Justicia de Género: Donde siempre el hombre es culpable y la mujer inocente

A partir de las políticas de género, gestadas en el marco de una supuesta promoción de derechos de unos por sobre los de otros, nació en la Argentina la Justicia de Género, por la cual basta y sobra que una mujer señale con su índice a un hombre para que este caiga rápidamente preso, y, prácticamente, condenado. Claro está que, de inmediato, esto pasó a ser aprovechado como método de revancha de cientos de mujeres, políticos, y cualquiera que tuviera alguna vendetta personal contra alguien o su familia. Tan es así que, aunque no lo oficialicen, 8 de cada 10 denuncias en cuestiones de género son falsas.

Pero a la Justicia de Género, al igual que a la Justicia de Políticos, no le interesa la justicia tal cual se concibe en el resto del mundo, y tal cual se concibió siempre. Su misión es derrumbar el patriarcado, y, de paso, castigar al hombre por ser hombre, sin perjuicio de que lo merezca o no. Es su venganza por las muchas injusticias sufridas por mujeres a lo largo de la historia, sin importar que quien sufra esa venganza sea inocente. Ésto queda a la vista de distintas características del proceso particular que sufren los hombres denunciados.

El proceso

Desde el ladrón de gallinas, hasta el político, ninguno va preso cuando lo denuncian, pero, en el caso de cualquier mujer que denuncia a un hombre, se asume que lo denunciado es cierto y que el denunciado es culpable. Tan es así que, aunque no haya peligro de fuga, ni posibilidad alguna de afectar la causa, cualquier juez de garantías ordenará, de inmediato, prisión preventiva.

Esta situación obliga al hombre denunciado en la Justicia de Género, ya de entrada, a contratar un abogado para que, por lo menos, lo saque de la cárcel, y, aunque sea con una tobillera, y mil restricciones, lo manden a la casa. Por el otro lado, se le recomienda a la mujer denunciante la contratación de un abogado que la asista, con la tranquilidad de que no lo pagará ella, sino el hombre denunciado cuando lo condenen. De este modo, la sola denuncia ya dispara la facturación de honorarios.

El armado de la causa

Es en esta instancia de la Justicia de Género que comienza el “armado de la causa” por parte de la fiscalía y la querella, donde los acusadores, según la denuncia, y sin chequeo alguno, traducen el relato de la denunciante en una casi siempre exagerada imputación, donde se describe, técnicamente, el crimen del que se acusa al hombre denunciado. Luego de ésto, en esta justicia, la fiscalía sale a buscar más denunciantes que denuncien al denunciado, a alistar testigos en el entorno de la denunciante, y a convocar a los profesionales para que convaliden la acusación de la denunciante y la culpabilidad del denunciado. Hasta se asegura de que todos los testimonios coincidan cuidadosamente con la acusación.

Cabe señalar que todos éstos peritajes son gratis para la fiscalía, y aprovechados por la querella, ya que todos son pagados por el Estado. Así surgen los dictámenes, como los de los sicólogos, asegurando, “sin lugar a dudas”, que el hombre puede haberlo hecho, y afirmando, con confiable naturalidad, que la mujer, “seguro”, es sincera. Tan es así que algunos de estos peritos ya tienen un modelo en Word al cual solo le cambian los datos del sujeto “estudiado”. “Una mujer en esa situación no miente”, afirman todos a coro, incluso los jueces que luego “dictarán” sentencia.

La defensa

Por la otra parte, en la Justicia de Género, la defensa, sea pública o privada, también tiene la obligación de investigar, y, en el mejor de los casos, si le interesa, junta testimonios de que el acusado es bueno, y contrata, o no, peritos de parte, sicólogos y siquiatras, los cuales no son para nada baratos, y, generalmente, no pueden ser pagados por cualquier ciudadano común. Cabe agregar que si la defensa es pública, comparte patrón con la fiscalía, y sus despachos no están muy lejos uno del otro.

Las pruebas

En la Justicia de Género, lo determinante es la interpretación de las pruebas de forma de que demuestren, sin lugar a dudas, que los hechos fueron como la denunciante dijo, o no. Como, en general, en estos casos las pruebas no son determinantes, la fiscalía, apoyada por la querella, las interpretan de forma de convalidar el relato de la mujer denunciante.

De este modo, el relato de la denunciante, el testimonio de amigas o familiares confirmando ese relato, aunque sin haber sido testigos de los hechos, y los informes de las profesionales afirmando que ese relato podría ser cierto, le basta y sobra al fiscal de la Justicia de Género para pedir la pena máxima que le permita la imputación. Esto es así aunque el hombre denunciado nunca haya sido denunciado, y tenga un expediente limpio, sin siquiera sospechas de algún tipo.

El otro proceso

Mientras todo esto se lleva a cabo, la parte acusadora, mientras la Justicia de Género mira para otro lado, filtra a terceros parte de los contenidos de la denuncia y de las actuaciones, los cuales sirven para nutrir las redes sociales, y alentar la condena social. De no ser esto suficiente, grupos feministas ilegítimos, pero avalados por la Justicia de Género, salen a la calle a pegar carteles con la foto del acusado y un cartel de pegador, violador o abusador.

Plan B

En este contexto, luego de meses, la fiscalía de la Justicia de Género decide elevar la causa a juicio con las pocas o muchas pruebas que se hayan recolectado. Es en ese momento en que la parte acusatoria, en un intento de que todo esto no resulte tan alevoso, propone un juicio abreviado. Los denunciados que eligen esta opción, aceptan su culpabilidad, y no tienen posibilidad de apelación alguna, quedando como culpables para siempre. Pero aquellos confiados en su inocencia, generalmente, rechazan esta opción, y prefieren demostrar su inocencia en un juicio.

El juicio

Claro está que los juicios de la Justicia de Género son tan justos como lo fue el resto del proceso. En este caso, las audiencias no son tan importantes, ya que solo gravitan las presentaciones de la fiscalía y de la querella, mientras que las de la defensa solo algunas son tenidas en cuenta para desacreditarlas de alguna forma, mientras a las demás ni se las considera.

En la Justicia de Género, al final del juicio, el presidente del Tribunal se toma unos días para redactar una sentencia muchas veces muy similar, en argumentos, a la elevación a juicio, le agregándole algunas apreciaciones técnicas y algún precedente que sirva para valudarla, mientras que la pena es siempre acorde a lo solicitado por el fiscal.

Apelar a casación

A partir de este momento, el hombre denunciado ya es hombre condenado, pero aún con posibilidades de apelar el fallo en algún Tribunal de Casación, donde la Justicia es justa, se olvida de las cuestiones de género, revisa las pruebas y la sentencia, y hace justicia. Tan es así que abundan las resoluciones de distintos tribunales, y del propio Superior Tribunal, llamándole la atención a la Cámara local sobre sus fallos y ordenando “atenerse a derecho”. 

Agora bien, más allá de ésto, la Justicia de Género, en honor al feminismo y en nombre de alguna injusticia del pasado, así viene consumando sus venganzas, y la de algunos terceros, destruyendo la vida de inocentes. Así se puede comprobar en docenas de expedientes, cada uno con un hombre denunciado que, por inocente, resultó víctima de esta injusticia.

Por último, merecen un párrafo especial los artífices de la Justicia de Género, esos funcionarios judiciales de muy altos ingresos, que, sin vergüenza alguna, ni piedad, ni escrúpulos, someten a alguien que bien saben inocente, y conscientes de que su pasado es intachable, a un proceso injusto e inconstitucional que sabe que le arruinará la vida para siempre. Cuánto desprecio por el prójimo.

Norman Robson para Gualeguay21