En ese escenario, niños y jóvenes vulnerables, y sus familias, chocan con las contradicciones del Estado: le promueve los derechos humanos y la importancia de acceder a los mismos, pero no hace nada para ponerlos a su alcance. Es más, les cuenta que lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, pero, cada vez que cierran un kiosco, el consumo obliga a abrir otro al día siguiente, y todo sigue igual. De nada sirve luchar contra la distribución, la oferta, si nadie lucha contra el consumo, la demanda.

La inseguridad

Las estadísticas son coherentes con la realidad planteada. Durante el año 2021, hubo casi 400 hechos entre robos y hurtos, más de uno por día, y, en todo el año, un solo homicidio. Pero el problema radica en que, hoy, 3 de cada 4 autores son menores, y todos, mayores y menores, provienen de tres o cuatro barrios conflictivos, entre los cuales se destacan el Islas Malvinas, el más complicado, seguido por el Molino, el Rocamora, y el Pancho Ramírez.

Vale apuntar que los casos Aguilar, Sifón, Osuna, Fernández, García y Moyano, por mencionar los últimos, desde el 2020, no respondieron a una media criminal, sino que fueron excepciones desafortunadas, pero la participación infantojuvenil en estos significa una señal clara y alarmante de que algo está mal, y que se está gestando y potenciando. 

Del mismo modo, otros casos puntuales también ayudan también a evaluar la situación. Por ejemplo, el caso Sebastián Wagner, un violador serial que sólo estuvo 4 años preso, salió, y terminó violando y asesinando a Micaela Garcia. Otro ejemplo es el de Cristian Ibarra, un preso de la UP7 que, con 45 años, acumula cinco reincidencias. Otro es el caso de Aaron González, un adicto de 21 años que entró 200 veces a Jefatura sin que la Justicia ordene una solución. Y, a éstos, se suman aquellos muchos casos de menores de 12, 13, 14 y 15 años que cayeron en la adicción y el delito, que sus familias buscan en vano soluciones en el Copnaf o en la Sepac, pero siguen en las calles. Las instituciones nunca responden.

El desafío de la comunidad, entonces, es capitalizar esas tragedias desarrollando soluciones concretas y sustentables en el marco de una estrategia efectiva entre todas las agencias involucradas.

La demanda actual

La droga, el delito, y la impotencia policial y judicial, hoy son solo una consecuencia lógica de la situación generada después de tanto tiempo de abandono político. Hoy, para muchos, ya no hay tiempo para tratamientos amigables, sino que cualquier diagnóstico habla de la necesidad de una cirugía mayor y altamente invasiva. Y como nadie quiere asumir el costo político de eso, no se hace ni uno ni lo otro.

Cualquier solución hoy debe venir, urgente, tanto de lo inmediato y coyuntural, a través de la Policía y la Justicia, como de lo sustentable, a través de la educación, de la asistencia social bien concebida, y de la salud mental, entre tantas otras áreas. Si el esfuerzo de lo primero no se consolida con lo segundo, todo cae en saco roto. Debe ser un proyecto o plan estratégico que cuente con todas las agencias del Estado en sintonía, y que éste trascienda cualquier gestión o color político.

Soluciones

De este manera, todo demuestra que el problema se inicia en la franja infantojuvenil de los sectores vulnerables, y allí debe iniciar cualquier proceso de solución. Una vez determinadas las razones por las cuales los niños y adolescentes dejan su hogar hacia la esquina, pierden los valores, adoptan la violencia, abandonan la escuela, se inician en el consumo, y terminan alistándose en el delito, se deben adoptar las medidas necesarias para corregir la situación. Algunos ejemplos:

• Presencia efectiva de la Asistencia Social en los hogares

• Presencia efectiva de la Policía en la vía pública

• Respuesta concreta y efectiva de la Justicia

• Protocolos de detección de casos

• Infraestructura de tratamiento de adicciones

• Adecuación de la Ley de Salud Mental a la problemática

• Soluciones puntuales al hacinamiento

• Soluciones puntuales a la expulsión del hogar

• Soluciones puntuales a la deserción escolar

• Promoción del deporte público a través de los clubes

• Promoción de la cultura pública a través de asociaciones culturales

• Campañas de concientización sobre 

Conclusión

Ante todo, vale señalar que la imputación de delitos a una menor edad solo contribuirá a engrosar las cárceles, mientras que la producción de pequeños delincuentes no disminuirá, y una importante proporción de las sucesivas generaciones quedarán sin futuro. Al mismo tiempo, el ingreso a las drogas y el alistamiento en el delito será cada vez a más temprana edad.

Por lo tanto, la inseguridad tiene solución, pero ésta está en manos de muchos que, para solucionarla, deben estar comprometidos con la sociedad y, como deben hacerlo entre todos, deben estar dispuestos a trabajar arduamente y sin vedetismos, asumiendo altos costos personales y políticos. Lamentablemente, muy pocos están dispuestos a hacerlo.

Norman Robson para Gualeguay21

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