10 febrero, 2025 2:09 pm
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La conducta de la corporación judicial entrerriana al desnudo

Justicia marioneta

Semanas atrás, una ONG pidió el juicio político a una vocal del Superior Tribunal de Justicia por sus sentencias en causas del ex gobernador Urribarri, aportando sendas pruebas de que lo benefició arbitrariamente. A partir de esa denuncia, la corporación judicial local, y su similar nacional, salieron a proteger a la magistrada sosteniendo que los magistrados, sean del fuero que sean, no pueden ser cuestionados por sus decisiones, sino que hay que protegerlos para que puedan hacer lo que quieran. Entienden que merecen una licencia de libre corrupción, algo absolutamente impropio de una república constitucional. Así piensan, y así proceden.

El lunes de la semana pasada se conoció el pedido de juicio político por mal desempeño a la doctora Gisela Schumacher, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por parte de la ONG “Entre Ríos sin Corrupción”. Esta denuncia se basa en el desempeño de la magistrada en la megacausa por corrupción de la que fue objeto el exgobernador Sergio Urribarri, y sostiene que “luego de haber estudiado los fallos de la vocal y los recursos interpuestos, hemos concluido que dicha magistrada se apartó del Derecho para favorecer a condenados por corrupción”. A la denuncia, adjuntaron siete documentos que probarían su caso.

De ese modo, esa asociación civil depositó su confianza en la legislatura entrerriana, con la esperanza de que “los señores legisladores asuman el delicado rol de sancionar estas acciones por el bien de todos los entrerrianos que somos víctimas de la corrupción”. Pero la ONG no contó con la corporación judicial, la cual sabe bien hacer valer su poder a la hora de que sus miembros eludan la ley. Sobran ejemplos de eso (Rossi, Goyeneche, etcétera).

Tal es así que, rápidamente, la corpo judicial provincial, en la figura de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de la provincia de Entre Ríos, cerró filas alrededor de la vocal Schumacher para protegerla. Pero, ante la contundencia de la denuncia, la corpo entrerriana tuvo que recurrir al apoyo de su referente nacional, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este “respaldo” ya en carpeta, salieron a “apretar” a la legislatura provincial para que desestime el pedido.

Cabe destacar que todo político, del color que sea, sea de los nuevos o de los viejos, prefiere cualquier cosa a tener que enfrentar la corporación judicial. Saben que encontrarles un muerto en el placard es cosa de solo buscar un poco.

Pero esa práctica lobista pretendiendo manipular la justicia no es lo más grave de esta situación. Lo casi escalofriante es el argumento al que recurren: “Los jueces y juezas, de cualquier instancia o fuero, no pueden ser perseguidos por el contenido de sus decisiones, ya que debe garantizarse su libertad e independencia para decidir”, sostienen por escrito en sus declaraciones. En otras palabras, y con total desparpajo, sostienen que nadie puede decir ni hacer nada respecto de lo que ellos deciden. Temerario.

Si bien es cierto, e indiscutible, tal como la propia corpo argumenta, que “el Estado de Derecho se fundamenta en el respeto a la división de poderes, la ley como expresión de la voluntad popular, y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente”, de ninguna manera es esencial que los jueces tengan estabilidad en su cargo, ni que estén exentos de controles. De ese modo no se garantiza su cumplimiento de las garantías constitucionales, ni el correcto ejercicio de su rol institucional, sino, por el contrario, se atenta contra las primeras y se pervierte lo segundo

El sistema republicano constitucional argentino norma de forma bien clara como deben proceder todos los magistrados, y establece los controles correspondientes, a la vez que, de ninguna manera, exime a nadie de esas normas.

Ahora bien, indiferente a toda legalidad y justicia, en la 18° sesión ordinaria del 145° período legislativo, se aprobó sobre tablas, sin debate ni fundamentación alguna, el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes y Reglamento rechazando el pedido de juicio político contra Schumacher.

Será justicia, aunque vayan a saber algún entrerriano dónde y cuándo.

Norman Robson para Gualeguay21

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