La Justicia capacita para tratar causas con niños y adolescentes: ¿alcanzará?
En la mañana de hoy jueves, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se inauguró un primer taller dirigido a mejorar el tratamiento de casos que involucran niñas, niños y adolescentes, atendiendo sus problemáticas y asegurando la protección de sus derechos. En estos tiempos en que menores protagonizan constantes desgracias, el abordaje es bienvenido, pero, como la protección de sus derechos, y la atención de sus problemáticas, es eludida por los agentes del Estado, una capacitación podría no ser suficiente.
Se trata de la capacitación “Socialización de las Guías de Buenas Prácticas en procesos de actuación conjunta de órganos judiciales con competencia material en familia, del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y del Ministerio Público de la Defensa”, dirigida a funcionarios y profesionales del Poder Judicial y del COPNAF, que se desarrollará durante todos los meses del año en diferentes ciudades de la provincia.
La misma consta de dos módulos: Uno se titula “Hacia el fortalecimiento de las intervenciones interinstitucionales en la provincia de Entre Ríos”, y, el otro, “Implementación de la guía en clave territorial”, mientras que cierra la jornada una conferencia sobre “Mecanismos institucionales consensuados para la tutela efectiva de derechos”.
Respecto de esta supuesta puesta en valor de los agentes de justicia y protectores de derechos, la titular del Superior Tribunal de Justicia provincial, Susana Medina, sostuvo que “una sociedad que no protege adecuadamente a sus niños, niñas y adolescentes, que desconoce o se desentiende de los problemas que ellas y ellos plantean, hipoteca su futuro”, y aseguró: “desde el Poder Judicial de Entre Ríos no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de ninguna niña, niño y adolescente de esta provincia que ha escrito importantes páginas en la historia de toda nuestra patria”.
Más allá de los rimbombantes títulos y conceptos, sin lugar a dudas, los agentes de protección de derechos y los agentes de justicia vienen fallando en sus actuaciones. Los casos de Lucio y Fernando son casos testigos de esta realidad, a la cual Gualeguay no es en nada ajena. Muy por el contrario, en esta ciudad abundan los casos en que, como dice la Dra. Medina, no se protege adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes, y que, en su lugar, todos se desentienden de los problemas que ellas y ellos plantean.
En Gualeguay, abundan los casos de menores que sufren la indiferencia de los agentes de justicia y de protección de derechos. Hay menores que son víctimas de las adicciones y están librados a su suerte, y hay menores que son rehenes de situaciones familiares insanas, privados de sus derechos más elementales. Hay muchos de unos y otros, sin que a ningún funcionario de la Fiscalía, o del Juzgado de Familia, o del Copnaf, le importe su destino.
Pruebas de esto hay muchas: Desde el crímen de Pereyra, en el 2014, hasta los de Fernández, Moyano y Valbusa, en el 2022, los menores protagonistas eran todos bien conocidos por la Policía, el Copnaf, y la Justicia. Por ende, esos desenlaces no sorprendieron a nadie. Del mismo modo, el patio interno es asiduamente frecuentado por varios menores que son apresados cometiendo delitos y esperan ser devueltos a sus familias, de las cuales huirán de inmediato para volver a delinquir. Hay casos de dos y tres ingresos por fin de semana.
Por otro lado, no son menos los menores atrapados en situaciones que vulneran sus derechos con daños irreparables. Los casos son muchos, aunque menos visibilizados, pues son ocultados de la sociedad en una falsa defensa de sus derechos. El caso Casualde es solo uno de tantos casos en que la desidia judicial atropella sus derechos.
Una capacitación puede sumar a la solución, pero sin un compromiso político real y concreto en la solución de estas problemáticas, no alcanzará a resolver la problemática en cuestión. Gualeguay tiene unos dos mil niños y adolescentes captados por las drogas, y, por ende, alistados en el robo, el narcomenudeo, y la prostitución, a la vez que otros tantos son rehenes silenciosos de situaciones familiares insanas. Mientras el poder político, y el aparato estatal, no se hagan cargo de esto, y tomen medidas a la altura de los casos, el futuro que menciona la Dra. Medina estará hipotecado, sino dilapidado.
Norman Robson para Gualeguay21